Por Esteban Rodríguez Alzueta*
Se conoció la sentencia por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell, en el verano de 2020. Cinco jóvenes fueron condenados con penas a prisión perpetua y otros tres a 15 años de prisión. No hay motivos para alegrarse.
La sentencia llegó después de un espectáculo que mantuvo expectante a las audiencias durante gran parte del verano. La euforia del Mundial fue relevada por el juicio que se seguía en Dolores en vivo y en directo, y se prolongaba en cada set de televisión o estudio de radio.
Hace rato que los jueces perdieron el monopolio de la verdad. La justicia mediática es la expresión de una crisis de confianza hacia la Justicia, que ya se demora unas cuantas décadas. Si los jueces no suelen tomar los problemas de la ciudadanía y esta no puede acceder a la Justicia, entonces tomará las cosas con sus propias manos o buscará otras cajas de resonancia para contar y tramitar sus conflictos. Por eso la víctima suele recostarse sobre el periodismo televisivo no solo para mantener su caso en la tapa de los diarios, sino para ejercer una presión sobre la Justicia. Saben que los jueces también miran televisión y no será lo mismo que el expediente que tramita en su despacho esté o no en los zócalos de la televisión. Más aún, se recostarán sobre el periodismo para construir una sanción moral que compita con la modorra y la habitual indolencia judicial.
La justicia mediática es una justicia que tiene otra velocidad, que funciona sin pruebas, donde no existe principio de inocencia, y donde los victimarios no suelen tener derecho a la defensa propia. Las personas se presumen culpables desde el momento en que la televisión captó su atención. La culpa se atribuye de antemano, y les corresponde a los acusados probar su inocencia. Eso, en el caso de contar con los servicios de un periodista estrella que se apiade de ellos, y los otros le concedan derecho de réplica. Porque el periodismo -dijo Furio Colombo- opera en cascada, es decir, actúa en patota. La verdad que se arrogan se retroalimenta y van cerrando filas, desautorizando las manifestaciones contrarias. Hace rato que la televisión en general y el periodismo en particular no es un espacio para expresar disensos racionales sino consensos anímicos que se arman y desarman todo el tiempo, según como sople el viento.
Quiero decir, el auge de la justicia mediática es la expresión de la crisis judicial. Si los periodistas dejaron de informar para ponerse a investigar y aventurar juicios de valor que se parecen a una sentencia, a la difamación, al escrache, será porque la Justicia está en crisis: está llena de privilegios, es cara, tarda en llegar y cuando llega no se entiende lo que dice, es ambigua, contradictoria, confusa.
«Hace rato que los jueces perdieron el monopolio de la verdad. La justicia mediática es la expresión de una crisis de confianza hacia la Justicia, que ya se demora unas cuantas décadas. Si los jueces no suelen tomar los problemas de la ciudadanía y esta no puede acceder a la Justicia, entonces tomará las cosas con sus propias manos o buscará otras cajas de resonancia para contar y tramitar sus conflictos».
De modo que la vox populi ejercerá una presión sobre la palabra de los letrados. Hace rato que la Justicia dejó de ser independiente, se vende al mejor postor o correrá detrás del televisor. Dicho de otra manera, la Justicia estatal tiende a acoplarse a la justicia mediática, sobre todo cuando participan abogados mediáticos que, como los anfibios, saben moverse en ambos campos.
De modo que la sentencia a los “rugbiers” es la expresión de que las cosas no están bien en el país. Basta escuchar las especulaciones de los periodistas sobre el destino de estos jóvenes, alentando de paso a una opinión pública que ya se relame con el castigo extra que puedan recibir del resto de los presos, los presos negros. Una justicia tumbera que imaginan fálica y bestial, que esté hecha con la misma testosterona.
La severidad, reflejada en las penas a prisión perpetua, es la expresión del punitivismo por abajo, un populismo punitivo que comulga y alienta gran parte de la gran prensa, y que empalma con el punitivismo por arriba que llega con la demagogia judicial. Jueces que, como los periodistas estelares, le dicen a la gente lo que quiere oír.
En la severidad, la Justicia deja de ser justicia y se confunde con el espíritu de revancha, de venganza social. Las penas perpetuas son el residuo de otra época, cuando no se reprochaban las acciones sino a los individuos que habían sido devaluados a su barbarie. Y esta sentencia quiere estar a la altura del monstruo que construyó el espectáculo mediático. Porque detrás de una pena perpetua uno puede escuchar la consigna “que se pudran en la cárcel”. Y la cárcel tendría que ser para resocializar y no para resentir a la gente. La cárcel no repara cuando sentencias como estas la convierten en un depósito donde se amontona a la gente desechable.
Tampoco existen las penas ejemplificativas y prueba de ello son las prisiones que tenemos: cada vez están más repletas y, sin embargo, cada vez hay más delitos. Las sentencias, largas o cortas, no tienen capacidad para detener los delitos, las trayectorias criminales. No hay que hacerse demasiadas ilusiones con una sentencia judicial. Como dijo alguna vez Hannah Arendt, “las estructuras no van a juicio”, la Justicia solo está para reprochar acciones individuales. Pero si lo que se busca es desandar las estructuras racistas, clasistas y patriarcales, entonces se necesitan otras intervenciones, se requieren políticas públicas de largo aliento. Los hábitos sociales no se van a desandar con una sentencia, por más oportuna y severa que sea.
Las sentencias judiciales, que se suman al veredicto mediático, son instancias meramente catárticas, permiten que la sociedad ventile el resentimiento y odios acumulados. Pero también le permite esconder los problemas debajo de la alfombra. ¿Qué problemas? El racismo, el clasismo y el machismo. Porque tanto el racismo como el clasismo y el machismo no son patrimonio de estos ocho o diez jóvenes que jugaban al rugby. La violencia no es un repertorio exclusivo de las clases medias o medias altas. Cualquiera que haya ido alguna vez a la cancha, a una fiesta o un recital habrá presenciado escenas semejantes. Gran parte de los homicidios dolosos o lesiones graves en este país son producto de golpizas, o son cometidos en riña entre grupos de vecinos, amigos o hinchadas, entre transeúntes, peatones y automovilistas, o a la salida de la escuela o el boliche. La violencia interpersonal que ejercieron son la expresión de modos de estar, sentir y hablar que forman parte del ADN de gran parte de la Argentina resentida, repertorios de acción violenta heredados y aprendidos colectivamente, que están a disposición no solo para dirimir sus problemas sino para reproducir las desigualdades de raza, clase o género; para demostrar y acumular prestigio, valentía y respeto, para tener un cartel.
«Las penas perpetuas son el residuo de otra época, cuando no se reprochaban las acciones sino a los individuos que habían sido devaluados a su barbarie. Y esta sentencia quiere estar a la altura del monstruo que construyó el espectáculo mediático. Porque detrás de una pena perpetua uno puede escuchar la consigna “que se pudran en la cárcel”. Y la cárcel tendría que ser para resocializar y no para resentir a la gente. La cárcel no repara cuando sentencias como estas la convierten en un depósito donde se amontona a la gente desechable».
Para ponerlo con una pregunta sencilla que nos devuelva a todos nosotros a las escenas cotidianas que hemos percibido periódicamente, sino participado alguna vez de distinta manera, sea como espectador, víctima o victimario: ¿Por qué cagarse a piñas es parte de salir a bailar, ir a la cancha, ir al recital? ¿Qué se juega en esa violencia inútil pero emotiva y expresiva? ¿Son violencias que divierten, les hacen sentir hombres, aportan autoridad? ¿Cuántas de estas violencias están para reproducir las desigualdades sociales, sean de clase, de raza, de género? Estas son las preguntas que escondemos debajo de una sentencia, las preguntas que la Justicia no puede responder y la opinión pública no quiere ver porque le toca de cerca, porque la involucra, porque la fue programando e incubando en las jóvenes generaciones.
*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales (LESyC) y la revista Cuestiones Criminales. Autor, entre otros libros, de Temor y control, la máquina de la inseguridad; Vecinocracia: olfato social y linchamientos; Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil; y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.
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