El ajuste de Milei llegó estos días a los distintos ministerios y organismos del Estado Nacional con miles de despidos que motivaron jornadas de lucha, un paro nacional e ingresos masivos y simultáneos a las distintas dependencias estatales, que el Gobierno saturó de fuerzas de seguridad, mientras se anticipa una nueva tanda de recortes para mediados de año. Un representante sindical de ATE analiza los alcances de esta decisión, que no solo pone en jaque la calidad de vida de las y los despedidos, sino también a las prestaciones que ya no se podrán brindar y afectarán la vida cotidiana en general.
Por Hernán Izurieta*
Unos 15.000 trabajadores y trabajadoras estatales de numerosos organismos de la Administración Pública Nacional (APN) fueron despedidos días atrás, al vencerse el 31 de marzo unos 70.000 contratos precarios en todo el Estado Nacional, como parte de la política de vaciamiento y desguace que viene llevando adelante el gobierno ultra neoliberal y neofascista de Javier Milei.
Se trata de un nuevo paso (el primero lo dieron a principios de año con los despidos de miles de compañeros/as ingresados a la APN durante 2023) que se inscribe en el brutal ajuste de la estructura de la APN llevado a cabo por esta gestión, como parte de un proceso de “reformas” salvajes y privatizaciones, en la huella reaccionaria de lo ejecutado por el menemismo en los ‘90.
Ante un ataque de esa naturaleza no hay modalidades contractuales a salvo, ni siquiera la planta permanente. No es casualidad que resurja como propuesta la implementación de iniciativas como el Fondo de Reconversión Laboral, al que en su momento recurrió el menemismo para arrasar con el Estado y dejar en la calle a miles y miles de estatales.
Este desguace virulento del Estado fue preparado por una tremenda campaña de desprestigio y estigmatización de los trabajadores y trabajadoras estatales y de la acción estatal en general. Y junto a esto, se viene llevando adelante una deliberada política de vaciamiento, con la multiplicación de situaciones de parálisis y ausencia total de orientaciones para la implementación de políticas y acciones en numerosos organismos, sin responsabilidades jerárquicas claras ni ningún otro tipo de certeza acerca de los objetivos laborales a concretar durante la nueva gestión.
No es por omisión, azar o simple improvisación: el vaciamiento prepara el terreno para el desguace, y la acción de los medios masivos de comunicación hace el resto para legitimar los despidos masivos.
Por estas razones, defendemos en primer lugar la pertinencia y relevancia de las políticas públicas que se llevan adelante desde el Estado para la concreción de los derechos de nuestro pueblo en materia de trabajo, salud, hábitat y otras dimensiones fundamentales de la vida en sociedad. Y desde esta convicción afirmamos que, cuando se golpea a un puesto de trabajo en el Estado, lo que se persigue, en verdad, es afectar los derechos de los sectores populares para acceder a una vida digna.
Menos derechos y salario, más ganancias para la casta
El contenido antipopular de casi la totalidad de las medidas de gobierno llevadas adelante por Milei, y las transformaciones regresivas contenidas en su anticonstitucional DNU 70/23 y la redenominada “Ley de Bases”, afectan derechos democráticos, laborales, económicos y sociales de nuestro pueblo trabajador, además de rematar y poner en venta todo el patrimonio nacional.
La casta que iba a pagar el ajuste no para de enriquecerse con una fabulosa transferencia de riquezas y somos los trabajadores y trabajadoras los que sufrimos las consecuencias de estas medidas. La devaluación brutal del peso y el alza descontrolada de los precios, son las principales razones que explican la tremenda pulverización del poder adquisitivo de nuestros salarios.
El “déficit cero” que postula el gobierno de Milei sólo puede alcanzarse con el desguace brutal del Estado, miles y miles de despidos, la licuación de las jubilaciones, el aniquilamiento de nuestros salarios y una caída a pique del consumo popular a raíz de la recesión y la inflación.
Justamente, eso es lo que ya está empezando a ocurrir, con consecuencias sociales catastróficas para nuestro pueblo. El momento de defendernos es ahora: no es una opción realista quedarnos expectantes mientras despiden a miles y miles de laburantes, pulverizan los salarios de los trabajadores y empujan a la pobreza extrema y desesperación a millones de personas.
Junto a todo nuestro pueblo, se impone construir desde abajo las condiciones políticas y organizativas para desplegar el protagonismo de todo el movimiento obrero con un nuevo paro general de todas las centrales sindicales, con el objetivo de derrotar en las calles las políticas de ajuste y entrega del Gobierno Nacional.
Por eso, exigimos y decimos:
Reincorporación de todos los compañeros y compañeras despedidos en el Estado Nacional.
No somos la casta, somos trabajadores y trabajadoras.
*Delegado de prensa de la Junta Interna de ATE en la Secretaría de Trabajo. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
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