El 10 de enero de 1994, efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús mataron a cuatro hombres. Fue una cacería a plena luz del día con policías de civil y en autos particulares, una práctica aprendida en los años de dictadura en los que la Brigada fue “El Infierno”. El caso, emblema de la violencia institucional en Argentina, sigue impune porque el juicio iba a comenzar en 2020 pero se postergó por la pandemia.
Claudio Díaz manejaba un Dodge 1500 amarillo. Tenía el baúl cargado de libros. Se dedicaba a eso, a vender libros. Era el 10 de enero de 1994 y junto con su compañero de trabajo, Edgardo Cicutín, se encaminaban hacia Berazategui. Un embotellamiento los detuvo a la altura del Parque Domínico. Doblaron junto con otros autos y, casi en simultáneo, Claudio empezó a escuchar una balacera. Aceleró, quería escaparse de una escena que, hasta ese momento, le era totalmente ajena. Los tiros no cesaban. “Gordo, me parece que nos están siguiendo a nosotros”, le dijo a Cicutín. Anduvo hasta que las cubiertas del auto quedaron reventadas por los balazos, frenó y se bajó. Había llegado hasta Mariano Moreno y Bismark.
– ¿Dónde están los fierros?- le preguntaron mientras le apuntaban a la cabeza.
– El único fierro que tengo es una lapicera. Vendo libros- replicó.
– ¡Al piso!- le ordenaron.
Un policía de civil se puso con sus rodillas en la espalda, mientras escuchaba una ráfaga contra el auto, los aullidos de dolor de Cicutín y, después, veía la sangre. Más tarde, Díaz se iba a enterar de que él cargaría con la afortunada desgracia de ser el único sobreviviente de lo que pasaría a conocerse como la “Masacre de Wilde”, cuando los efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús, con asiento en Avellaneda, acribillaron a cuatro hombres que viajaban en dos autos distintos y no se conocían entre ellos.
Más tarde, también, se iba a enterar de que ese embotellamiento del que había intentado huir se había generado por el asesinato de los tres ocupantes de un Peugeot 505, que conducía el remisero Norberto Corbo y ocupaban Claudio Mendoza y Héctor Bielsa. Los tres murieron, también, en manos del personal de la Brigada, que ese día olfateaba sangre y había salido de cacería.
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Pasaron 27 años desde ese día. Cambiaron muchas cosas, pero una no varió: hasta ahora, no se enjuició a los policías que arruinaron las vidas de cuatro familias y cambiaron para siempre la de Claudio Díaz.
“Hace 27 años, al Gordo, mi compañero, lo mataron. A mí también me mataron: me mataron la fe, la confianza, la creencia. Es horrible lo que voy a decir, pero lamentablemente no creo en nada, porque en 27 años nadie hizo nada más que ustedes”, dijo Díaz, con voz entrecortada, el 12 de enero pasado, cuando la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla, señalizó el cruce de Avenida Mitre y Ramón Franco, como se hace con los lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar pero, ahora, se está extendiendo a los sitios donde se cometieron hechos de violencia institucional.
“Una sola vez atestigüé ante la jueza González y nunca nadie más de la Justicia me llamó. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo no estuve, pero yo estuve. Yo sentí los balazos, yo sentí al Gordo llorar, yo vi la sangre y nadie me preguntó, ni me pidió perdón por nada. Por favor, a todos los que hoy nos acompañan, háganme creer otra vez en este país”, reclamó Díaz.
La jueza en lo penal de Lomas de Zamora Silvia González fue quien instruyó la causa durante el primer año, cuando tuvo avances y se detuvo a los once policías. Desde entonces, pasó de sobreseimiento en sobreseimiento en favor de la patota hasta que, en 2013, la Suprema Corte bonaerense ordenó su reapertura al reconocer la obligación del Estado de investigar y sancionar. El Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de Lomas de Zamora tenía previsto hacer una audiencia preliminar el 20 de marzo pasado para avanzar con el juicio, pero todo se postergó por la pandemia. En el acto por los 27 años del caso de gatillo fácil, Pietragalla se comprometió a pedir que este año se inicie el proceso y a que la Secretaría de Derechos Humanos actúe como veedora. “Está todo el Estado apoyando para tener justicia”, dijo. “Si no queremos más casos de violencia institucional, no nos podemos dar lugar a la impunidad. Un caso que quede impune es un posible caso de violencia institucional a futuro”, advirtió.
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Los policías que están acusados y deberán sentarse en el banquillo son ocho: Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Marciano González, Roberto Mantel, Hugo Reyes, Pablo Dudek, Julio Gatto, Marcelo Valenga y Marcos Rodríguez, quien estuvo prófugo casi 20 años y es el único que sigue detenido. Hasta que cayó en Córdoba en 2014, a Rodríguez lo asistieron en la fuga porque también le cargaron la responsabilidad de toda la masacre, que, según las pericias, incluyó 270 balazos. Todos ellos cumplían funciones en la Brigada de Investigaciones de Lanús que, también en 1994, adquirió notoriedad porque su subjefe era Juan José Ribelli, uno de los policías detenidos por el atentado a la AMIA.
La línea de investigación que conducía a los policías bonaerenses y que investigaron el juez Juan José Galeano junto con los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia – todos condenados por desviar la investigación del ataque – se llamaba “Brigadas”. Esa línea de investigación naufragó en 2004, durante el primer juicio AMIA, y quedó al descubierto que la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) le había pagado, con sus fondos reservados, 400.000 dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín por inculpar a los policías.
Pero, además, la Brigada de Investigaciones de Lanús anuda otra historia: la de un centro clandestino de detención brutal conocido como “El Infierno”, que funcionó durante la dictadura y por el que, actualmente, están en juicio cuatro represores ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, entre los que se encuentra el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz. “El Infierno” fue un lugar de alojamiento temporario de detenidos-desaparecidos, donde las torturas se combinaban con las violaciones sistemáticas y el hambre. Uno de los casos que está en juicio actualmente es por una muerte por inanición.
Según surge de los registros de los organismos de Derechos Humanos, al menos cuatro de los acusados por la “Masacre de Wilde” ingresaron a la Bonaerense, o cumplieron funciones en la fuerza durante la dictadura: son Lorenzón, Marciano, Dudek y Mantel. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) había denunciado que Dudek prestó funciones en “El Infierno” entre 1977 y 1978. En el caso de Mantel, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) y la Unión por los Derechos Humanos habían reclamado que se lo imputara por lo sucedido en el Pozo de Quilmes, otro de los centros clandestinos de detención del llamado Circuito Camps. La Justicia no los alcanzó por estos hechos.
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En la Brigada de Investigaciones de Lanús se unen metodologías, prácticas e impunidades de la dictadura y de la democracia, como sostuvo Raquel Gazzanego, la viuda de Cicutín, en el acto de señalización del lugar de la masacre. “Durante muchos años, me pregunté por qué esos efectivos habían salido vestidos de civil y en autos de civil. Me enojó y asqueó muchísimo que el comisario a cargo de la reconstrucción que se hiciera en octubre del ’94 me pidiera disculpas por el lamentable error que cometieran con Edgardo. Con el pasar de los años, supe que era normal que el personal de Brigada no utilizara uniforme, así como que supusieran normal el poder equivocarse”, contó.
Como sucede con los crímenes de la dictadura, la Justicia no sólo pone las cosas en su lugar, sino que repara. Ahora, los familiares de la “Masacre de Wilde” esperan que el próximo aniversario los encuentre con los policías, que 27 años atrás se sintieron tan libres para matar a plena luz del día, sentados en el banquillo o condenados.
Luciana Bertoia estudió periodismo en TEA y Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Trabajó en redacciones como el Buenos Aires Herald y El Cohete a la Luna, donde se ha dedicado a los temas judiciales y derechos humanos, especialmente, a aquellos vinculados a la memoria. Actualmente, trabaja en Página/12 y es docente en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
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