La política bonaerense es una muestra de que, a pesar de las conquistas recientes de los movimientos feministas, como la Ley de Paridad de Género y la legalización del aborto, la representatividad está lejos de ser equitativa en espacios como la Legislatura y las 135 intendencias, de las cuales sólo seis son conducidas por mujeres. El cupo laboral travesti-trans, otra deuda pendiente.
Las mujeres, a fuerza de ganar la calle, primero, y ámbitos de relevancia en los resortes del Estado, después, obtuvieron, a lo largo de los años, múltiples conquistas políticas, sociales, económicas y culturales. La Ley de Paridad de Género, sancionada a fines de 2016 en la provincia de Buenos Aires y, un año después, en el Congreso nacional; la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada en el último diciembre, y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019, tanto en Provincia como en Nación, son sólo algunos ejemplos dentro del triunfo de la marea verde en Argentina. Conquistas que no hicieron más que poner en agenda esas otras luchas subterráneas, aunque no menos importantes, como el acceso al poder real y, en definitiva, de la rosca política.
Al menos así lo manifestaron a Cordón distintas diputadas y senadoras bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición, en el marco del 8 de Marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que en nuestro país copó nuevamente las calles pese a las restricciones impuestas por la pandemia, como así también a buena parte de los medios de comunicación y la agenda pública.
A pesar de esas conquistas, un repaso por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, esa histórica institución que sirve a modo de cartografía sobre cómo se distribuye la política y el poder en los 135 distritos bonaerenses, y más precisamente en el Conurbano, muestran el persistente predominio de los hombres en la punta de la pirámide y el trabajo que aún queda por hacer.
En números
De los 24 distritos del Conurbano – Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, La Matanza, Morón, Tres de Febrero, San Martín, Vicente López, San Isidro, Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Moreno, Merlo, Malvinas Argentinas, Hurlingham, Ituzaingó, Tigre, San Fernando, José C. Paz y San Miguel – sólo dos están gobernados por mujeres: en Quilmes, Mayra Mendoza, del Frente de Todos, logró imponerse a Martiniano Molina, de Juntos por el Cambio, en 2019; y ese mismo año, Mariel Fernández, dirigente del Movimiento Evita, sucedió a Walter Festa, también del peronismo, en Moreno. Junto a otras cuatro jefas comunales de otros puntos de la Provincia completan la nómina. Se trata de Blanca Cantero, de Presidente Perón; Marisa Fassi, de Cañuelas; María Celia Giannini, de Carlos Tejedor; y Érica Revilla, de General Arenales. A sólo seis de los 135 municipios bonaerenses, que componen a la provincia más grande del país, lo conducen mujeres.
Pero eso no es todo. Quienes siguen la política bonaerense con una mirada de equidad observan también que de las once autoridades que hay en la Cámara baja, sólo una es mujer. Están el presidente, cuatro vicepresidentes, cuatro secretarios, un prosecretario y sólo una prosecretaria, Fernanda Antonijevic, de Juntos por el Cambio. En tanto que en el Senado, que está presidido por la vicegobernadora Verónica Magario, hay un jefe de Gabinete, cuatro vicepresidentes, dos secretarios y dos prosecretarios, todos hombres.
También, las presidencias de todos los bloques están a cargo de hombres en ambos casos, con excepción del monobloque Partido Fe, que preside la sindicalista Natalia Sánchez Jaúregui, quien ingresó después de haber ocupado el segundo lugar en la lista de Juntos por el Cambio en 2019.
En diálogo con este medio, la diputada oficialista María Laura Ramírez repasó algunas conquistas, valoró el rol que tuvo Evita para ampliar la representación política y destacó tanto la ley de cupo femenino en 1991 como la reforma electoral de 2017 pero, aún así, aseguró: “La Ley de Paridad avanzó en este sentido, pero necesitamos lograr un acceso más equitativo a los espacios de toma de decisiones”.
En una reciente entrevista a un medio nacional, la senadora del peronismo Agustina Propato también se manifestó en la misma línea. Pidió paridad en los cargos de autoridades legislativas y presentó un proyecto en la Cámara alta que pretende revertir la brecha. “Creo que también debe haber paridad en los cargos de responsabilidad, tanto en las presidencias como en las vicepresidencias, que conocemos como trascendentales para la política”, dijo.
Hoy, existe una paridad del 50 por ciento en la administración pública en general, especialmente, en las posiciones iniciales no jerárquicas, pero ese reparto equitativo disminuye a medida en que se asciende en la carrera profesional, ejecutiva y de mayores responsabilidades, de acuerdo a un informe de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, a cargo de la socióloga e investigadora del Conicet Ana Castellani.
Otras legisladoras consultadas por Cordón, incluso, pusieron una lupa sobre la lucha simbólica que se dan en estos ámbitos ocupados en su mayoría por hombres. Un ejemplo de ello son las imágenes y cuadros dispuestos alrededor de la Cámara de Diputados. Es que, recién en septiembre pasado, ingresó un proyecto que acompañaron todos los espacios políticos para entronizar la imagen de Evita, la primera mujer en ocupar una de las paredes de esta institución, que ahora está junto a otros 15 patriotas varones, como Juan Manuel de Rosas, San Martín y Manuel Dorrego.
Ahora que sí lxs ven
La inclusión, las políticas equitativas y los derechos de las minorías, sin dudas, también son un tema que ocupa la agenda de género de este año y que se espera que ingrese con mayor fuerza al debate público en un año electoral.
La ley de cupo laboral travesti-trans vino a revertir las estadísticas que indican que el 91 por ciento de la población que integran las disidencias no tiene un trabajo registrado; que el 82 por ciento atribuye las dificultades para acceder a un empleo formal a la discriminación por identidad y/o expresión de género; y que el 64 por ciento no tiene cobertura de salud. Además, el 45 por ciento ejerce o ejerció en algún momento el trabajo sexual o estuvo en situación de prostitución. Todo ello hace que la expectativa de vida de una persona trans o travesti sea de 36 años. Los datos se desprenden de un proyecto de ley presentado, en 2018, por la diputada nacional oficialista Gabriela Estévez.
Pese a que la normativa está vigente en la Provincia –fue sancionada en 2015 pero la exgobernadora María Eugenia Vidal la reglamentó a cinco días de dejar el poder, en diciembre de 2019- pocas administraciones la aplican. En junio de 2020, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, y su par de Trabajo Mara, Ruiz Malec, crearon la Comisión Técnica Mixta para su efectiva aplicación en la administración pública. Pero queda un camino largo por delante.
La directora provincial de Políticas de Diversidad Sexual Daniela Castro, la primera funcionaria trans en la historia de la provincia de Buenos Aires, aseguró: “Estamos trabajando fuerte para la construcción de esa patria que queremos e, indiscutiblemente, esa Provincia que deseamos, que es en donde tengamos lugar todas, todes y todos, de todas las formas que necesitamos. Por la inclusión real en el trabajo, en la salud, en la educación, en la vivienda, en cada una de esas cosas que dignifican ante la vida y los derechos humanos, es para lo que trabajamos firmemente”.
Pablo Lapuente es redactor acreditado en la Legislatura de la provincia Buenos Aires. Licenciado en Periodismo (UNLZ), productor en radio y televisión. Trabajó en medios de comunicación bonaerenses y nacionales.
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