La historia de la primera organización que los defendió públicamente en democracia

La versión oficial dice que FAMUS se conformó en 1983 para honrar a los “muertos por la subversión”; un sobreviviente declaró que la sigla se inventó en un campo de concentración de la dictadura. Su vigencia se mantuvo hasta que Carlos Menem dictó los indultos.

Por Luciana Bertoia*
Foto: Eduardo Longoni

 

El 14 de abril de 1983, la última Junta Militar aprobó un plan para difundir el llamado “Documento Final” de la dictadura –con el que pretendía justificar los crímenes y frenar la búsqueda sobre los detenidos-desaparecidos. Uno de los puntos finales del proyecto de difusión incluía darle “apoyo comunicacional” a las organizaciones que compartían el contenido del documento “Delta”. Para que no quedaran dudas, entre paréntesis, los jerarcas del régimen militar escribieron: “FAMUS”. La sigla correspondía a Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS), una organización cuya vida pública estuvo orientada a disputar con quienes reclamaban juicio y castigo para los responsables de las desapariciones y de los campos de concentración. Antecesora del grupo que comanda la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza (LLA) Victoria Villarruel, la agrupación FAMUS se vuelve un punto ineludible de la historia reciente para pensar cómo se desplegaron las acciones de reivindicación y de búsqueda de impunidad por lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado.

FAMUS estuvo activa aproximadamente entre 1983 y 1991, aunque hay controversia sobre el momento de su creación. La versión oficial indica que en 1983 empezaron a encontrarse familiares de “muertos por la subversión” en misas que se hacían para recordarlos y decidieron reunirse. La estructura estaba conformada mayoritariamente por mujeres. Su primera presidenta compartía el nombre de pila de la entonces presidenta de Madres de Plaza de Mayo: Hebe. Para la época, se enfrentaba como un espejo Hebe Solari de Berdina, madre del subteniente Rodolfo Berdina, que había perdido la vida en el combate de Potrero Negro en Tucumán, con Hebe de Bonafini, que desde 1977 había salido a la calle para buscar a sus dos hijos y a su nuera desaparecidos.

En 2002, la otra presidenta de FAMUS, Leonor Barceló, dijo que los familiares se habían conocido en 1983. El acta de la Junta Militar deja en claro que, para entonces, la agrupación ya existía y gozaba del aprecio de los jerarcas de la dictadura.

El 24 de junio de 1985, Gustavo Contepomi, sobreviviente de La Perla, declaró en el Juicio a las Juntas. Allí contó que la sigla FAMUS había surgido como invención del represor Ernesto “Nabo” Barreiro en ese campo de concentración ante la visita que haría a Córdoba Patricia Derian, la subsecretaria de Derechos Humanos del presidente estadounidense James Carter. Lo que pretendían era una organización que defendiera los derechos humanos de los integrantes de las fuerzas en oposición a las organizaciones de derechos humanos que denunciaban –en el país y en el exterior– sus crímenes. Barreiro tuvo un rol después a la hora de desencadenar la sublevación de Semana Santa y su esposa, Ana Maggi, ha tenido a lo largo de las últimas décadas un rol prominente en las organizaciones pro-impunidad.

La actividad de FAMUS estuvo centrada en hacer misas, a las que concurrían, entre otros, el dictador Reynaldo Bignone, el gobernador de facto bonaerense Ibérico Saint Jean, el genocida Antonio Domingo Bussi, el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz y Raquel Hartridge, esposa de Jorge Rafael Videla. Las celebraciones religiosas concluían con el himno. Había vivas para Videla, Ramón Camps –el jefe de la policía Bonaerense durante los primeros años de la dictadura–, el Operativo Independencia y hasta se entonaban cánticos como “Se va a acabar, se va a acabar la sinagoga radical”.

Rara vez, FAMUS participaba de actividades callejeras: su ámbito de intervención eran las iglesias y los cuarteles, donde participaban de homenajes oficiales. Para 1985, FAMUS empieza a publicar su revista, Tributo, según reconstruyeron los investigadores Sandra Gayol y Gabriel Kessler. Tributo era un boletín sin demasiadas pretensiones y muchas efemérides: por ejemplo, sus editores contaban los atentados producidos por mes.

En general, FAMUS hizo foco en algunos casos en particular: el ataque de Montoneros al Regimiento de Monte en Formosa, la bomba en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) –donde funcionaba un centro clandestino y tenía su sede la inteligencia de la Policía Federal–, el secuestro del coronel Argentino Larrabure en manos del PRT-ERP, la muerte de Berdina y la de Laura Ferrari, ocurrida después de que explotara una bomba a la salida de la Universidad de Belgrano.

FAMUS estaba interesada en disputar con las denuncias de los organismos de derechos humanos y con lo que había surgido en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). El 17 de julio de 1984, un día después de que se emitiera por televisión el informe “Nunca Más”, Solari de Berdina se entrevistó durante 20 minutos con el entonces ministro del Interior, Antonio Tróccoli. “Nosotros le pedimos al doctor Tróccoli que, con las mismas facilidades y medios que le dio a la Comisión de Desaparecidos, se difunda la otra parte, o sea lo que vivió el país bajo el dominio del terrorismo”, se plantó ante los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno.

La experiencia de FAMUS terminó en 1991, después de los indultos de Carlos Menem, cuando ya no quedaban militares en la cárcel. “Después de los indultos y de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que también beneficiaron a los terroristas, consideramos que deberíamos sumarnos a la pacificación nacional y dejarnos de hacer ceremonias públicas”, reconoció Leonor Barceló en una entrevista con La Nación.

La estructura estaba conformada mayoritariamente por mujeres. Su primera presidenta compartía el nombre de pila de la entonces presidenta de Madres de Plaza de Mayo: Hebe. Para la época, se enfrentaba como un espejo Hebe Solari de Berdina, madre del subteniente Rodolfo Berdina, que había perdido la vida en el combate de Potrero Negro en Tucumán, con Hebe de Bonafini, que desde 1977 había salido a la calle para buscar a sus dos hijos y a su nuera desaparecidos.

 

Un espejo en el que mirarse

Villarruel compartió una entrevista que el portal Infobae le hizo a Solari de Berdina en septiembre de 2020. En su red Twitter escribió: “Vos tan Hebe de Bonafini, yo tan Hebe de Berdina”. Para la actual diputada de LLA, FAMUS funciona como una referencia. Así lo dejó entrever en la entrevista que le concedió al sociólogo Cristian Palmisciano para su tesis de maestría. Dijo que conocía la organización, pero que, por razones de edad, nunca había participado de sus actividades. Cuando FAMUS se disolvió, Villarruel tenía 16 años.

 

En esa misma entrevista, Villarruel negó haber pertenecido a otras organizaciones pro-militares. Sin embargo, tuvo que reconocer ante un tribunal oral que perteneció a la Asociación Unidad Argentina (Aunar), creada en 1993 por militares que participaron en la represión. El mayor retirado Pedro Mercado, marido de Cecilia Pando, publicó que la diputada también fue parte de la asociación Memoria Completa –que cayó en desgracia después de que su principal dirigente fuera sorprendida con una cámara oculta mientras ejercía la prostitución en Mar del Plata– y de un grupúsculo conocido como Jóvenes por la Verdad, desde donde organizaba visitas al dictador Jorge Rafael Videla o juntaba cartas de apoyo para el represor de la ESMA Ricardo Cavallo mientras estaba preso en España.

La diferencia entre FAMUS y el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), que fundó Villarruel en 2006, reside en lo que el periodista Germán Ferrari marcó en su libro Símbolos y Fantasmas: FAMUS nunca se interesó en investigar las acciones de la guerrilla ni por buscar justicia.

La estrategia de Villarruel de intentar llevar a los tribunales a los militantes de los ‘70 se diseñó mientras la Corte Suprema estudiaba declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que llevaría masivamente a los perpetradores de la última dictadura a sentarse en el banquillo de los acusados. Los generales del Proceso, para entonces, buscaban una situación de empate que derivara en una amnistía. La proclama de “justicia completa” no era más que la búsqueda de impunidad.


Luciana Bertoia estudió periodismo en TEA y Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Trabajó en redacciones como el Buenos Aires Herald y El Cohete a la Luna, donde se ha dedicado a los temas judiciales y derechos humanos, especialmente, a aquellos vinculados a la memoria. Actualmente, trabaja en Página/12, es columnista en Desiguales por la TV Pública, y es docente en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).