Hace un año, cientos de miles de estudiantes, docentes, trabajadores nodocentes, investigadores, madres, padres y futuros estudiantes se preparaban para la primera Marcha Universitaria que se realizó a lo largo y a lo ancho del país. “Marchamos para no dejar de funcionar”, era una de las frases más repetidas en redes sociales, carteles, estados de Whatsapp y tuits en la antesala de ese 23 de abril que marcó el primer reclamo masivo y transversal contra el gobierno de Javier Milei. Y si bien, como argumentan desde las filas libertarias, las universidades nacionales de todo el país no cerraron ni dejaron de funcionar, su situación sigue siendo crítica. Incluso, más que hace un año atrás: este año, el ciclo lectivo inició con un paro nacional de 48 horas para advertir sobre la grave situación que atraviesan.
“No solo nada ha cambiado en este nuevo año. La situación es más compleja que la del año anterior”, señaló el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el 93° Plenario de Rectoras y Rectores que se llevó a cabo los primeros días de abril en la Universidad Nacional de San Luis. Las máximas autoridades universitarias de todo el país se reunieron para poner de manifiesto cómo se encuentran hoy las casas de altos estudios y trazar los pasos a seguir en el camino de lucha.
Como sucedió en 2024, este año no hay presupuesto aprobado para las universidades. “A la pérdida acumulada a lo largo del 2024, se suma que lo transferido en los primeros tres meses del año es menor en términos nominales que lo recibido en cada uno de los últimos meses del año pasado”, agrega el comunicado del CIN.
Los salarios, por debajo de la línea de la pobreza
En estos más de 12 meses, “el desfasaje producido entre el proceso inflacionario y los aumentos otorgados desde fines de 2023 a marzo de 2025 es de más del 80 por ciento”. Según un informe del Laboratorio de Políticas Educativas (LPE) de la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR), “los ingresos docentes durante los primeros quince meses de Javier Milei en el poder cayeron a niveles históricos por dos razones: porque la educación pública constituye uno de los pilares del ajuste fiscal, y porque los salarios no lograron indexar por inflación ante la desactivación de jure y de facto de las instituciones laborales de la negociación colectiva por parte del gobierno”.
Durante el primer año de esta gestión, la Secretaría de Educación de la Nación (ex Ministerio) no convocó a paritarias docentes universitarias hasta septiembre y octubre, en medio de la tensión por la Ley de Financiamiento Universitario, que buscaba incrementar el presupuesto universitario para gastos de funcionamiento, investigación y extensión. Finalmente -para sorpresa de nadie- fue vetada por el Poder Ejecutivo luego de ser aprobada por el Senado.
Para ese mes, el “Salario Docente Universitario (SDU) había perdido el 36,4% de su valor en términos reales comparado con noviembre de 2023”. Desde entonces, continúa el informe, el SDU volvió a caer, acumulando las mayores pérdidas de los últimos 25 años, incluso superiores a la de la crisis de 2001-2002. Es una crisis lenta pero con un alto costo: sin capacidad de maniobra por el recorte de fondos por todos los frentes, las universidades ven cómo se resienten sus planteles docentes, que en muchos casos se mantienen sólo a costa de vocación, servicio y compromiso con la educación pública.
Estudiantes y científicos, sin recursos ni actualización
Otro de los sectores fuertemente afectados por la situación presupuestaria actual es el sistema científico. Según el CIN, la crisis afecta al recurso humano pero también a la infraestructura, el equipamiento y las convocatorias. “No hay recursos para producir ciencia y conocimiento aplicado y se discontinúan proyectos y líneas de investigación y desarrollo tecnológico. No hay política científica y los recursos humanos extraordinarios formados por la nación empiezan a perderse”, agregan.
Las becas, que son un bastión fundamental de asistencia para que miles de estudiantes puedan acceder a la educación superior, no se convocan en tiempo y forma, y su valor arrastra el mismo proceso de actualización que se menciona al comienzo de esta nota. Este desguace pone en crisis uno de los principales emblemas de la universidad en Argentina: ser la llave para la movilidad social ascendente.
Y sí, las universidades nacionales siguen funcionando. Aún sin salarios dignos y sin inversión, siguen funcionando. Las y los docentes, nodocentes y estudiantes continúan creyendo, construyendo y defendiendo un sistema de educación de calidad, que es motivo de orgullo para el país y el mundo. Y siguen luchando, para que las condiciones en las que se desarrollan vuelvan a ser dignas.
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