El municipio de Morón realizó en la última semana una campaña de reducción de riesgos y daños en el uso de sustancias, que causó una “reacción conservadora” por parte de diferentes figuras políticas y medios de comunicación. “El abstencionismo como única estrategia frente al consumo de drogas ilegalizadas, sea problemático o no, viene generando muchísimo dolor y también buenos negocios”, asegura el autor en este análisis de la situación actual de nuestro país sobre el consumo de drogas ilegalizadas.
Por Emilio Ruchansky*
No existe libre elección sin libre acceso a la información. Con esta premisa, desde hace décadas distintos activismos llevaron adelante sus estrategias para acercar ayuda en temas de salud pública como la interrupción voluntaria del embarazo o el consumo de drogas ilegalizadas. La reacción conservadora contra la campaña de reducción de riesgos y daños en el uso de sustancias, hecha hace unos días en un festival en la localidad bonaerense de Morón, solo busca imponer un silencio nocivo en nombre de la moral abstencionista. Como ocurrió con aquella campaña de Lesbianas y Feministas por el Derecho al Aborto, quienes a través de una línea telefónica y un manual aconsejaban formas seguras de realizar esta práctica médica, con las drogas ilegalizadas la información puede salvar vidas.
Esta estrategia tiene su historia. Comenzó en Suiza, a mediados de los 80, cuando una parte del personal de salud de Zúrich, Berna y Ginebra advirtieron que el consumo intravenoso de heroína estaba generando más problemas que la sustancia misma. Entonces, se acercaron a los parques públicos donde se refugiaban las personas que se picaban para darles jeringas descartables y evitar el contagio del VIH y la hepatitis C. Más tarde abrirían servicios para que estas personas pudieran tomar un café, comer algo, bañarse y conseguir ropa limpia. En la actualidad, este servicio derivó en las salas de consumo controlado, donde se permite el consumo de drogas ilegalizadas sea por vía inyectable, fumada o esnifada.
De esta experiencia se derivan los tres principios de la reducción de riesgos y daños: se pueden conseguir mejoras en la salud sin exigir la abstinencia, se debe comenzar con servicios que les sirvan a las personas que usan drogas, y estos deben adaptarse a ellas y no al revés. La estrategia se expandió a varios países europeos, Australia, Canadá y algunos estados norteamericanos. También puede rastrearse en México, Colombia y Uruguay. Con la irrupción de “las drogas de diseño” como el éxtasis en las fiestas electrónicas, la reducción de riesgo y daños apuntó a la provisión de agua, a reclamar espacios de descanso y testeo de pastillas como pilares para una diversión segura.
En la Argentina, aunque los medios masivos no lo digan, desde el año 2010 la estrategia de reducción de riegos y daños tiene estatus legal gracias a la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones. Denunciar penalmente esta norma, como intenta hacerlo un diputado nacional, implica frenar una política pública destinada a mejorar la salud de las personas, por más que se lo disfrace de evitar “impartir instrucciones acerca de la producción, fabricación o uso de estupefacientes”, como reza la ley de drogas, vigente desde 1989. No hay polémica ni delito, vale aclararlo, cuando se trata de proteger la salud pública.
No es la primera vez que ocurre semejante disparate. Ya en 2003, el entonces secretario coordinador del Plan Provincial de Adicciones de Mendoza, Miguel Conocente, tuvo que mandar a frenar la impresión de un “material exclusivo para usuarios de marihuana” con distintos consejos como no fumar las tucas ni usar pipas comunes para fumar. Por entonces el pediatra antiderechos Abel Albino dijo al diario La Nación: “No termino de sorprenderme con semejante proyecto que significa estimular conductas de riesgo entre los jóvenes”. Albino fue quien, en una reunión informativa sobre la ley de Interrupción Voluntaria del Aborto, dijo que los preservativos no servían para evitar embarazos.
El abstencionismo como única estrategia frente al consumo de drogas ilegalizadas, sea problemático o no, viene generando muchísimo dolor y también buenos negocios. Al día de hoy continúan existiendo las autodenominadas comunidades terapéuticas, con su claro mensaje de sobriedad a toda costa, muchas veces aislando y sobremedicando a las personas internadas, premiándolas y castigándolas para “rehabilitarlas”. Estos pseudo tratamientos no se basan en abordar los problemas que pueda tener una persona, sino únicamente en su relación con la o las sustancias. Forman parte de un pensamiento mágico y manicomializador: sacar de circulación y prolongar el encierro como forma de “curar”.
En estos días, los principales diarios criticaron la idea de que exista un consumo responsable, asociando el uso de drogas ilegalizadas con una adicción irremediable. Sabemos que esto es mentira. Consta en los propios reportes anuales de la Junta Internacional Fiscalizadora de Estupefacientes (JIFE) de las Naciones Unidas, que entre 8 y 12 por ciento de quienes consumen tienen un problema de salud. Para la mayoría el verdadero riesgo es ser detenidas por la policía, y que un antecedente penal complique sus oportunidades laborales, además de la mala calidad de las sustancias que suelen obtenerse en la clandestinidad.
La reducción de riesgos y daños debe lidiar con estos aspectos de la criminalización, pero también con la hipocresía. En las rutas y autopistas argentinas hay cientos de carteles que recomiendan: “Si bebiste, no manejes”. A nadie se le ocurriría decir directamente: “No consumas alcohol”. Se presupone, y las etiquetas de las bebidas alcohólicas así lo indican, se puede “beber con moderación”. Pero si esto no ocurre, en las farmacias podemos conseguir medicamentos para aminorar la resaca. También pastillas, chicles y parches con nicotina para fumar menos tabaco o dejar de hacerlo.
El problema no es la estrategia de reducción de daños, sino la ilegalidad de la sustancia. De ahí la importancia de la despenalización de los delitos asociados al consumo para mejorar el acceso al sistema de salud y aflojar con la discriminación y los estigmas.
*Emilio Ruchansky es periodista especializado en drogas. Trabaja en la Televisión Pública, es asesor periodístico de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA). También es uno de los coordinadores del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis y autor del libro “Un mundo con drogas, los caminos alternativos a la prohibición: Holanda, Estados Unidos, España, Suiza, Bolivia y Uruguay”.
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