Por Gabriela Granata*
El Gobierno de Javier Milei tuvo, desde su primer día, una ampulosidad gestual y verbal que no abandonó en los dos meses que lleva de gestión. La asunción fue una puesta en escena con una jura austera en el recinto y un discurso inflamado fuera del Congreso, de espaldas al edificio y mirando a la plaza.
A partir de allí, las medidas que se anunciaron, dispusieron o pretendieron imponer fueron de una profundidad simétrica con la falta de diálogos y búsqueda de consensos. La primera fue cambiaria: una devaluación que duplicó la cotización del dólar y que impactó en una escalada de precios. Se especulaba en la previa que iba a ser de un 60% y fue del doble. A partir de allí, todo fue sin anestesia.
El 20 de diciembre, Milei y todo su gabinete firmaron el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 que plantea una desregulación total de la economía, que se replicaría después en la “Ley Bases” que el Congreso Nacional comenzó a discutir un mes después. El aviso del rumbo que iba a tomar había estado en la campaña electoral. La evidencia se plasmó en los 366 artículos del DNU, que inicia así: “Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Sería calcado luego para pedir la delegación de facultades por parte del Congreso.
Por qué el Gobierno de Milei viaja a los extremos con un DNU desmesurado y una ley exagerada que encontró ya límites en la Justicia y en la dinámica parlamentaria es la pregunta que cruza la dinámica de estas primeras semanas de gestión. La acumulación de poder real del que carece La Libertad Avanza hace necesaria la construcción de un relato de gestión. Pero, mientras el Congreso se toma días para discutir la mega ley, se está produciendo un recorte profundo de la distribución de recursos entre la Nación y las provincias; un retiro brusco del Estado como factor de equilibrio y un ajuste que empieza a mostrar el daño a los sectores de menos recursos que, paradójicamente, son parte de la base electoral de LLA.
Contando votos en las urnas y en el Congreso
En las jornadas de debate en la Cámara de Diputados, en medio de los cruces y las responsabilidades por la represión fuera del Congreso, los discursos más lúcidos fueron los más cortos, sobre una pregunta simple que no tuvo respuesta clara: cuál es el plan.
El ministro de Economía, Luis Caputo, retiró del megapaquete legislativo el denominado capítulo fiscal, una especie de corazón tributario en busca del equilibrio de las cuentas públicas, que incluía suba de los derechos de exportación (DEX) o retenciones, blanqueo, moratoria y en ley aparte, la reinstalación del Impuesto a las Ganancias.
De a poquito, el oficialismo fue desarmando el megapaquete para sentar las bases refundacionales porque esa bases se iban concretando por fuera del Congreso: devaluación, 69 normativas derogadas sobre información de estructura de costos y tasas de financiamiento, suba de impuestos a combustibles, unificación cambiaria y eliminación de subsidios al transporte y la energía, sumado a la liberación de las tarifas que impactan en forma directa en el costo de vida y que celebró el Fondo Monetario Internacional en su comunicación del 31 de enero, cuando elogió el plan de Milei y reiteró el pedido de salida del cepo cambiario.
El espejismo del ballotage
El debate en el Congreso supuso también poner en evidencia otro debate acerca de los votos obtenidos en las elecciones presidenciales y cuál es el poder real que se acumula. Javier Milei sumó 56% en la segunda vuelta, luego de un 30% inicial que obtuvo tanto en las primarias en las que fue el más votado, como en la primera vuelta electoral, donde se ubicó segundo.
Desde La Libertad Avanza repitieron la legitimidad de imponer su proyecto desde ese “56% de los votos”, aunque algunos legisladores como Mariela Coletta, de la UCR, plantearon en el recinto que fue “una elección de tercios” y Milei tuvo un 26% extra que aportaron los votantes en la segunda vuelta. En el debate parlamentario quedó claro que ese 26% tiene representaciones múltiples y que no es una transferencia directa a la bancada libertaria.
Pero también se metió otro debate transversal, respecto de la representatividad local. Si Milei fue elegido por el 56% de los votantes en segunda vuelta, los gobernadores tienen también su propio caudal y legitimidad para defender los recursos de sus provincias.
Mandato del Gobierno Nacional vs mandato de los Gobernadores. 👇 https://t.co/c8cqBnRMUZ
— Javier Correa (@javicorrea10) January 26, 2024
El reparto
Hay dos elementos centrales en el reparto de fondos entre la Nación y las provincias. De los impuestos nacionales que se recaudan (por consumo y por actividad comercial y productiva en las provincias, claro) una parte se envía en forma automática -coparticipación- y un 1 por ciento son transferencias denominadas discrecionales, ya que las asigna el poder central sin estar preestablecido.
En enero, primer mes pleno de gestión de Milei, las transferencias automáticas a las provincias cayeron un 17% real, es decir, descontada la inflación. Y las discrecionales se desplomaron un 64%. El ajuste está en marcha, con o sin ley; con o sin DNU; y sin dudas, sin diálogo puede empeorar. Hay un dato clave en el debate: con la suba del mínimo imponible del Impuesto a las Ganancias, las provincias vieron dañados sus ingresos.
La Fundación Mediterránea lo explica así: “La reforma al Impuesto a las Ganancias ocurrida a mediados de septiembre del año pasado, al calor del proceso electoral, horadó los ingresos tributarios nacionales en 0,19% del PIB en el último trimestre de 2023 y lo haría por 0,83% del PIB, si no hay reversión, durante todo el año 2024. Dado que se trata de un impuesto coparticipable, la reforma también significó una caída de recursos para las provincias por 0,11% del PIB en 2023 y lo haría por 0,48% del PIB en 2024. Por su parte, si como consecuencia de la actual recesión cae adicionalmente la recaudación de otros impuestos nacionales, ello también afectará negativamente los ingresos provinciales, cuando se trata de impuestos nacionales coparticipables”.
Esto es, hay una retracción de recursos por medidas decididas por el Gobierno nacional que perjudica a las provincias, y un ajuste en marcha que puede perjudicarlas aún más.
Gabriela Granata es Licenciada en Periodismo de la Universidad de Lomas de Zamora y cursa una Maestría en Comunicación Digital e Interactiva en la Universidad de Rosario. Es docente de las materias de Taller de Redacción Periodística (UNLZ) y de Periodismo Político, Introducción al Periodismo y Prácticas profesionales en las Universidades Católica Argentina (UCA) y de Belgrano (UB). Realizó cursos de posgrado en Comunicación Política en Flacso.
Se desempeñó como redactora y editora en agencias de noticias NA y Télam, en el diario Crítica, dirigió la revista de actualidad Veintitrés, y actualmente es la directora Periodística del diario especializado en economía BAE Negocios baenegocios.com
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