Organismos de Derechos Humanos convocan a marchar el 24 de marzo con fotos de desaparecidos para confrontar el negacionismo y denunciar que quienes conocen el destino de las víctimas siguen callando. La reciente identificación de restos en La Perla reaviva el reclamo.
Por Luciana Bertoia*
“Que digan dónde están, que digan dónde están”, reclamaban las Madres de Plaza de Mayo en plena dictadura. “Que digan dónde están” sigue siendo el reclamo de los organismos de Derechos Humanos cuando está por cumplirse medio siglo desde el último golpe de Estado. La consigna encierra la tragedia en la que la última dictadura sumergió a la sociedad argentina: la existencia de miles de desaparecidos, a quienes sus familias y amigos no pudieron duelar.
Una de las preocupaciones que desde hace años atraviesa al movimiento de Derechos Humanos es cómo transmitir lo sucedido a las nuevas generaciones. Jóvenes que crecieron en tiempos de híper información y que no pueden siquiera imaginar qué significaba reclamar por un ser querido en medio de la censura y el estado de sitio.
A la complejidad del tiempo transcurrido se suma otra coyuntural: el 10 de diciembre de 2023 asumió un gobierno que niega a los desaparecidos o los responsabiliza por su destino. Es una administración que confronta con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo –ejemplo en el mundo de resistencia y tenacidad– mientras empatiza con los perpetradores, a quienes presenta como víctimas de un proceso de justicia amañado.
Como parte de los preparativos para los 50 años surgió un grupo llamado Federalizar la Memoria. Allí se planteó que al negacionismo oficial había que responderle con las figuras de los desaparecidos. Inicialmente se pensó en trabajar con las siluetas que ponen en evidencia las ausencias.
La idea se fue puliendo y derivó en una convocatoria para la marcha del 24 de marzo. Los organismos llaman a movilizarse el próximo martes con la foto de un desaparecido o desaparecida con la leyenda “que digan dónde están”.
Las interpretaciones sobre la movida son múltiples: desde una manera de hacer presentes a los desaparecidos en la marcha hasta una réplica al Gobierno Nacional, que usa la idea de la “memoria completa” como un latiguillo. Es una forma de señalar que si la memoria está incompleta es porque quienes saben qué pasó con los desaparecidos callan.
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La vida de Graciela Lois cambió para siempre el 7 de noviembre de 1976, cuando una patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) secuestró a su marido, Ricardo Lois, con quien tenía una hija recién nacida. Como parte de la búsqueda, Graciela llegó a las oficinas de la entonces Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), donde se reunía un grupo de familiares. Como llegó, se quedó.
En los primeros tiempos, los familiares albergaban la esperanza de que los desaparecidos iban a volver. “No imaginábamos qué era ser un desaparecido. Pensábamos que en algún momento los iban a legalizar. Tuvimos que ir aprendiendo todo sobre la marcha: desde qué puertas golpear, cómo tomar denuncias y cómo pensar las formas más creativas de denunciar”, dice.
Para Graciela, lo fundamental tiene que ver con señalar que el pacto de silencio sigue más vigente que nunca. “Los genocidas se van muriendo. Recibimos muchísimas de estas noticias en las semanas previas al 24 de marzo. Frente a esto pienso que desde el Gobierno nos critican los 30.000, nos critican todo, pero se están muriendo los que ellos defienden y son quienes pueden dar una respuesta”, señala.
El 7 de noviembre de 1976, Ricardo Lois fue secuestrado por patota de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Y agrega: “Nosotros fuimos quienes hicimos las investigaciones para saber qué pasaba con nuestros seres queridos, en qué centros clandestinos habían estado. También nos opusimos cuando quisieron demoler la ESMA –y con ella la evidencia de sus crímenes– para crear un parque de la reconciliación. Los que hoy gobiernan, que son tan detractores de lo que hemos hecho los organismos de Derechos Humanos, bien podrían pedirles que digan la verdad, aunque sabemos que no lo van a hacer”.
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La conmemoración de los 50 años del golpe se da en un contexto particular: el Juzgado Federal 3 de Córdoba, a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, anunció que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar los restos de doce desaparecidos en el predio del Ejército donde funcionó el campo de concentración conocido como La Perla. Allí hubo entre 2.200 y 2.500 personas secuestradas. La noticia trae respuestas, después de décadas de búsqueda, incertidumbre y dolor, a una docena de familias. También abre una esperanza para otras: la de encontrar unos huesos a los que acariciar y despedir.
La aparición de los restos –dentro de un predio que pertenece al Estado– funciona como un antídoto contra el negacionismo y reaviva la pregunta sobre qué pasa con quienes saben dónde están los desaparecidos y callan. Existe un caso paradigmático de esta crueldad. Jaime Lamont Smart, exministro de Gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires, hizo saber a través de su hijo que recomendó a otros condenados guardar información hasta 2040. Para entonces habrá pocos represores vivos, y pocos familiares que hayan sido contemporáneos a los hechos.
Emilce Moler es sobreviviente del operativo conocido como La Noche de los Lápices. Ella estuvo secuestrada en los campos de concentración que dependían de Smart. Emilce combina la militancia por la memoria con un activismo centrado en la búsqueda de sus compañeros detenidos-desaparecidos. Integra la comisión directiva del EAAF.
“El tiempo no clausura el pasado –dice Emilce–. Los cuerpos que aún no aparecen, los nietos que seguimos buscando, los juicios en curso nos recuerdan que la historia reciente permanece abierta. Cada señalización de un sitio de memoria, cada baldosa, cada mural, cada acto escolar integra esa trama colectiva que supimos construir. Y las nuevas generaciones han sido decisivas: con lenguajes fragmentados, digitales, irreverentes, renovaron sus narrativas y evitaron que el Nunca Más se vaciara de sentido. Se apropiaron del pasado para interpelar el presente”, sostiene.
“Pero hoy, a 50 años, estamos en un punto crítico de nuestros valores democráticos, y eso nos obliga a preguntarnos qué hacemos con esa herencia. La democracia es frágil y no se preserva sola: se defiende ampliando derechos y rechazando los discursos de odio, la relativización del terror y las políticas que naturalizan la exclusión. Por eso marchamos. Por eso enseñamos. Porque aprendimos que el silencio habilita el horror y que solo una ciudadanía activa puede impedir nuevos retrocesos”, concluye.
El movimiento de Derechos Humanos está interpelado a 50 años del golpe de Estado. Mantener su vigencia implica practicar la empatía, volver a contar y conmover a quienes no vivieron esa historia, y recordarles que seguimos caminando con las mismas ausencias a cuestas. Por eso, este 24 de marzo las calles volverán a gritar: “Que digan dónde están”.
*Luciana Bertoia estudió periodismo en TEA y Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Trabajó en redacciones como el Buenos Aires Herald y El Cohete a la Luna, donde se ha dedicado a los temas judiciales y derechos humanos, especialmente, a aquellos vinculados a la memoria. Actualmente, trabaja en Página/12, es columnista en Desiguales por la TV Pública, y es docente en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
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