En esta última entrega, Cordón completa un listado de palabras y conceptos que fueron tendencia durante el año de la recuperación de la democracia.
Por Germán Ferrari*
LISTAS NEGRAS
El concepto no era nuevo, pero en la Argentina de 1983 se decía y escuchaba cada vez más seguido. Aquellos hombres y mujeres de la cultura que la censura había prohibido durante los años de la última dictadura cívico-militar –y desde un poco antes también– retornaban de a poco, entre la esperanza y el miedo. La prensa escrita se encargaba de recordar a la sociedad que centenares de artistas e intelectuales habían estado exiliados, escondidos, sin posibilidades de trabajar en sus oficios o permanecían desaparecidos. La caída del régimen autoritario no impedía que algunos de sus integrantes continuaran con la maldita costumbre de decir no. Un ejemplo: ATC prohibió cualquier tipo de mención al cantante catalán Joan Manuel Serrat, un emblema del canto rebelde, que estaba próximo a realizar una gira por el país. Pocas semanas antes de recuperar la democracia, salió a la calle Las listas negras, un trabajo del periodista Carlos Barulich, que recopila una serie de entrevistas a personalidades de diferentes orientaciones ideológicas perseguidas en aquellos años. Allí aparecen los dramáticos testimonios de Agustín Alezzo, Luis Brandoni, Andrés Cascioli, Osvaldo Dragún, Francisco Figueroa, Pedro Pablo García Caffi, Horacio Guarany, Víctor Heredia, Hamlet Lima Quintana, Cipe Lincovsky, Eduardo Pavlovsky, Piero y Marilina Ross. El único incluido ajeno al ámbito artístico-cultural es el docente Alfredo Bravo, víctima de la tortura aplicada por el represor Miguel Etchecolatz. Como cierre del libro se reproduce una lista de decenas de prohibidos, según una nómina oficial fechada el 6 de abril de 1981, que fue publicada en dos ediciones consecutivas por la revista Movimiento.
PACTO MILITAR-SINDICAL
El lunes 25 de abril de 1983, antes de partir hacia Europa, Raúl Alfonsín logró un impacto mediático que atravesó su campaña. El todavía precandidato radical recogió y amplificó un sinnúmero de versiones que los medios venían publicando desde el mes anterior sobre un acuerdo entre algunos sectores del Ejército y dirigentes peronistas –en especial, provenientes del sindicalismo– para condicionar al futuro gobierno constitucional, que descontaban iba a ser justicialista. ¿En qué consistía el pacto? El Ejército garantizaba el mandato del futuro gobierno peronista y aceptaba al gremialismo alineado con el PJ –la figura elegida era el hasta entonces resistido Lorenzo Miguel– como un interlocutor que pondría frenos a cualquier giro hacia la izquierda. A cambio, los militares obtenían que no se investigaran los “excesos” de la “guerra sucia” –dos eufemismos para mencionar a los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado– ni sus ilícitos económicos y administrativos. Además, se aseguraba la continuidad de la conducción del Ejército como si no hubiera pasado nada en los últimos siete años. La estrategia fue armada por Ricardo Yofre, un asesor del futuro ministro de Defensa de Alfonsín, Raúl Borrás, que había sido subsecretario general de la Presidencia en la primera etapa de la dictadura, durante la gestión de Jorge Rafael Videla. No todo era humo en la “denuncia” de Alfonsín –a la que se sumó, con moderación, su rival interno Fernando de la Rúa–. Los contactos y conversaciones tenían base real, aunque no solo algunos peronistas hablaban con militares. También lo hacían los radicales y otros sectores políticos.
PESO ARGENTINO
Hijo de la crisis económica derivada del fracaso del neoliberalismo de la dictadura, sólo estuvo en vigencia durante dos años, entre el 1 de junio de 1983 y el 15 de junio de 1985. Nació cuando la dictadura moría y los ceros se acumulaban en forma alocada en los billetes del peso Ley 18.188 –conocido como peso ley–. La inflación se había encargado de hacer estallar la economía. Un peso argentino equivalía a 10 mil pesos ley. En 1985 el gobierno de Alfonsín reemplazó el peso argentino por el austral, que duró hasta 1991 con el invento de la dolarización durante el gobierno de Carlos Menem y la conducción económica de Domingo Cavallo. Todos los billetes del peso argentino llevaban el rostro de José de San Martín, con excepción del de 5 mil (Juan Bautista Alberdi) y el de 10 mil (Manuel Belgrano). Las monedas no tenían mucha gracia. Las de 1, 5, 10 y 50 centavos y la de 1 peso eran de aluminio, tan livianitas que no pesaban ni hacían ruido en los bolsillos.
PITUFOS
Quienes transitaron la niñez a comienzos de los años ochenta del siglo pasado recordarán que esos seres celestes de gorros blancos habían aparecido por primera vez en la tele argentina en el programa “El Club de Anteojito”, que emitía Canal 9, con la conducción de Gachi Ferrari y Berugo Carámbula. Ese mundo feliz en miniatura, poblado de hombrecitos, con la sola presencia femenina de Pitufina y el acecho del brujo Gargamel y su gato, Azrael, se expandió con rapidez a otros ámbitos. El clima electoral de 1983 llevó al dibujante Jorge Mercado a crear “Los radichufos” para la revista Feriado Nacional, luego de la victoria de Alfonsín en las elecciones presidenciales. La tira reemplazó a Luderix, una parodia de la famosa Asterix con el peronista Ítalo Luder como protagonista. “Los radichufos son un pueblo de gentes muy pacíficas. En la existencia de los radichufos no ha habido muchos sobresaltos. Hasta que, un 30 de octubre, la vida de los radichufos se revolucionó. Y entonces muchas cosas cambiaron…”. El año siguiente sería el de la consagración de estos personajes nacidos en Bélgica, con programa propio, merchandising –discos y casetes incluidos–, aparición en la revista Billiken y parodia de Alberto Olmedo en su programa de TV, entre otros productos de la industria cultural vernácula.
PRESOS POLÍTICOS
Pocos días antes de las elecciones del 30 de octubre, la dictadura levantó el arresto a 243 personas que estaban detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pero sólo 180 recuperaron la libertad y 63 continuaron encarceladas bajo orden judicial. Durante todo el año se sucedieron reclamos de los organismos de derechos humanos, expresados en solicitadas en los medios gráficos y manifestaciones. Las denuncias se centraron en las torturas, los traslados imprevistos, los juicios irregulares y las detenciones sin que mediara un proceso judicial. Como forma de adaptarse a los tiempos que se avecinaban, la Corte Suprema de Justicia dictó fallos favorables a los detenidos, con liberaciones que en muchos casos eran vigiladas. Una de las promesas de campaña de Alfonsín fue la liberación de los presos políticos que dependían del PEN. Sin embargo, pasaron varios años para que la Argentina se librara de la vergüenza de contar en sus cárceles con personas detenidas por cuestiones ideológicas. Una política errática en materia de derechos humanos, las presiones militares, el temor a repetir la experiencia de la amnistía de 1973 y el fantasma del “rebrote subversivo” contribuyeron a mantener una situación impropia de una democracia.
PROMEDIOS DEL DESCENSO
Para los jóvenes, era un invento, un mecanismo desconocido; para los más grandes, un sistema raro que había durado poco tiempo, entre 1957 y 1962. La AFA, conducida por Julio Grondona, rescató esa artimaña matemática luego del descenso de San Lorenzo en 1981. Todos sospechaban las intenciones: había que tratar que los clubes “grandes” no volvieran a sufrir. El promedio resultaba de la suma de los puntos obtenidos en los dos últimos torneos Metropolitanos –por entonces jugaban 19 equipos– dividida por dos. El cambio benefició a un “grande”, River, que terminó anteúltimo en la tabla por puntos del Metropolitano ’83, sólo por encima de Racing de Córdoba, pero perjudicó a otro, Racing de Avellaneda, y a Nueva Chicago, que ocuparon los puestos 17 y 15, respectivamente, y cayeron a la Primera División B. El Torneo Nacional, que se disputaba en la primera mitad del año, no contaba para los dramáticos promedios. A cuatro décadas de su nacimiento, el mundo del fútbol arrastra este invento sin que nadie se atreva a simplificar la cuestión y declarar su final.
RECONCILIACIÓN
La Iglesia católica comenzó a usar el término con insistencia, no para hablar del sacramento de la confesión, sino para enlazarlo con la realidad política argentina. En 1982, tras la derrota de Malvinas, y cuando la dictadura empezaba su retirada, el Episcopado difundió el documento “Camino de reconciliación”, en el que abogaba por una “Nación reconciliada” –en todo el texto, la palabra aparece 21 veces–. Los reiterados pedidos de “reconciliación” expresados por las voces más conservadoras de la Iglesia se asociaban a la idea de “dar vuelta la página”, es decir, a impunidad: no había que investigar el terrorismo de Estado. Por eso, el obispo de Viedma, monseñor Miguel Hesayne, una de las pocas voces contrarias a la línea tradicional de la jerarquía eclesiástica, advertía que la “reconciliación” no debía transformarse en “concertación” con los represores o en un “manto de olvido” puesto sobre el pasado reciente. El día previo al 24 de marzo de 1983, séptimo aniversario del golpe de Estado, el general Cristino Nicolaides reconoció que la dictadura estudiaba la elaboración de una “ley de pacificación nacional”, en consonancia con la prédica de la Iglesia. Luego, cuando el régimen divulgó el “Documento final”, quedaron anudados los lazos: “La reconciliación es el comienzo difícil de una era de madurez y de responsabilidad asumidas con realismo por todos. Las cicatrices son memoria dolorosa, pero también cimiento de una democracia fuerte, de un pueblo unido y libre. Un pueblo que aprendió que la subversión y el terrorismo son la muerte inexorable de la libertad”. Meses más tarde, la “reconciliación” entendida como olvido tomaba forma en la Ley 22.924 de “Pacificación Nacional”, más conocida como “Ley de Autoamnistía”.
REORDENAMIENTO SINDICAL
La dictadura había dejado una estructura sindical golpeada, con sindicatos intervenidos por los militares, algunos con comisiones transitorias, otros con mandatos prorrogados y unos pocos normalizados. Ese panorama era seguido por las dos centrales obreras peronistas: la CGT-Azopardo –dialoguista con el régimen– y CGT-RA –combativa a su manera, lejos de la izquierda–. Ambas terminaron el año con tratativas de unificación y sorprendidas por la rapidez con que el gobierno de Alfonsín presentó un proyecto de ley electoral sindical. El 17 de diciembre entró en el Congreso la iniciativa conocida como “reordenamiento sindical” o simplemente “ley Mucci”, por el apellido del ministro de Trabajo de Alfonsín, el impulsor de la medida que contemplaba una serie pasos para la “democratización” de los gremios. Gran parte del sindicalismo peronista sospechó que el fin escondía un intento de desperonización de los sindicatos. Lo que comúnmente se denominaba “burocracia sindical” se opuso con firmeza al proyecto, mientras que su defensa aglutinaba a un heterogéneo grupo ideológico: radicales, peronistas enfrentados con las conducciones ortodoxas, socialistas y sectores de izquierda. Para el líder de la CGT-RA, Saúl Ubaldini, los defensores de la propuesta eran “disfrazados de boina blanca que lo único que tienen es el puño izquierdo en alto”. La norma impulsada por Antonio Mucci establecía la representación de la minoría en la conducción si alcanzaba el 25 por ciento de los votos; el sufragio secreto, directo y obligatorio; la posibilidad de una sola reelección y el control estatal del proceso eleccionario. El peronismo, que reclamaba la derogación de legislación de la dictadura y regresar a la normativa que rigió durante el gobierno constitucional de 1973-1976, consideró que ese sistema no era más que una injerencia del radicalismo en la vida interna de los sindicatos. Finalmente, el proyecto no fue aprobado por el Senado, Mucci renunció al cargo y su reemplazante, Juan Manuel Casella, debió consensuar con el peronismo una nueva norma.
SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO
La descomposición de la dictadura permitió que la prensa escrita comenzara a publicar con cuentagotas varias noticias sobre muertes de conscriptos en situaciones de castigos y abusos de autoridad sucedidas mientras realizaban el servicio militar obligatorio. Esos hechos de violencia ocultados por las Fuerzas Armadas se sumaban a la toma de conciencia pública sobre la participación de colimbas durante la guerra de Malvinas. El debate sobre la obligatoriedad del servicio militar se acrecentó con la decisión del copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Eduardo Pimentel, de anunciar públicamente que no permitiría que Ignacio, uno de sus ocho hijos, hiciera la conscripción. Amparándose en la patria potestad, esgrimió argumentos religiosos y éticos en contra de la instrucción castrense impuesta en el país en 1901. Eduardo Pimentel había enviado tres cartas al dictador Reynaldo Bignone para explicarle la decisión. Luego de un largo debate, la familia Pimentel decidió que Ignacio se presentara con sus padres a la revisación médica previa al ingreso. La situación se transformó en un acto contra la colimba, que incluyó un ayuno de los padres de Ignacio como protesta. Pocas horas después, Ignacio salió de la revisación médica exceptuado “por un problema físico”. En noviembre, Eduardo Pimentel y otros padres fundaron el Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio (FOSMO). Días más tarde, familiares de un centenar de conscriptos desaparecidos durante la dictadura enviaron una carta a Alfonsín para que el gobierno constitucional averiguara los paraderos. Pero hubo que esperar hasta 1994, tras la muerte del conscripto Omar Carrasco –víctima de torturas–, para que la colimba dejara de ser obligatoria.
VERTICALISMO
¿Qué rol debía cumplir la expresidenta María Estela Martínez de Perón dentro del movimiento fundado por su marido? Ser leales a Perón y su legado ¿era aceptar una organización vertical del poder en manos de su viuda? El debate tomó fuerza en 1983 a medida que se debían definir las candidaturas para las elecciones del 30 de octubre. Exiliada en España, investigada por la dictadura, sobre ella pesaba la prohibición de ejercer cargos públicos. Esa proscripción en la carrera electoral era determinante en la interna peronista. Pocos dirigentes pensaban que Isabel Perón querría volver a la política activa y aspirar nuevamente a la Casa Rosada. Por eso, las principales figuras del PJ mantuvieron una relación de atracción-distancia con su figura. A aquellos que confiaban en su capacidad política y en que era la heredera de Perón se los consideraba “verticalistas”: no eran muchos pero se hacían escuchar.
El resto prefería que ocupara un lugar simbólico, con la menor interferencia posible. Así y todo, fueron varios los dirigentes peronistas y no peronistas, con más o menos simpatía por la expresidenta, que peregrinaron hasta Madrid, a su departamento en el edificio de Moreto 3, cercano al Museo del Prado y a metros de la Iglesia de San Jerónimo el Real, para obtener su bendición. Distante, casi sin hacer declaraciones, con amagues de retornar al país –la dictadura la indultó en septiembre–, la viuda de Perón pasó gran parte del año, a pesar de que el PJ la designó en la conducción del partido –el virtual presidente era su vice, el secretario general de la UOM y de las 62 Organizaciones, Lorenzo Miguel–. Tras el triunfo radical en las elecciones, Isabel le envió una felicitación a Alfonsín, que fue retribuida con una invitación al acto de asunción de las autoridades constitucionales. Y, finalmente, Isabel volvió: participó de la ceremonia del 10 de diciembre, se reunió con el nuevo mandatario nacional, con gobernadores peronistas y con otros dirigentes partidarios e hizo declaraciones sobre la situación interna del partido.
Germán Ferrari es profesor de Periodismo Gráfico y Taller de Periodismo Gráfico en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Sus últimos libros son Osvaldo Bayer. El rebelde esperanzado (2018), Pablo Rojas Paz va a la cancha. Las crónicas futbolísticas de «El Negro de la Tribuna» (2020) y Raúl González Tuñón periodista (en prensa).
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