“No tengamos miedo de soñar en grande, buscando los ideales de justicia y de amor
social que nacen de la esperanza”.
Papa Francisco, 23 de septiembre de 2020
Ante el debate parlamentario sobre la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad a 13 años, queremos expresar algunas ideas que surgen como fruto de conocer la realidad carcelaria, de trabajar con menores infractores de la ley, y de la cercanía con nuestros hermanos presos, sus familias y todos los actores que forman parte del mundo de la carcelación.
Sí, consideramos que es necesario un nuevo régimen penal juvenil, que acompañe y promueva integralmente el desarrollo de los menores, pero sin bajar la edad mínima de imputabilidad. Hay un marco y un recorrido social desde que alguien es concebido hasta que comete un delito. Como sociedad, tenemos que sentirnos responsables para ayudar a prevenir la conducta de los niños y jóvenes que transgreden la ley. Debemos reflexionar: ¿Quiénes estuvieron presentes para brindar contención en momentos decisivos? ¿La familia? ¿El Estado en general? ¿La escuela? ¿La Iglesia? ¿Los vecinos del barrio?
Es por ello que, en la Pastoral Carcelaria, decimos que cuando alguien comete un delito, trasgrede la ley y cae preso, es porque alguien estuvo ausente: la familia, la sociedad, el Estado, la escuela, la Iglesia. “Aquí y en cualquier sociedad del mundo, las altas tasas de inequidad, exclusión y pobreza van acompañadas de altas tasas de conflicto con la ley penal”, como advierte el docente e investigador Carlos Ciappina. En ese sentido, también hay que considerar el proceso de desarrollo cognitivo y psicológico completo de una persona, que le permite razonar, anticiparse, planificar o realizar juicios críticos, y que a la edad de 18 o 19 años aún está incompleto.
Además, es necesario hacer un relevamiento integral de la situación de los menores que delinquen, que debe ser fruto de una estadística real y presente: en el ámbito social, cultural, familiar y económico, para entender mejor las causas de sus acciones y permitir una intervención más efectiva del Estado, por lo que se hace necesario un trabajo de prevención urgente que implica un mayor compromiso. También contar con el presupuesto necesario para acompañar a menores en conflicto con la ley, pero también de todas las instituciones que forman parte de la sociedad civil, con profesionales idóneos y comprometidos.
¿Un criminal nace o se hace?
Una pregunta que requiere una mirada a fondo, que de alguna manera nos haga recordar y repensar también a nosotros “¿qué llegará a ser este niño?”, para poder acompañar y encauzar la vida y la formación de nuestros menores hacia un futuro prometedor, sin mutilar los derechos fundamentales que posibilitan un legítimo desarrollo.
“Necesitamos a los jóvenes, necesitamos su creatividad, sus sueños y su valentía, su simpatía y sus sonrisas, su alegría contagiosa y también esa pizca de locura que saben llevar a cada situación, y que ayuda a salir del sopor de la rutina y de los esquemas repetitivos en los que a veces encasillamos la vida”, plantea el Papa Francisco. Los necesitamos, pero NO presos, sino como parte de una sociedad más justa, sana, solidaria, que los incluya para participar y evolucionar, no encerrados en una decadente y oscura involución.
Nunca el encierro, ni penas más duras, ni la baja de la imputabilidad, son la solución para detener la violencia. Son salidas superficiales y sin lógica de solución hacia el futuro. “La esperanza cristiana no es un fácil optimismo, ni un placebo para incautos… no es negación del dolor y de la muerte”, como dijo el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud de 2023.
Por eso, es importante pensar acerca de la implementación de la ley, pues las estadísticas no justifican su aplicación. Se conoce que los delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 16 años representan el 0,4%, un porcentaje bajo del total de delitos en el país, y que el porcentaje de participación en homicidios es del 0,7% (Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte Suprema de la Nación, informe estadístico 2023). Además, las normativas internacionales y recomendaciones de organismos como UNICEF y la ONU, sugieren mantener una edad mínima alta para la imputabilidad, protegiendo los derechos de los menores.
Es necesario pensar con esperanza la realidad de los niños y jóvenes. Tanto Monseñor Jorge Lozano como otros obispos expresaron su negativa ante la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. La Iglesia Católica insiste en la prevención. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva cristiana y de compromiso con la realidad carcelaria, conociendo de cerca todo lo que está en relación con el delito y la justicia, afirmamos, como ya lo hemos hecho en otras oportunidades, un “no a la baja de la edad de la imputabilidad”.
Estamos dispuestos a seguir dando razones de nuestra esperanza y una vida nueva para todos, en un mundo de hermanos, donde todos tengamos las mismas oportunidades y posibilidades para crecer y salir adelante en la vida.
*Secretariado nacional de la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria, agosto de 2024.
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