Represión y muerte provocada por la Policía Bonaerense y el ministro de Inseguridad, que aún está en el cargo, en La Plata -distrito gobernado por el PRO-. Antecedentes de violencia y críticas internas.
Por Pablo Lapuente*
Foto: Agencia AG La Plata
Era cuestión de tiempo. La Policía Bonaerense, que carga con un extenso prontuario de gatillo fácil y graves sospechas de corrupción a lo largo de su historia, desató este jueves un desquiciado operativo de represión y violencia contra un grupo de hinchas de Gimnasia que pretendían entrar a un estadio aparentemente colapsado por la sobreventa de entradas y la incapacidad de las autoridades de organizar un evento deportivo de magnitud. Como consecuencia de esto murió un hombre de 57 años. Muchas otras familias, también periodistas que cubrían la jornada, fueron heridas por las balas de goma y los gases lacrimógenos que los efectivos lanzaron con zaña y determinación, atentos a que el ministro responsable Sergio Berni, por decisión o incapacidad, decretó el autogobierno de la fuerza de inseguridad más grande del país.
“No soy responsable de lo que pasó”. “Los efectivos no estuvieron a la altura de la circunstancias”. “Una muerte que se podría haber evitado”. Esas fueron algunas de las frases que lanzó el funcionario de la provincia de Buenos Aires cuando todavía el espeso humo permanecía en el recinto del Bosque. Así, se desligó por completo de las responsabilidades de la Policía, de la cual es jefe político. Pero no fue la única vez.
En septiembre del 2020, efectivos de esta fuerza organizaron una rebelión política explícita y desaforada, que incluyó dos hechos de una gravedad institucional: sitiaron la Quinta Presidencial y la Gobernación, dos edificios en los que el presidente Alberto Fernández, y el gobernador Axel Kicillof, respectivamente, viven con sus familias. Todo eso en el marco de otras sublevaciones que también montaron en Puente 12, en La Matanza, donde se originó el epicentro de la protesta ilegal.
Ese mismo año, tan sólo unos meses antes, desapareció Facundo Astudillo Castro en el acceso a la localidad de Mayor Buratovich, luego de haber sido detenido por la Policía con la excusa de violar la cuarentena que regía en ese momento por la pandemia.
Hace tan sólo cuatro meses atrás, en junio de este año, esa misma Policía fue la que disparó contra docentes y estudiantes que se movilizaron en Lomas de Zamora para reclamar mayor seguridad al ministro Berni. En esa lamentable jornada hubo heridos de impactos de bala de goma en la cabeza y el rostro, y detenciones arbitrarias a maestros y una estudiante embarazada.
Los casos son numerosos y ameritan de manera urgente desplazar a los responsables no sólo policiales, sino también políticos. El principal es Berni, quien este viernes aclaró que su renuncia está todos los días a disposición. Lo que no se entiende es por qué Kicillof aún mantiene en el cargo al responsable directo del descontrol policial en la cancha de Gimnasia, que no sirvió ni por cerca para mantener el orden y cuidar la seguridad de los miles de asistentes.
Antes del tibio comunicado del Ministerio de Comunicación Pública, que no utilizó la palabra represión, lo antecedieron numerosos repudios, incluso de distintos sectores del oficialismo. Desde la presidenta de la Cámara de Diputados, la massista Cecilia Moreau, hasta la diputada nacional, la albertista Victoria Tolosa Paz. Los cuestionamientos, incluso, provenían de mucho más atrás.
En diálogo reciente con Cordón, un legislador de La Cámpora y una legisladora de Patria Grande, ambos integrantes del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja provincial, apuntaron contra la política de seguridad.
“Tenemos un punto de conflicto muy grande con la política que sale del Ministerio de Seguridad”, indicó Lucía Klug. “Berni tiene la misma línea que Patricia Bullrich o Cristian Ritondo. No sólo que no tiene una política social, sino que canaliza la seguridad de la manera más violenta posible. Han reprimido a muchos compañeros, y yo misma fui detenida por la Policía de Berni unos días antes de asumir como diputada. Hay sobrados hechos que hablan de una muy mala gestión en seguridad, que se suman a un sentido común de derecha en el que Berni no sólo criminaliza la protesta social, sino que lanza un montón de cuestiones para la tribuna que no abonan a nada productivo”, apuntó la diputada que responde al dirigente Juan Grabois.
A su modo, Matías Molle criticó que este gobierno no continuó con la limpieza de la Policía, acción necesaria para enmarcarla en un proceso democrático. “Nuestra fuerza política allá por 2010 inició un proceso de discutir la seguridad desde una perspectiva democrática, con todas las dificultades que eso tuvo, porque son instituciones que tienen más de 100 años, que son verticales y corporativas. Ese proceso no lo seguimos avanzando y lo dejamos a mitad de camino”, sostuvo.
Así y todo, el gobernador no encontró razones aún para desplazar al ministro que no funciona, más que sólo para ser el garante de una policía que se autogobierna con leyes que están por fuera del contrato electoral que firmó Kicillof durante la campaña del 2019.
Pablo Lapuente es redactor acreditado en la Legislatura de la provincia Buenos Aires. Licenciado en Periodismo (UNLZ), productor en radio y televisión. Trabajó en medios de comunicación bonaerenses y nacionales.
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