El reclamo por una Justicia con verdadera perspectiva de género va más allá de que los femicidas vayan presos: se trata de una demanda para que abarque toda la actuación del sistema judicial. Los feminismos avanzaron en los últimos años, también, en nutrir esa perspectiva de una mirada interseccional. Tres historias que exponen la urgencia del debate.
Por Jésica Rivero
Foto: Leandro Teysseire
En 2020, los transfeminismos lograron que el aborto legal sea ley. La decisión política de un gobierno incipiente se sumó a los años de campañas, presentaciones de proyectos legislativos y vigilias para que elegir sea un derecho. Aquel 30 de diciembre, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 27.610, que establece el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Esa batalla ganada, lejos de apaciguar las aguas del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, impulsó otro reclamo que ya estaba presente desde muchos años atrás. La necesidad de una reforma judicial feminista se impuso en la agenda pública y es uno de los debates que se impulsan desde el primer Ni Una Menos, pero tomó fuerza luego de la conquista del aborto legal.
Lo que pasa con cada nueva denuncia, con cada nueva violencia expuesta, moviliza. Las historias detrás de los datos son capas que van construyendo colectivamente el pedido para que haya un cambio en la administración de Justicia. ¿Es posible hablar de reforma judicial transfeminista sin hablar de quienes padecen la Justicia machista? ¿Cómo pensar la necesidad de un cambio real, concreto y urgente para garantizar el acceso a un sistema judicial que escuche y actúe y deje de estar lejos de proteger a quienes lo demandan y cerca de los violentos?
Yamila Corin es coordinadora de la Agrupación Mundanas, militante feminista y mamá protectora. Para ella, “es fundamental pensar el valor simbólico del rol de los feminismos”. “Pusimos los ojos de la agenda pública sobre la necesidad de una reforma en la Justicia”, marca.
Corin es una referente de la lucha contra los abusos sexuales en las infancias y adolescencias y le dice a Cordón que la reforma es un pedido que “no se reduce al Poder Judicial, porque los otros poderes también tienen influencia en su funcionamiento, por ejemplo, con la designación de jueces, o la promulgación de leyes”. “El carácter de élite que reviste al Poder Judicial se tiene que acabar y creo que tenemos, además, que preguntarnos cómo vamos a hacer para observar y controlar que la Justicia garantice el acceso y la buena actuación de jueces, fiscales y funcionarios judiciales”, agrega.
Foto: Instagram Agrupación Mundanas
Desde Mundanas, trabajan centralmente en el acompañamiento a las familias y también en la capacitación. Por eso, para Yamila, es clave “que la Ley Micaela cobre un rol efectivo, no solamente simbólico, porque esta perspectiva de género también implica que las mujeres y LGBTIQ+ accedan a patrocinios jurídicos y a peritajes de parte gratuitos”. “Todo lo que implica sobrellevar una causa genera un gasto que, si no es posible afrontarlo, te deja imposibilitada de poder reclamar la acción de la Justicia”, subraya.
Habla desde la experiencia: hace diez años que denunció el abuso sexual hacia su hija Luna por parte de su progenitor. Ella tenía entonces nueve años. Desde hace una década, la causa está en la etapa de investigación. “Sólo el uno por ciento de los denunciados por abuso llegan a la condena. Esto funciona como adoctrinamiento además porque, con ese panorama, ¿cómo te animas a denunciar?”, razona.
“Mamá, vení a buscarme ya en un remis”
M. tiene 29 años. Es la mamá de un niño de cuatro que, desde el 12 de septiembre del año pasado, está separado de ella por decisión de su padre. M. relata con mucha claridad todo su recorrido: durante su relación de seis años con D., la violencia siempre estuvo presente, pero los últimos años se incrementó. “Yo le tenía terror”, le cuenta a Cordón.
Aunque el Juzgado N° 5 de La Matanza no determinó impedimento de contacto del niño con su madre, ni tampoco le otorgó la tenencia a su padre, a M. le arrebataron a su hijo y en más de un año sólo pudo verlo una vez, en las oficinas de la Asesoría de Menores. Durante semanas, estuvo incomunicada y sin recibir ninguna información sobre su estado. Cuenta también que las escasas llamadas telefónicas que mantienen están atravesadas por interrupciones del progenitor, que se burla de ella e incita al niño a que la insulte. A escondidas, el chico le manda mensajes contando los golpes que su papá le da a su abuela. También, llora y le pide que lo vaya a buscar.
El juzgado en cuestión solicitó la restitución de su hijo en dos oportunidades, pero él no las cumplió. “Nadie hizo efectiva la orden. La Justicia tiene todo tipo de información de mí, conté muchas veces la violencia de la que fui víctima, pero no importa lo que yo digo. Importa lo que él dice porque, pese a que no hay ningún informe en contra mío, nadie lo obliga a hacer nada”, explica. Como suele suceder en casos de varones violentos, él la denunció a ella y a los dos días secuestró al niño. Ella quedó en el lugar de quien debe dar respuestas.
La última orden de restitución fue en agosto pasado. La Justicia le dio 48 horas para llevar al niño con su madre y estableció una multa de mil pesos por cada día de demora. Él apeló la orden y la jueza Maité Herran elevó la causa a la Cámara de Apelaciones. En ese ámbito, el 29 de este mes, tendrán una audiencia decisiva para determinar la restitución. “Al final, él sí accede a la Justicia y yo sigo esperando”, lamenta.
Rosa Merlo es abogada y militante feminista. También es asesora de distintos sindicatos y forma parte del Colegio de Abogados de La Matanza. Asegura que la historia de M. no es la única del Distrito porque “abundan casos de niñes separadxs de sus mamás cuando ellas deciden poner fin a la violencia”. “El niño tiene riesgo de vida, se trata de un secuestro parental. Lo expresamos en la causa, pero se trata de un juzgado que tiene antecedentes de actuar así, descreyendo de la palabra de las mujeres y sus hijes”, amplía.
Para la abogada, este caso, además, demuestra el “uso macabro del falso SAP”. El Síndrome de Alienación Parental (SAP) es una “falacia carente de rigor científico a la que se recurre para limitar, obturar o deslegitimar el avance en la protección de derechos de niños y niñas víctimas” dice un comunicado emitido por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. En él, se expresa que quienes invocan el SAP, especialmente en ámbitos judiciales, son varones adultos acusados de violencias graves. Este argumento fue inventado por el médico psiquiatra Richard Gardner, defensor confeso de la pedofilia, y desestimado por muchísimas organizaciones de psiquiatras y psicólogxs en todo el mundo. No forma parte de los manuales de psiquiatría y la Organización Mundial de la Salud declaró que no posee ninguna base científica. “Pero acá se sigue usando”, dice Merlo.
La historia de M. y su hijo comenzó mucho antes. Hace dos años, ella decidió separarse pero no se fue de la casa. “Me amenazaba con sacarme al nene si yo me iba”, cuenta. Durante meses, la violencia física y psicológica fue empeorando y también la madre de él era objeto de esos abusos. Cuando su ex pareja la ahorcó e intentó prenderla fuego, M. decidió irse con un llamado al 911. Un patrullero la fue a buscar y se fue a la casa de su madre. El hostigamiento no cesó. El progenitor de su hijo más chico, que es bombero del destacamento de Tapiales, intensificó la violencia, también dirigida al resto de la familia. “Volví a convivir con él. No nos dejaba en paz. Amenazaba a mi familia, se paraba en la puerta a gritar. Ese retorno fue un infierno”, repasa.
Pocos meses antes del inicio de la pandemia, decidió que era momento de irse definitivamente. “Yo también trabajaba en los Bomberos Voluntarios. Estaba a dos meses de recibirme, pero renuncié. Nuestro jefe es muy amigo de él y un día me dijo: ‘Él es tu marido, tenés que hacer lo que te dice’. Me di cuenta de que eran iguales, ahí no podía seguir tampoco”, recuerda.
La historia de M. es una suma de situaciones agobiantes. Le llevó un año hacer efectiva la separación y varios meses después de eso pudo encontrar las palabras y las herramientas para hacer una denuncia, que logró verbalizar recién en mayo de 2020, en plena pandemia y con las medidas más restrictivas de aislamiento. Lo hizo a través de la linea 144, pero aunque dice que siguió las instrucciones para canalizar el pedido en la página del Ministerio de Seguridad bonaerense, nunca le llegó la notificación de la Justicia. Esa denuncia no prosperó.
“Llamé muchas veces para asesorarme. Hoy, me doy cuenta de los recursos y herramientas que tengo. El 144 me ayudó a conocer mis posibilidades y también pienso en cómo me podría haber manejado antes”, analiza. A ella también la ayudaron otras mujeres: el equipo interdisciplinario del jardín de su hijo la acompañó cuando pudo contar lo que le pasaba y luego de ser separada de él, ellas le recomendaron que hablara con Rosa Merlo, su actual abogada.
Denunció el abuso sexual de su hijo, pero la única presa es ella
Nancy Montiel estaba en su casa del Barrio Raffo, en General Rodríguez, cuando recibió la visita de un patrullero. Era el 23 de septiembre de 2020. Dos oficiales de la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) le dijeron que había novedades en la denuncia que ella había realizado contra dos varones por el abuso sexual de su hijo adolescente. Nancy se puso contenta. Se fue de su casa con el chico, hoy de 17 años, y a sus otrxs hijxs les contó que parecía que “habían detenido a uno de los abusadores”.
Cuando llegó a la Comisaría 1a de General Rodríguez, la encerraron en un cuarto junto a su hijo y le anunciaron que estaba acusada de homicidio. Está detenida desde hace más de un año, acusada de matar a José Palavecino, uno de los hombres denunciados por el abuso. El otro acusado, Claudio Montiel, fue liberado en abril de este año porque su defensa alegó que, como consecuencia de un trastorno psiquiátrico que padece, no era consciente al momento cometer el delito. La familia de Nancy vive a 15 cuadras de él.
Las pruebas físicas que sostienen la detención de ella son tres palas. Durante cinco meses, estuvo detenida e incomunicada en la Comisaría de la Mujer 1a de Ituzaingó. Aunque está previsto en el Código de Procedimiento Penal que, por un período de 48 horas, renovable por otros dos días, se puede incomunicar a un detenido que presente riesgo de eludir la Justicia, una incomunicación durante tanto tiempo está por fuera de la ley.
A un año de su detención, familiares y amigues buscan visibilizar su situación. Desde la Campaña Libertad para Nancy, cuentan que la defensa fue muy complicada porque ella tuvo mucho miedo y pasaron varios meses hasta que pudo poner en palabras todo lo que le sucedió desde que se la llevaron engañada de su casa. En el camino, quedaron muchas irregularidades sin registrar: el modo en que la llevaron detenida, los cinco meses que estuvo incomunicada en una comisaría y la negación, en dos oportunidades, del pedido de prisión domiciliaria.
Mayra Gómez es una de sus hijas. Vive en la casa de su mamá junto a sus tres hijes, la pareja de Nancy y los cinco hijes menores de ella, incluida una adolescente de 16 años con retraso madurativo. Por su situación, requiere cuidados como si tuviera mucha menos edad: usa pañales y necesita que la alimenten. Los primeros meses separada de su mamá, la niña adelgazó y lloraba todo el día. Recién hace pocos meses pudo ver a Nancy, en una visita al penal. “Fue complicada porque no tenemos todas las comodidades para viajar hasta allá con ella. Somos, básicamente, una familia humilde”, explica. Pese a que la defensa de Montiel, a cargo del abogado Ariel Rodríguez Petersen, presentó informes médicos en la causa contando los problemas de salud de la niña, la prisión domiciliaria le fue denegada en dos oportunidades.
Su familia reclama que ni siquiera tuvieron en cuenta la Ley 24.660, que otorga ese derecho a quienes tienen hijes menores a cargo y, más aún, si padecen problemas de salud. Nancy Montiel es mamá y también una referente barrial. Durante la pandemia, organizó ollas populares y un merendero, al que llamaban “El Fatiga”. Ahí solía ir José Palavecino, quien vivía en situación de calle y era ayudado por ella. Hoy, espera el juicio oral en el penal de Los Hornos, donde está terminando el secundario y también toma cursos de oficios. Su causa está caratulada como “Homicidio calificado por ensañamiento, alevosía e insidia”. El Código Penal prevé penas de prisión perpetua para ese delito.
Un abuso relatado doce veces: para la Justicia, no es suficiente
La niña está cerca de cumplir sus ocho años. Tenía dos y medio cuando le dijo a su mamá, Cristina, las “cosas” que su papá le hacía. Cuando quiso cambiarle la ropa, ella notó que tenía lastimaduras en sus genitales. Inmediatamente, la llevó al hospital de San Fernando. La médica que las atendió hizo una denuncia penal porque en el examen detectó una sospecha de abuso y les indicó que se quedaran internadas. Al otro día, “comenzó toda la maratón”, cuenta Cristina. Durante dos días, fue junto a la niña a distintas oficinas a ratificar la denuncia. En menos de 48 horas, otro médico, en este caso un legista pedido por la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Tigre, volvió a examinarla. El informe de ambos profesionales es coincidente: la niña presentaba rastros físicos que evidenciaban un abuso sexual.
“Ella pudo verbalizar a los dos años y medio el abuso”, explica su mamá a Cordón. En esas primeras conversaciones, la niña decía que su papá la había “lastimado en la cola”. Durante los primeros años, la Justicia intentó revincularlos en dos oportunidades, pero luego de la insistencia de Cristina, una defensora de familia hizo un informe que frenó ese intento y desestimó la posibilidad. “Eso fue un alivio”, dice.
Mamá protectora y psicóloga especializada en violencias de género y Abuso Sexual en la Infancia (ASI), Cristina enumera uno por uno todos los ámbitos en los que su hija relató lo sucedido. Servicios locales de Niñez de San Fernando, Tigre y San Isidro, también el Centro de Atención a la Víctima de Tigre y la Fiscalía General de San Isidro a cargo de John Broyad. Este año, también se sumó el Departamento Judicial de San Martín. En cada ámbito, se buscaba comprobar veracidad y coherencia en el relato. Ninguna de esas instancias determinó que la niña estaba apta para Cámara Gesell.
Después de contar once veces lo que le había pasado, recién en mayo de este año, la niña fue entrevistada con ese método. El informe de la perito de parte sostiene la veracidad de su relato y establece que es coherente con todo lo que ya contó todas las otras veces, pero la perito oficial que puso la fiscalía no expidió el informe y le pidió a la Procuración General de la provincia de Buenos Aires que haga otro peritaje. “En definitiva, no le creen”, resume Cristina.
En el transcurso de estos años, pudo entrevistarse con Julio Conte Grand, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. “Él me explicó que sólo había una perito especializada en abuso y que estaba de licencia indeterminada. Una locura”, cuestiona.
Cristina.
El último peritaje “cayó en manos de una defensora del falso SAP”, dice Cristina y explica que esta profesional “era conocida por otras mamás protectoras que la tuvieron actuando en sus causas”. Ante la falta de una perita especializada dispuesta por la Procuración, este procedimiento quedó bajo la aplicación del Departamento Judicial de San Martín. El temor de la familia es que este último peritaje, de ser desfavorable, influya en el informe de la Cámara Gesell y que, en definitiva, esto impacte de dos maneras: en que no avance la elevación a juicio oral o que, en caso de llegar a esa instancia, utilicen esos elementos en contra de lo denunciado por la niña y sobresean al acusado de abuso sexual agravado.
El riesgo es grande: después de contar escenas concretas de abuso sexual en doce ámbitos distintos, una niña podría ser forzada a revincularse con la persona a quien señaló por ello. “La causa está llena de pruebas en relación a lo padecido por mi nena. Hay tres psicólogas tratantes que manifestaron indicios de abuso, informes del hospital, informes forenses, pruebas físicas y testimoniales de los abusos y las escenas terroríficas que ella relató en las entrevistas y en los tratamientos. Esa es nuestra situación, pero seguimos dando explicaciones”, agrega la mamá de la nena, quien, este año, le pidió suspender la terapia. Dice estar “cansada de todo esto”.
Durante todos estos años, la joven psicóloga conoció a distintas militantes feministas de su zona que pasan por situaciones similares. Se agrupó con muchas de ellas y comenzó a participar en Defensorías de Género, donde le ofrecieron atender a Nancy Montiel.
“Lo de ella es un típico caso de disciplinamiento a las mujeres. Es la paradoja psicotizante del sistema judicial: te ofrecen como único camino viable el denunciar pero, después que denunciás, podés terminar presa”, advierte. Como ella, tantas otras más, seguirán reclamando por un sistema judicial acorde a sus demandas. Saben que ahora, que están juntas, sí las ven.
Jésica Rivero es periodista feminista y estudiante avanzada de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Integra la Red Par (Periodistas de Argentina por una comunicación no sexista) y trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, donde desde hace 15 años hace trabajo territorial en articulación entre distintas temáticas: comunicación comunitaria, salud mental y géneros. Fue parte del equipo de asesoras de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y colabora en medios como Cosecha Roja, Tiempo Argentino y LatFem.
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