A 50 años del golpe de Estado, la Casa Rosada volvió a instalar el discurso de la “memoria completa”, pero la estrategia no logró impacto ni en redes ni en la calle. Mientras tanto, los juicios por crímenes de lesa humanidad siguen en marcha y funcionan como un límite a la reescritura del pasado.
Por Luciana Bertoia*
Foto: Indymedia
Al cumplirse los 50 años del último golpe de Estado, el Gobierno buscó instalar un discurso típico de los años ‘90: la reconciliación, la vuelta de página y el mirar al futuro. Ese intento no tuvo demasiado éxito, ni siquiera en las aguas en las que mejor nada el oficialismo: las redes sociales. En el mundo real, el proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la última dictadura se mantiene a pesar de las maniobras clausuristas.
Como viene haciéndolo desde 2024, el último 24 de marzo, la administración de Javier Milei intervino en la discusión a través de la difusión de un video. Esta vez fue notablemente más largo que los anteriores y estuvo centrado en la idea de que serviría para presentar a “las víctimas que se quisieron esconder”.
Los únicos dos protagonistas de la filmación -realizada en la Casa Rosada por Santiago Oría, el cineasta de Milei-, son Miriam -nacida en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), adonde fue trasladada su mamá, María del Carmen “Pichona” Moyano, para parir, y apropiada por un integrante del área de inteligencia de la policía de Mendoza- y Arturo Larrabure -hijo de Argentino del Valle Larrabure, un coronel que fue secuestrado y asesinado después de que el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) asaltara la fábrica militar de Villa María-.
Miriam fue convocada por Nicolás Márquez, biógrafo del Presidente y uno de los soldados de la “memoria completa”, para participar del video. Larrabure, por el contrario, no necesitó convocatoria: es funcionario del Ministerio de Defensa, donde asesora sobre temas de derechos humanos. En 2007, Larrabure (hijo) pidió que la Justicia considerara un crimen de lesa humanidad la muerte de su padre y, de esa forma, que se juzgara a los militantes de los años ‘70. Su petición era una reacción frente a la reapertura del proceso por los crímenes de la dictadura, que recién empezaba a ponerse en marcha.
Miriam, en su mensaje final, pidió entender que el “pasado ya está” y que hay que “mirar para adelante”. Larrabure, por su lado, sostuvo: “Creo que es el momento de arriar tantas banderas de lucha y convocar a la unión y a la reconciliación de los argentinos”.
En los indultos que Carlos Menem firmó entre 1989 y 1990, se decía que la “idea fuerza” de ese tiempo era la reconciliación. En la interpretación del menemismo, había que dejar atrás los “hechos luctuosos” para concentrarse en el futuro y reconstruir la unión solidaria.
La reconciliación es una categoría importada desde la religión. Como explica Juan Eduardo Bonnin en su artículo que integra el libro Democracia, hora cero -compilado por Claudia Feld y Marina Franco-, la reconciliación se convirtió en el leitmotiv del Episcopado desde la publicación en 1981 del documento Iglesia y comunidad nacional. Allí se afirmaba que la reconciliación implicaba componentes como verdad, justicia, amor y perdón. Sin embargo, estas palabras funcionaron como un significante vacío que permitió que cada cual lo completara como quisiera, al decir de Bonnin.
En la práctica, el menemismo mostró que su apelación a la reconciliación –pronunciada por un ex preso político como era el entonces mandatario– significó impunidad. En enero de 1998, Carlos Menem firmó un decreto para demoler la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y crear allí un parque para la “unión nacional”. La demolición podría haber implicado el borramiento de la evidencia material de los crímenes, pero fue frenada por un amparo que presentaron ante la justicia Graciela Lois –esposa de un desaparecido que estuvo cautivo en ese centro clandestino– y Laura Bonaparte –integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e integrante de una familia diezmada por el terrorismo de Estado–.
Marcha 24 de marzo de 2026. Foto: Ayelén Césare para CELS
Batalla cultural perdida
La apelación a la reconciliación o el discurso de memoria completa que este año impulsó Milei no tuvo demasiado eco en las redes sociales, espacio privilegiado por el oficialismo para librar la batalla cultural. Según un relevamiento de la consultora Ad Hoc, hubo 58.000 menciones dentro del encuadre de “memoria completa” que propone el Gobierno, lo que representó una caída del 70 por ciento con respecto al año anterior, cuando las menciones totalizaban 193.000.
El Gobierno perdió esa batalla en las calles y en el territorio digital. El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, frenó, además, los cambios que se proponían en el guión del Museo de la ESMA y desplazó al subsecretario de Derechos Humanos, Joaquín Mogaburu, quien durante su paso por el Ministerio de Defensa solía participar en cursos de “verdad completa” junto con Larrabure y Silvia Ibarzábal. Ante una consulta de Página/12 sobre los contenidos de ese seminario, Mogaburu destacó que eran intervenciones que dejaban un mensaje de “concordia política y perdón”.
En terreno judicial, el Gobierno -atravesado por sus luchas intestinas- no encuentra empatía con su llamado a la reconciliación. “El Gobierno de Javier Milei tiene un propósito marcado de reinterpretación del pasado y de reescritura de las luchas y los logros del campo popular. En ese sentido, los juicios -que muestran no solo los crímenes de la dictadura, sino también las motivaciones del genocidio y las responsabilidades de sus perpetradores-, aun en el presente crítico que atraviesan, constituyen un freno a ese propósito”, sostiene Guadalupe Godoy, abogada querellante y referente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH).
“Son un freno, sobre todo porque en ellos emergen tanto las responsabilidades empresariales como la visibilización de las características del primer ciclo neoliberal en la Argentina, impuesto por la dictadura, con tantos paralelismos posibles con este presente de espanto”, añade.
A pesar del desmantelamiento de la política que apuntalaba los procesos, los juicios se mantienen en marcha. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), a la fecha hay 1.231 condenados. Se iniciaron nuevos procesos en lo que va del año y hubo medidas que sorprendieron, como la decisión del juez Daniel Rafecas de allanar la casa en la que vivió Carlos Guillermo Suárez Mason en busca de los archivos de la represión. Lejos de estar finalizado, el proceso de justicia no pudo frenarse y sigue produciendo resultados.
*Luciana Bertoia es periodista y docente universitaria. Estudió Periodismo en TEA,
Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y realizó la Maestría en
Derechos Humanos y Democratización en la Universidad Nacional de San Martín
(UNSAM), con beca de dedicación exclusiva. Actualmente es doctoranda en Ciencias
Sociales en la UBA. Se desempeña como periodista en Página/12, especializada en
temas judiciales y de derechos humanos, y fue subeditora de Política en el Buenos
Aires Herald. Desde hace nueve años dicta clases en la carrera de Justicia y Derechos
Humanos de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Asimismo, se ha desempeñado
y colaborado en diversos medios de comunicación, entre ellos la TV Pública, Radio
Provincia de Buenos Aires, Somos Radio, El Cohete a la Luna, El Destape, Anfibia,
Crisis, Caras y Caretas, The International Justice Tribune (La Haya) y The Guardian.
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