En julio de 1983, militantes de derechos humanos se movilizaron, por primera vez, desde Calilegua a Libertador General San Martín para reclamar verdad y justicia por los secuestros que se habían producido siete años antes en medio de un corte masivo de suministro eléctrico. Las fuerzas contaron con vehículos de la empresa Ledesma. Carlos Pedro Tadeo Blaquier, máximo responsable del ingenio por entonces, murió este año sin haber enfrentado un juicio oral y público.
Por Luciana Bertoia*
Foto: Mariana Mamani
Cuando la dictadura aún se mantenía en el poder, una marcha unió los diez kilómetros que separan Calilegua de Libertador General San Martín, en Jujuy, para denunciar los secuestros y desapariciones que tuvieron lugar en la oscuridad de julio de 1976 y bajo el amparo del ingenio Ledesma. Este 20 de julio se cumplen 40 años desde aquella movilización que marcó un desafío no solo hacia el poder dictatorial sino también hacia el poder de las corporaciones económicas más importantes del país.
Entre el 20 y 27 de julio de 1976, decenas de personas fueron secuestradas en la zona de influencia del ingenio Ledesma en Jujuy. Por entonces, Carlos Pedro Tadeo Blaquier era quien dirigía la empresa dedicada a la producción de azúcar que pertenecía a la familia de su esposa, Nelly Arrieta. Todo se hizo bajo un corte de suministro que permitió que los grupos de tareas operaran en la total clandestinidad. Los secuestros se llevaron a cabo en camionetas que tenían el logo del ingenio Ledesma. Según reconstruyó la justicia muchas décadas después, todos los secuestrados fueron llevados al centro clandestino de detención que se montó en lo que había sido la hostería de Guerrero. Algunas de estas personas desaparecieron y otras padecieron largos períodos de detención.
La primera marcha que partió, en julio de 1983, desde Calilegua contó con la presencia de Hebe Pastor de Bonafini, por entonces presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Eso contribuyó a que la manifestación fuera destacada en la prensa nacional, según reconstruyó la antropóloga Ludmila da Silva Catela, referente en estudios de memoria. En otros aniversarios participaron referentes como Adolfo Pérez Esquivel –Premio Nóbel de la Paz y fundador del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) o Nora Cortiñas, integrante de la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
Para la época de la primera marcha, la conflictividad social se palpaba en las calles y llegaba a las tapas de los principales diarios del país. Así sucedió el 3 de julio de 1983 con la “Marcha por la Paz y la democracia”, que habían convocado las Juventudes Políticas con consignas que estaban centradas en la búsqueda de una democracia libre, sin condicionamientos ni proscripciones. Los jóvenes no eran los únicos que tomaban las calles. Los maestros pararon dos veces en una semana con un acatamiento del 95 por ciento y los psicólogos marcharon por el centro de la Ciudad de Buenos Aires.
A puertas cerradas, la Junta no discutía sobre las movilizaciones que crecían, sino sobre su propia salida –después del fracaso estrepitoso en la Guerra de Malvinas. Durante el mes de julio de 1983, los jerarcas de las Fuerzas Armadas se reunieron únicamente en dos oportunidades. En esos encuentros se discutió la relación con Brasil, el rumbo de la economía, la posibilidad de indultar a la expresidenta María Estela “Isabel” Martínez de Perón –a quien ellos mismos habían derrocado– y el impulso de la autoamnistía. En público, el dictador Reynaldo Benito Bignone –el último de facto como le gustaba llamarse– hablaba de los “obstáculos de la democratización”.
El rol de la empresa
En general, las movilizaciones se hacían con una bandera que rezaba “Madres de detenidos-desaparecidos de Ledesma”. Como marca da Silva Catela, en la primera movilización no se hablaba del “apagón” de Ledesma sino de la “semana trágica” de Ledesma –lo que era claramente una referencia a la represión del movimiento obrero pero anclada a los sucesos de 1919 en la Patagonia–. Con los años, la luz se fue poniendo en la oscuridad con la que actuaron los represores durante las noches del 20 al 27 de julio de 1976.
Recién en 2000, cuando la marcha ya llevaba 17 años de vigencia, la movilización llegó, por primera vez, hasta las puertas del ingenio Ledesma. Dos años después, la difusión del documental Sol de Noche –que tuvo al periodista Eduardo Aliverti como productor general– ayudó a consolidar el conocimiento nacional e internacional del caso Ledesma. La obra recupera el rol central que tuvo durante décadas Olga del Valle Márquez de Arédez en la denuncia de la participación de Ledesma en el sistema de desaparición que se implementó durante la última dictadura.
Olga era la esposa de Luis Ramón Arédez, un médico que importunó a Ledesma en su rol sanitario y en su rol como intendente. El 24 de marzo de 1976, cerca de las cuatro de la mañana, efectivos del Ejército y de la Policía provincial entraron a la casa en la que los Arédez dormían. Se llevaron al padre de la familia. Primero hasta la comisaría de Libertador General San Martín y después al penal de Villa Gorriti –donde estuvo hasta el 7 de octubre de 1976–. De allí fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata, desde donde recuperó la libertad. Fue un hecho circunstancial porque Arédez volvió a ser secuestrado el 13 de mayo de 1977 después de haber terminado de trabajar en el Hospital de Fraile Pintado y nunca más volvió a aparecer.
En la madrugada del 24 de marzo de 1976, Arédez fue sacado de su casa y subido a una camioneta blanca con el logo de Ledesma. En su búsqueda, Olga llegó a entrevistarse con el entonces administrador del ingenio, Alberto Lemos. En ese encuentro, Lemos le habría admitido que la empresa había puesto los móviles que usaban las fuerzas para “limpiar el país de indeseables” y que su esposo había sido perjudicial para los intereses económicos de la empresa.
Arédez, que era pediatra, se había desempeñado como médico en el Hospital de Ledesma entre 1958 y 1959. Rápidamente se ganó la antipatía de la patronal porque les recetaba a los trabajadores los medicamentos que necesitaban sin importar su costo. Eso llevó a que el jefe de Relaciones Públicas del ingenio, Mario Paz, lo despidiera. Arédez siguió atendiendo a los trabajadores en su rol de médico del Sindicato de Obreros del Azúcar. En 1973, fue elegido intendente. En su gestión obligó a la empresa a pagar impuestos y puso el foco en la contaminación.
Sin justicia
Olga murió en 2005. Recién siete años después de su muerte, Blaquier y Lemos debieron sentarse ante un juez para declarar por los secuestros producidos en la zona de influencia de Ledesma. Los dos fueron procesados en 2012, pero Blaquier nunca llegó a juicio. Murió en marzo de este año. La demora se debió a que la Cámara Federal de Casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación retuvieron durante casi ocho años el expediente de uno de los casos emblemáticos de la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral Federal de Jujuy sigue sin ponerle fecha al proceso contra Lemos, que en poco tiempo cumplirá 81 años.
Luciana Bertoia estudió periodismo en TEA y Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Trabajó en redacciones como el Buenos Aires Herald y El Cohete a la Luna, donde se ha dedicado a los temas judiciales y derechos humanos, especialmente, a aquellos vinculados a la memoria. Actualmente, trabaja en Página/12, es columnista en Desiguales por la TV Pública, y es docente en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
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