Algunos estudiantes terminan de trabajar y corren hacia la universidad. Llegan cansados, a veces con la clase empezada. Otros intentan prestar atención al profesor mientras cumplen con sus empleos remotos. Los docentes multiplican sus trabajos para llegar a fin de mes y los investigadores interrumpen sus tesis por falta de recursos. El ajuste presupuestario en las universidades públicas se traduce en escenas cotidianas que ponen en riesgo la continuidad de las trayectorias educativas y laborales.
La partida destinada a Educación y Cultura en el proyecto de Presupuesto 2027 equivale al 0,77% del PBI, uno de los niveles más bajos desde 2005. Se prevén menos fondos para universidades, becas, comedores escolares y Educación Sexual Integral (ESI). En términos reales, la inversión educativa aumenta un 2,4% respecto de 2026, pero acumula una caída de 44,3% frente a 2023. Para las universidades, las partidas previstas son prácticamente iguales a las de 2026 y un 25,4% inferiores a las establecidas por la incumplida Ley de Financiamiento Universitario.
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Julio Magadán, docente de la carrera de Diseño en Comunicación Visual de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), ve cómo el ajuste atraviesa la vida cotidiana de sus colegas: con los salarios depreciados muchos no llegan a fin de mes.
Con veinte años de trayectoria docente, estima que la deserción estudiantil en algunas materias alcanza el 50%. En los relatos de los alumnos reconoce, al menos, dos motivos: hay estudiantes que no pueden afrontar los gastos que implica estudiar y otros que deben trabajar para sostenerse, aunque eso signifique resignar horas de cursada. “Algunos vuelven y otros ya no pueden afrontar los gastos. Los recortes también impactan en los trabajadores más jóvenes, los que tienen menos años de antigüedad. Los sueldos rondan los 240 mil pesos. Vemos que se suman más a las asambleas. El impacto del recorte lo vemos en el día a día, en el aula”, cuenta.
El ajuste también alcanza a las políticas de acompañamiento educativo. Las becas Progresar, destinadas a que los jóvenes terminen la escuela obligatoria, continúen estudios superiores o se formen profesionalmente, tendrán en 2027 una recuperación real del 10,7% respecto de 2026. Sin embargo, los recursos seguirán siendo un 77,2% inferiores a los de 2023, medidos en términos reales.
El deterioro de las condiciones de acceso y permanencia afecta especialmente a quienes son los primeros de sus familias en llegar a la educación superior. En 2022 -el último año con datos disponibles-, casi la mitad de los ingresantes a universidades e institutos universitarios de la Argentina pertenecían a esa primera generación. La proporción ascendía al 68% entre quienes superaron el nivel educativo de sus padres.
Diego Richard nació en Lincoln, provincia de Buenos Aires. Es físico, docente e investigador de la UNLP y el primero de su familia con título universitario. Su padre era comerciante y su madre, docente de escuela secundaria. Para Richard, la crisis no solo golpea los salarios: también expulsa a quienes deberían estar investigando o haciendo un doctorado, pero ya no encuentran condiciones para construir una carrera científica.
“La ciencia necesita tiempo y planificación. Formar investigadores lleva años; construir una línea de investigación, también. Si las condiciones económicas empujan a quienes empiezan a buscar otros trabajos, abandonan la carrera académica o descartan la posibilidad de regresar a la Argentina, las consecuencias no desaparecen cuando mejora un salario o se recompone una partida presupuestaria. Queda un vacío difícil de reparar: el de quienes no pudieron continuar”, dice.
Según Richard, en las asambleas de docentes e investigadores se repiten las historias de quienes acumulan empleos o salen a vender ollas o productos de catálogo para completar sus ingresos. La necesidad de conseguir dinero extra les resta tiempo para enseñar, investigar y formar a las próximas generaciones: “Si esta crisis no se resuelve pronto, seguramente habrá una brecha generacional: ¿quiénes van a investigar?, ¿quiénes van a formar a los próximos científicos?, ¿qué continuidad tendrán los equipos de trabajo?”, plantea. Y agrega: “Hay docentes que tienen dos o tres hijos. Es insostenible con un sueldo que no llega a los dos millones de pesos”.
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Desde 2025, Joaquín Aranda es el presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Al igual que Magadán, observa cómo se vacían las aulas. “Arrancamos el segundo cuatrimestre con muchísimos estudiantes, pero ahora es impactante la cantidad de materias que abandonaron. Es una consecuencia de no tener los recursos necesarios para sostener la vida universitaria”, sostiene.
Aranda también ve cómo los estudiantes trabajan mientras intentan avanzar en sus carreras. En el buffet de la facultad es habitual encontrar jóvenes con la computadora, el celular o una tablet abiertos, conectados a sus empleos remotos. No están haciendo un trabajo práctico: trabajan para pagar los costos de la vida universitaria.
En el turno noche, las clases comienzan a las seis de la tarde, pero algunos estudiantes siguen llegando hasta las siete y media. “Llegan una hora y media tarde, incluso sabiendo que ya perdieron la asistencia, pero vienen igual. Hacen un esfuerzo enorme para salir del trabajo, llegar lo antes posible a la facultad e intentar sostener la cursada. En el turno mañana, en cambio, hay muchos pibes que se quedan dormidos en clase porque vienen de trabajar toda la noche”, cuenta.
La demanda de servicios gratuitos también expone las dificultades que atraviesa la comunidad. En la Facultad de Ciencias Sociales funciona un servicio de atención y orientación psicopedagógica que recibe a cientos de personas cada semana. Según Aranda, cuando hace un mes se abrió la inscripción, la fila llegaba a dos cuadras. La demanda superó la capacidad de atención y no todos consiguieron un turno.
“Hay un estudiante de Psicopedagogía que tiene dislexia y se atiende en ese servicio. Si no existiera esa atención, quizás no podría seguir estudiando. Eso también forma parte de un proceso de movilidad social ascendente. No se trata de que las universidades quieran engrosar sus presupuestos para sostener un supuesto curro. Cualquiera que camine por una facultad todos los días puede ver lo que sucede”, afirma.
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La crisis salarial también transforma el trabajo docente. El tiempo destinado a preparar clases y corregir exámenes se reparte entre distintas ocupaciones. Según datos atribuidos al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y a gremios como CONADU, más de 10.000 docentes renunciaron a sus cargos en universidades nacionales desde diciembre de 2023.
Pablo Di Salvatore, antropólogo, docente universitario y secretario general de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de José C. Paz, conoce de cerca la angustia de sus compañeros. “Desde que asumió este gobierno, perdimos alrededor del 40% del poder adquisitivo. Por eso, la mayoría de los compañeros y compañeras docentes tienen más de uno o dos empleos. Muchos trabajan en distintas universidades y tienen que viajar kilómetros todos los días para llegar a sus puestos. Otros buscan ingresos por fuera del sistema universitario: trabajan en la educación media, manejan autos de aplicación, venden comida, se dedican a la gastronomía o hacen changas para llegar a fin de mes”, cuenta.
El ajuste no se mide solamente en partidas presupuestarias. También se ve en las aulas que se vacían, en quienes llegan cansados después de trabajar, en los docentes que multiplican sus empleos y en los investigadores que no pueden continuar sus proyectos. Detrás de cada recorte hay trayectorias en riesgo y oportunidades que se pierden. La pregunta es cuánto de este presente condicionará el futuro de toda una generación.
*Candelaria Schamun nació en 1981 en La Plata. Es periodista de policiales y escritora. Trabajó como cronista en las redacciones de los diarios Crítica de la Argentina y Clarín, y fue productora del canal de noticias C5N. Actualmente colabora con medios nacionales e internacionales en temas relacionados en Derechos Humanos, diversidad y equidad.
En 2012 publicó su primer libro, Cordero de Dios (Editorial Marea), una crónica en tono walshiano, donde revela la trama oscura del femicidio de Candela Rodríguez que convulsionó a la Argentina. Valiéndose de las herramientas del periodismo policial, Schamun decidió desentrañar un mundo de secretos familiares y así echar luz sobre su propia historia e identidad. En 2023 publicó Ese que fui, expediente de una rebelión corporal (Editorial Sudamericana, Penguin Random House), un texto donde la autora asume el desafío de denunciar los mecanismos crueles de la medicina y las mutilaciones genitales de personas intersex, las cuales sufrió en su propio cuerpo. Durante 2024, el libro fue publicado en España y México por la editorial Manos de Pan.
Por su compromiso incansable con la igualdad y la diversidad, fue distinguida por Amnistía Internacional en el marco de “Voces que transforman. Orgullo Vivo 2024”.
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