Por Claudia Bracchi*
Fotos: Twitter BAeducacion
Ley de Educación nacional 26.206/06
Art.2. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado.
Art. 3. La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía
e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades
fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.
Este año las clases vuelven a empezar en la provincia de Buenos Aires y lo hacen en el peor contexto de los últimos 20 años: con un Gobierno Nacional que no reconoce la importancia que tiene la paritaria nacional y el fondo de compensación, que elimina el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente ), los fondos nacionales para infraestructura escolar y la obra pública en general; en el contexto de una hiperinflación sin precedentes y con un inmenso esfuerzo por parte de las familias para comprar guardapolvos, útiles e incluso pagar el boleto del tren o el colectivo para llevar a sus hijos e hijas a las escuelas. En este lamentable escenario, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires apuesta más que nunca a la educación pública y al inicio de las clases. Esto no es un capricho, ni es magia: es decisión política del Gobierno bonaerense y fruto de una enorme cantidad de gestiones y acuerdos para sostener lo público que, como sabemos, está siendo sistemáticamente minado por intereses corporativos.
Como comunidad educadora, es nuestro deber tomar conciencia de esto, y comprender que este inicio de clases es un logro histórico y colectivo que tenemos que abrazar, cuidar, y dar las batallas que sean necesarias para sostenerlo. Porque la historia y los hechos actuales nos han enseñado que todo puede cambiar, que todo lo que hemos construido con tanta lucha y esfuerzo puede perderse, y que no podemos dejar que se naturalice la desaparición de los derechos conquistados.
Aprender de la historia
Todo proyecto político se expresa también en el proyecto educativo. Por eso, hoy en nuestra provincia de Buenos Aires, la educación pública es una prioridad, sustentada en el mandato popular, que es la brújula que orienta la actual gestión del Gobierno provincial. Dicha prioridad se observa en el presupuesto que fue creciendo año a año desde el inicio del mandato del Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en diciembre de 2019, y se observa también en la inversión en infraestructura escolar, en cargos docentes y de auxiliares, en materiales educativos, en libros, tecnología y conectividad, en propuestas pedagógicas, en diseños y propuestas curriculares para los niveles educativos y las modalidades de enseñanza, entre otras decisiones e inversiones.
Dicen que no hay nada nuevo bajo el sol… aunque cuando la historia se repite, por lo general, lo hace recargada. Otros aseguran que la historia ocurre dos veces, la primera como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa. Hay farsas que vienen acompañadas de buena dosis de insensibilidad, especialmente cuando se repite varias veces.
Esta introducción tiene el objetivo de recordar para comprender.
En la década de los ‘90, el neoliberalismo llevó adelante una reforma que tuvo como centro la fragmentación del sistema educativo nacional y la profundización de la mercantilización educativa.
La Ley N° 24.049 sancionada el 6 de diciembre de 1991 estableció la provincialización de las obligaciones educativas. Así el nivel secundario y el nivel superior (Institutos de Formación Docente y Técnica), pasaron a ser responsabilidad de las provincias y de la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, completando lo ya ocurrido con el nivel primario e inicial durante la última dictadura cívico militar. Efectivamente en el año 1978, por Decreto del PEN N° 1231 del gobierno de facto, inició la transferencia del nivel “pre-primario” y primario a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
El Estado Nacional fue abandonando su rol de garante de la educación pública obligatoria, tanto de gestión estatal como privada, aunque se reservó para sí la condición de evaluador. Se desentendió de los procesos, pero no de la función de control de los resultados. Curiosa ecuación…
La Ley Federal de Educación N° 24.195 de 1993 establece las prescripciones para la educación nacional que concretiza aquella definición del Estado, abriendo las puertas a un proceso de fragmentación del sistema educativo nacional. Este proceso condujo, por un lado, a la profundización de las desigualdades educativas, tanto a nivel de la oferta y su calidad, como en lo relativo a las condiciones laborales de las y los docentes en todo el territorio de la Argentina, ya que los procesos de transferencia se llevaron adelante sin el acompañamiento de su financiamiento. Por tanto, las economías desiguales de las jurisdicciones generaron desiguales posibilidades de atención de la educación por parte de los Estados provinciales.
«Todo proyecto político se expresa también en el proyecto educativo. Por eso, hoy en nuestra provincia de Buenos Aires, la educación pública es una prioridad, sustentada en el mandato popular, que es la brújula que orienta la actual gestión del Gobierno provincial».
En esta etapa histórica, fue el nivel secundario uno de los más afectados. En algunas provincias se primarizó este nivel del sistema, mientras que en otras, se secundarizó. Las nuevas estructuras de los sistemas educativos provinciales fueron perdiendo identidad y unidad en términos del sistema educativo nacional. Poco se pensó en las comunidades educativas, en las y los trabajadores de la educación y en los protagonistas de las escuelas: las y los estudiantes.
Quienes hemos transitado aquella etapa en las escuelas, y quienes no, lo habrán escuchado y estudiado, tenemos una noción de lo que fueron la Educación General Básica y sus tres ciclos y el nivel Polimodal. No abundaremos en este análisis, distintos artículos e investigaciones dan cuenta de ello, pero es imposible no mencionar lo que significó para la educación obligatoria aquella estructura “flexible y abierta” de la Ley de Educación Federal que tanto daño causó y tantos años le llevó reconstruir al sistema educativo.
Nada de lo ocurrido en la década neoliberal de los ‘90 es de “cosecha propia”. Es la respuesta a una mirada global sobre los sistemas educativos, su rol ante las comunidades, y especialmente la redefinición de la función docente. Existe una profusa literatura al respecto, especialmente, sobre los procesos de mercantilización de la educación y la pérdida de soberanía educativa en las sociedades de América Latina.
Aquella etapa dejó marcas y fue el antecedente que condujo a la implosión del sistema educativo en el inicio del siglo XXI. Aquel modelo estalló en 2001, las y los docentes y las familias pueden dar testimonio de lo ocurrido en una sociedad quebrada que encontró, una vez más en la escuela pública, el único espacio estatal de escucha, refugio, cuidado afectivo, alimentación, abrazo y reconocimiento, en definitiva, sostén de las y los estudiantes..
La escuela pública, la presencia del Estado en todo el territorio, es lugar de consolidación de la identidad nacional desde hace más de un siglo. La extensión capilar del sistema educativo en el suelo de la Patria, es amenazante para quienes pretenden su disolución. Por eso es el objetivo siempre elegido para atacar. Atacando a la escuela, se atenta contra la misma noción de comunidad, de pueblo y de nación. Porque allí se aprende a ser comunidad, a ser pueblo y formar parte de un territorio que establece lo común, que pone en valor las identidades de nuestro país. En las escuelas se aprenden los distintos campos de conocimiento, pero a la vez, se aprende a ser ciudadano y ciudadana; los derechos y también las responsabilidades que tenemos; se aprende a ser solidario, a respetar las diferencias, a compartir las historias locales y familiares. Se aprende a convivir con otras y otros.
La Ley de Educación Nacional N° 26.206 sancionada en 2006, fue el resultado de la voluntad política y popular de restablecer el federalismo y la unidad del sistema educativo nacional, luego de los años de fragmentación, desigualdades y destrucción de la matriz nacional. Del mismo modo, es el correlato de las luchas de los y las docentes que nunca abandonaron aquello que los y las define: ser los maestros y maestras del pueblo argentino.
Esta Ley de Educación define con claridad a la educación como derecho, no como servicio que se comercializa y adquiere como una mercancía más y, además, asigna al Estado su función de garante. Quien garantiza “algo” se hace responsable de ello. Ser garante es tomar las decisiones necesarias para que aquello que se garantiza suceda efectivamente.
Es por eso que no le está permitido legalmente al Estado nacional, gobierne quien gobierne, desentenderse de aquella responsabilidad ética y política consagrada por ley.
En ese sentido, es el Estado nacional quien debe garantizar la sustentabilidad del sistema educativo: materialmente desde la disposición de los fondos establecidos por ley; y desde lo político-simbólico mediante la producción de política pública educativa que busque la concreción de los fines de la educación nacional, que es la formación de las nuevas generaciones en la construcción de una ciudadanía plena para la conformación de una sociedad libre, justa y consciente de la soberanía nacional.
«Allí (en la escuela) se aprende a ser comunidad, a ser pueblo y formar parte de un territorio que establece lo común, que pone en valor las identidades de nuestro país. En las escuelas se aprenden los distintos campos de conocimiento, pero a la vez, se aprende a ser ciudadano y ciudadana; los derechos y también las responsabilidades que tenemos; se aprende a ser solidario, a respetar las diferencias, a compartir las historias locales y familiares. Se aprende a convivir con otras y otros».
En otra etapa neoliberal más cercana en el tiempo, entre los años 2016 y 2019, el gobierno a cargo del Estado nacional volvió a atacar a la educación pública. Entre las herramientas que se eligieron para ese objetivo, una fue el ajuste discrecional del presupuesto destinado a educación. Se congelaron las inversiones, se desfinanciaron y sub-ejecutaron los fondos aprobados en la ley de presupuesto de entonces. Otra de las herramientas fue expresada en lo que se denominó “Plan Maestro”, que puso blanco sobre negro a la intención de someter a la educación pública a procesos de mercantilización que fueron el antecedente de lo que hoy estamos atravesando.
En nuestra provincia de Buenos Aires hemos padecido el impacto de la desatención del Estado sobre la educación pública. Entre 2016 y 2019 el desfinanciamiento edilicio, de planes y programas, de recursos para la enseñanza, fueron una marca de aquella gestión. La sub-ejecución presupuestaria fue una constante a lo largo de todo el período. El silenciamiento y la demonización de los y las docentes y sus representantes fueron moneda corriente. Lejos de cuidar a las escuelas, a los docentes y a las y los estudiantes y las comunidades educativas en su conjunto, el Gobierno bonaerense de aquel entonces, les sometió a situaciones de abandono. No olvidamos que fue durante aquellos años cuando en el distrito de Moreno voló por el aire una escuela llevándose la vida de dos trabajadores de la educación, Sandra y Rubén, ambos ejemplo de compromiso con sus estudiantes, con la escuela y su comunidad. Cuando el Estado se retira del cuidado de la ciudadanía y sus derechos, sus políticas llevan a situaciones irreparables.
Lo que demanda este presente
Desafortunadamente, hoy nos encontramos ante la reedición de un Estado nacional que agrede a la educación pública, a las escuelas y a las comunidades educativas. Esta vez, con el agravante de que esta agresión se pretende llevar adelante en el marco de un proyecto político que corroe las bases mismas de nuestra historia como nación. Y se elige a la educación pública como blanco para los ataques, porque es en la escuela donde se construye la identidad nacional desde lo que fuimos y somos; donde se afirma republicana y democráticamente quiénes somos, y se pone en valor quiénes queremos ser.
La arremetida actual sobre el sistema educativo, sobre las y los docentes, sobre las y los estudiantes, sobre las familias, sobre el pueblo que educa y que se educa en las escuelas, no es casual ni es nueva. Lo novedoso podrán ser las decisiones tomadas y sus formas en este corto período de gobierno. La ruptura de todo lazo social es condición del proyecto político nacional actual, y requiere la ruptura del lazo educativo que se construye especialmente en las escuelas.
Por eso se denigra a los y las docentes, se desfinancia la educación y los programas de desarrollo, se congela la inversión material y, sobre todo, se pretende introducir desde lo simbólico en una especie de “sálvese quien pueda” y convencer de que toda salida es individual, eliminando lo que caracteriza a nuestra escuela y nuestra educación nacional: en la escuela somos un “nosotros” que da sentido a lo que hacemos, pensamos y sentimos como comunidad educativa.
Todos estos intentos serán inútiles si la escuela argentina logró aprender el impacto que tuvieron los períodos de desprotección, abandono y olvido en las vidas de las comunidades. Seguramente así será porque la escuela tiene memoria y también sabe de construcción colectiva, de trabajo incansable y de esperanza.
Es la esperanza una de nuestras principales herramientas en el trabajo cotidiano. Es lo que nuestro pueblo menciona, con sabiduría, como lo último que se pierde. Porque todas y todos nos reconocemos en esas posibilidades, sintiendo que, aún en las crisis más difíciles y complejas, nuestras comunidades organizadas construyen los lazos de solidaridad, de unidad para que desde nuestras convicciones más profundas se encaminen las salidas de las encrucijadas en que nos suele poner la historia.
Los y las docentes argentinos -y sé porque conozco a las y los docentes bonaerenses-saben de lucha y defensa, de lo que los constituye como trabajadores de la educación. Y tejen cada día con conocimiento y esperanza el presente y el futuro de la educación pública.
Paulo Freire, en “Pedagogía de la Esperanza”, la define como necesidad ontológica, como un imperativo existencial e histórico; una necesidad ontológica que necesita anclarse en la práctica. Ahí lo expresa con claridad, “la esperanza necesita de la práctica para volverse historia concreta”. Nuestro trabajo cotidiano en cada escuela, en cada ámbito educativo, tiene la fuerza del trabajo silencioso y sostenido y el amor por la educación, y una de nuestras principales luchas es construir la fuerza de la esperanza.
«Los y las docentes argentinos -y sé porque conozco a las y los docentes bonaerenses-saben de lucha y defensa, de lo que los constituye como trabajadores de la educación. Y tejen cada día con conocimiento y esperanza el presente y el futuro de la educación pública».
Este es nuestro enorme desafío en este contexto histórico: construir las esperanzas, los sueños y los proyectos que, desde la educación y sus prácticas materiales y simbólicas concretas, sumen a las condiciones generales sabiéndonos parte de un Estado que promueve, amplía y garantiza derechos y que construye ese derecho al futuro, ya que el futuro que tengamos son las decisiones y las acciones que tomemos y hagamos hoy.
Se inicia un nuevo ciclo escolar en un tiempo complejo donde se multiplican los desafíos. La escuela pública será como siempre espacio de encuentro, de enseñanzas y de aprendizajes. Será espacio que abrace y también será espacio para el disfrute y la alegría del encuentro con otros y otras. Porque es allí donde siempre se anuda la esperanza y el coraje para sostener y defender el derecho a la educación.
*Profesora en Ciencias de la Educación por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FAHCE) de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) y Magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Profesora Titular de Política e Instituciones Educativas del Profesorado de Trabajo Social. (Facultad de Trabajo Social, UNLP). Profesora Titular en la Cátedra Fundamentos de la Educación de la Facultad de Bellas Artes (Facultad de Arte, UNLP). Profesora Titular del Seminario de Posgrado El derecho social a la educación. La escuela en perspectiva de derecho, de la Especialización en Educación, Políticas Públicas y Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. UNIPE. Profesora Adjunta en la Cátedra de Sociología de la Educación (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP).
Docente de distintos seminarios de grado y posgrado de la UNLP, de la UNIPE y de la UNLZ. Es Investigadora de la UNLP/UBA.
Autora de libros y capítulos de libros; artículos en revistas especializadas y materiales didácticos. Coordinadora de la elaboración de diseños y propuestas curriculares de niveles y modalidades del sistema educativo bonaerense. Responsable de elaboración y aprobación de normativa educativa. Fue Directora Provincial de Educación Secundaria (2007-2015) y Subsecretaria de Educación (2019-2023). Ambos cargos de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.
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