Las palabras marcan época. Algunas perduran en el tiempo; otras necesitan de explicaciones para ser entendidas en la actualidad. En esta primera entrega, Cordón rescata algunos términos y conceptos que circularon con fuerza –o que empezaron su recorrido– durante el año del retorno a la democracia.
Por Germán Ferrari*
AUTOAMNISTÍA
Durante gran parte de 1983, los militares ocuparon el tiempo en idear un engendro jurídico con el que se sintieran tranquilos si al futuro gobierno constitucional se le ocurría juzgarlos por los múltiples delitos cometidos. Un mes antes de las elecciones, el 27 de septiembre, difundieron la Ley 22.924 de “Pacificación Nacional” –llamada “Ley de Autoamnistía” por toda la oposición–. La ilusión verde oliva duró poco: una de las primeras medidas de la gestión de Raúl Alfonsín fue enviar al Congreso un proyecto para derogarla, que fue aprobado y promulgado de inmediato. Para entender el clima de la época basta con una escena: el día en que el proyecto era tratado en Diputados los dictadores Jorge Rafael Videla y Roberto Viola asistieron desde el palco principal a la asunción del primer jefe del Ejército de la democracia, general Jorge Arguindegui. A pocos metros, el flamante ministro de Defensa, Raúl Borrás, aceptaba lo inaceptable (ver DOCUMENTO FINAL).
COLEGIO ELECTORAL
Hasta las elecciones de 1989, los presidentes constitucionales argentinos no se eligieron por voto directo –salvo en 1973–, sino a través de un mecanismo complejo que establecía la conformación de cuerpos en cada provincia integrados por electores –comparación odiosa: como en Estados Unidos–. Esos colegios electorales eran los encargados de proclamar al presidente y vice, que luego serían ratificados ante la Asamblea Legislativa. Se suponía que si la diferencia entre el partido ganador y el segundo era estrecha, las posibilidades de alianzas con terceros sectores podían ser determinantes. En 1983, las especulaciones previas se terminaron con el resultado contundente: 52 por ciento para la UCR, 40 por ciento para el PJ. El 28 de noviembre, la fórmula Alfonsín-Martínez reunió 336 electores contra 247 de Luder-Bittel, mientras que dos electores obtuvieron Alende-Viale (Partido Intransigente) y Frigerio-Salonia (Movimiento de Integración y Desarrollo). Un dato color: la expresidenta Isabel Perón recibió un voto de un elector cordobés para ocupar nuevamente la máxima responsabilidad en la Casa Rosada.
CONADEP
Resistida en su momento por los organismos de derechos humanos y varios partidos políticos –entre ellos el peronismo–, que consideraban que debía ser el Congreso el encargado de seguir el tema, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas fue el organismo que Alfonsín ideó para reunir información sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La designación del escritor Ernesto Sabato como su presidente generó rechazos y desconfianza. Sin embargo, los logros alcanzados en develar la trama siniestra del régimen apaciguaron las críticas y llevaron a que se reconociera la labor, que se reunió en el Informe Nunca más. Su prólogo, escrito por Sabato, se sustenta en la “teoría de los dos demonios”, que ya se encontraba en los decretos 157 y 158 firmados por Alfonsín, que ordenaban el juicio a las tres primeras juntas militares y a un grupo de dirigentes de organizaciones armadas.
DESTAPE
¿Qué había que destapar en la Argentina de finales de la dictadura? Una opresión insoportable en todos los aspectos de la vida. Esa explosión descontrolada se extendió a los primeros años de la democracia. Era de esperar que en ese contexto la Iglesia católica hablara de “pornografía” y hasta de “pornocracia”, y los jueces del régimen prohibieran manifestaciones artísticas con la excusa de cuidar “la moral y las buenas costumbres”. El 23 de agosto de 1983 salió el primero número de la revista El Guardián del Destape, una de las tantas publicaciones que nacieron con el fenómeno. La tapa –advertencia: “Para mayores de 18 años”– muestra una foto de Reina Reech desnuda, pero con sus pechos y su sexo tapados. “Adentro (de la revista), se saca hasta el almohadón”, anticipa, en referencia al elemento usado para ocultar su pubis. Los títulos que se despliegan sirven como ejemplo de la mezcla de temas: “El ‘manual’ del levante”, “Investigación. La mafia del oro”, “Definición. El gabinete peronista”, “Testimonios. Prostitución al desnudo”, “Reportaje. Vida y poder de Sofovich”, “Las chicas del Guardián: Amalia González, Naanim Timoyko, Noemí Alan, Angie Layne. Y tantas otras…”. El concepto de “destape” no solo quedaba asociado al erotismo. La revista Gente anunciaba “El destape de la guerra sucia” y Primera Plana “El destape de la cultura”. Pero el sexo era un componente ineludible: fue famosa la publicidad de televisores en la que Adriana Brodsky hacía un gol con las nalgas (“Hitachi, qué bien se TV”). Ya lo anticipaba Casos, otra de las revistas del rubro: “Destape a la española ahora en Buenos Aires”. El proceso que había vivido el país europeo tras casi 40 años de dictadura del generalísimo Francisco Franco se extendía en el sur de América. Y justo en el ‘83, cuando el “destape” tomaba impulso, Status –una revista sofisticada afín a la dictadura, destinada a un público masculino de clase media alta– dejaba de salir.
DOCUMENTO FINAL
En la noche del jueves 28 de abril de 1983, a través de la cadena nacional de radio y televisión, los argentinos se enteraban de la existencia del “Documento final de la Junta Militar sobre la Guerra contra la Subversión y el Terrorismo”, en el que la dictadura justificaba la represión ilegal. El “Documento final”, antecedente nefasto de la autoamnistía que se conocería meses después, fue leído en off por un locutor, mientras se sucedían imágenes que reforzaban el discurso oficial. Allí se sostenían las líneas argumentales que luego serían repetidas por los defensores de la dictadura: la “agresión del terrorismo” había comenzado “a partir de mediados de la década del 60”, lo que generó una “guerra”, en la que las Fuerzas Armadas debieron participar “para defender el sistema de vida nacional” y que “únicamente el juicio histórico podrá determinar con exactitud a quién corresponde la responsabilidad directa de métodos injustos o muertes inocentes”. En el texto, el régimen negaba la existencia de centros clandestinos de detención y advertía que “quienes figuran en nóminas de desaparecidos y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos”.
ENANO FASCISTA
Al periodista Bernardo Neustadt se le ocurrió este concepto luego de entrevistar en su programa de televisión “Tiempo Nuevo” a su colega italiana Oriana Fallaci, quien había acusado a la prensa argentina de tener actitudes fascistas y de haber sido complaciente con la dictadura. La visita de Fallaci al país, en julio de 1983, para promocionar uno de sus libros, provocó un revuelo en los medios de comunicación. El término inventado por Neustadt comenzó a popularizarse y era usado para analizar a la sociedad argentina. Para sumar al debate, la revista peronista Línea cuestionaba esa creación y planteaba que, en realidad, había que hablar de las andanzas de un “enano liberal” y, con picardía macartista, deslizaba la posibilidad de que existiera un “enano bolchevique”. Neustadt, símbolo de la prensa colaboracionista de la dictadura, había logrado, una vez más, generar polémica.
ESTADO DE SITIO
Cuando se habla de dictaduras es necesario referirse a “estado de sitio”, un término que la Real Academia Española define como aquella medida que, “ante una agresión a la integridad del Estado, se decreta otorgando poderes excepcionales a la autoridad militar”. La Constitución nacional, en el artículo 23, ya desde la primera versión, en 1853, establece: “En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creada por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestar o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”. El 28 de octubre de 1983, dos días antes de las elecciones presidenciales, el Poder Ejecutivo levantó el estado de sitio vigente en el país desde el 6 de noviembre de 1974, dispuesto en ese momento por Isabel Perón. Al año siguiente, había sido prorrogado por el presidente provisional del Senado, a cargo del Poder Ejecutivo, Ítalo Luder. Tras el golpe de Estado de 1976, las Fuerzas Armadas se valieron de esa medida de excepción para montar el terrorismo de Estado. Esta disposición constitucional extrema fue usada solo dos veces en los últimos 40 años de democracia, en ambas oportunidades por presidentes radicales: Alfonsín, en 1985, ante un clima desestabilizador que padecía su gobierno, y Fernando de la Rúa, en 2001, ante el levantamiento popular de diciembre que terminó con su mandato.
FAMUS
La agrupación Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión comenzó a tener notoriedad pública a partir de la publicación de solicitadas y declaraciones, en especial en el diario La Nación, en las que asustaba a la población con el “terrorismo marxista” e incitaba a “luchar con valentía contra el comunismo intrínsecamente perverso”. Durante 1983 y a lo largo de la gestión de Alfonsín, FAMUS encontró en el matutino de los Mitre-Saguier un espacio para difundir sus ideas y actividades antidemocráticas y defensoras del terrorismo de Estado. Sus misas se caracterizaban por homilías incendiarias. Ya en democracia, en 1984, militares retirados y en actividad y cadetes del Colegio Militar escucharon al presbítero Julio Triviño hablar contra la “democracia pornográfica y corrupta”. “Es necesario empuñar las armas espirituales –y las materiales, los que tienen esa misión– para defender el Reino de Dios y no ser indignos de Él”, arengó Triviño. El gobierno de Alfonsín lo querelló por “apología del delito y violación a la ley de Defensa de la Democracia”. Después de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de los indultos de Carlos Menem, en diciembre de 1991, FAMUS consideró que su prédica se había hecho realidad y decidió disolverse.
INFORME RATTENBACH
Las investigaciones de la “Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades en el Conflicto del Atlántico Sur”, encabezada por el teniente general retirado Benjamín Rattenbach, concluyeron que el dictador Leopoldo Galtieri, a cargo de la presidencia durante la guerra de Malvinas, debía recibir la pena de muerte por la “aventura militar” de 1982. El Informe Rattenbach determinaba también que el almirante Jorge Anaya y los coroneles Juan Ramón Mabragaña y Ernesto Repossi recibieran ese mismo castigo. El brigadier general Basilio Lami Dozo debía ser condenado a reclusión por tiempo indeterminado y el capitán Alfredo Astiz sometido a un sumario por su desempeño en el desembarco en las islas Georgias, donde se rindió sin disparar. En total, catorce militares y un civil –el excanciller Nicanor Costa Méndez– eran pasibles de cargos. En agosto de 1983, el diario La Voz reveló un documento preliminar y en noviembre la revista Siete Días reprodujo en dos ediciones consecutivas lo que anticipaba como el “informe final de la Comisión Rattenbach sobre Malvinas”. Durante tres décadas, el Informe Rattenbach quedó archivado. En 2012, fue divulgado en forma íntegra por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
LA COORDINADORA
Ni “los montoneros de Alfonsín” ni “los jóvenes turcos” ni “la izquierda de la UCR” ni “los herederos de Alfonsín”. En su fundación, en 1968 –tiempos de la dictadura del general Juan Carlos Onganía–, y en los años posteriores, la Junta Coordinadora Nacional se convirtió, alineada con el ascendente Alfonsín, en el sector juvenil del radicalismo más contestatario a la conducción que representaba el viejo caudillo Ricardo Balbín. Ese compromiso con el futuro presidente se desplegó y tuvo sus beneficios en la campaña electoral del ’83. “Somos la vida, somos la paz, somos la Junta Coordinadora Nacional”, cantaban sus militantes en los actos y las marchas. Sus figuras más destacadas – Enrique Nosiglia, Federico Storani, Marcelo Stubrin, Facundo Suárez Lastra, Jesús Rodríguez y Luis Changui Cáceres– ocuparon cargos relevantes durante la gestión de Alfonsín. Luego, su influencia se fue desvaneciendo. Hoy, todos ellos adhieren a Juntos por el Cambio:
*Nosiglia, eterno operador de la UCR porteña;
*Storani, que conduce la Corriente de Opinión Nacional de la UCR; Stubrin, exembajador en Colombia durante el macrismo; y Suárez Lastra, exdiputado de Cambiemos, apoyan a Gerardo Morales y les hubiera gustado que fuera precandidato a presidente;
*Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación;
*Changui Cáceres, dirigente de Unidos para Cambiar Santa Fe, una alianza que agrupa a radicales, el PRO, socialistas y demócratas progresistas, entre otras tendencias.
Dos casos que se diferencian del resto. Sergio Karakachoff y Leopoldo Moreau participaron en la fundación de la Coordinadora. Karakachoff, abogado especializado en derechos humanos, fue asesinado por la dictadura en 1976; Moreau se alejó de esa corriente años más tarde, fue una figura central durante el gobierno radical 1983-1989 y hace una década que su Movimiento Nacional Alfonsinista sintoniza con el kirchnerismo.
Germán Ferrari es profesor de Periodismo Gráfico y Taller de Periodismo Gráfico en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ). Sus últimos libros son Osvaldo Bayer. El rebelde esperanzado (2018), Pablo Rojas Paz va a la cancha. Las crónicas futbolísticas de «El Negro de la Tribuna» (2020) y Raúl González Tuñón periodista (en prensa).
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