Con las campañas electorales, se amplía el foco sobre las propuestas y opiniones de los espacios y candidatos. Mientras estos dos temas son utilizados por las distintas fuerzas de la oposición como caballitos de batalla para abrirse paso en el electorado, para Unión por la Patria son terrenos difíciles de abordar debido a las discrepancias que generan, tanto al interior del espacio como al interior de su base electoral.
Por Camila Rodríguez Nardi*
Oficialmente, ha iniciado el período de campaña electoral, lo que significa que hasta las 8 horas del 11 de agosto las y los precandidatos tendrán tiempo para presentarse a sí mismos y a sus plataformas, que no se limitan a planes de gobierno macro o proyectos específicos -planes para frenar la inflación, dolarización sí o no, estrategias para el pago de deuda- sino que comprenden la totalidad de opiniones y posicionamientos que cada uno tiene sobre una amplia gama de temas de agenda pública e interés para la sociedad. Independientemente del programa que cada (pre)candidato ofrezca y de las discusiones que busque instalar, la sociedad se reserva el soberano derecho de imponer sus propias cuestiones de interés. Esto es, formular sus preocupaciones como demandas concretas que pretenden llegar a los oídos de quienes se disputan la conducción del país. Como es de esperar, la agenda de la sociedad a menudo difiere de la agenda política, pero también lo hace hacia su interior: los diferentes segmentos sociales se interesan y movilizan por temas distintos. Los partidos políticos que los representan, también.
Dentro del abanico de los tópicos de interés históricos para el electorado argentino (educación, salud, economía, seguridad social, dólar, inseguridad, empleo, desarrollo) dos temas destacan en el espacio kirchnerista por la especial incomodidad que le generan: inseguridad y planes sociales. Mientras otras fuerzas políticas hacen de ellos ejes de campaña -y caballitos de batalla-, para la coalición oficialista, pronunciarse sobre estos dos temas significa entrar en terreno pantanoso y, la mayoría de las veces, alimenta turbulencias internas por discordancias entre sus miembros. Alcanza con analizar los casos de Victoria Tolosa Paz y Sergio Berni, dos figuras discutidas al interior del espacio peronista-kirchnerista.
El debate sobre los planes sociales
La ministra de Desarrollo Social, actualmente envuelta en (otras) disputas de poder de público conocimiento, tomó una decisión para nada ligera al dar de baja casi 90.000 planes sociales a inicios de este año. Como era esperable, la medida no fue gratuita: hubo días enteros de movilizaciones y algunos cruces con integrantes propios de la coalición oficialista, como Juan Grabois, ahora precandidato presidencial que disputará la interna de Unión por la Patria con Sergio Massa. Por supuesto que la medida suena antipopular, especialmente en un contexto de agravada crisis económica y alarmantes porcentajes de personas bajo la línea de pobreza, y tensiona el vínculo del Gobierno con los movimientos sociales, importantes aliados. Sin embargo, la ministra logró concretar el recorte y lo hizo con saldo positivo en buena parte de la opinión pública.
¿Los motivos? Por más que el asistencialismo como vehículo de la justicia social sea una de las grandes banderas del kirchnerismo -aunque la principal líder del espacio, Cristina Fernández de Kirchner, viene abordando el tema en sus últimos discursos para reivindicar que al finalizar esa etapa política, en 2015, se habían reducido drásticamente por la generación de empleo- dos situaciones que suceden en simultáneo ponen peros en el asunto. La primera es la conocida agenda de ajuste fiscal. La segunda, la recepción social de sus propios votantes sobre la, a priori, impopular medida.
Una encuesta nacional conducida por la consultora Julio Aurelio-Aresco ayuda a conocer la opinión pública al respecto: 8 de 10 encuestados considera que existe un alto grado de irregularidades en la asignación de planes sociales. Al consultar por la necesidad de recortarlos “para bajar el gasto público”, el 56% se manifestó a favor. El siguiente dato es aún más interesante: al abrir el porcentaje de acuerdo al nivel socioeconómico, se observa que el 61% de los encuestados de clase baja están a favor de reducir los planes, la cifra más alta entre los tres estamentos (el 52% de la clase alta está a favor y apenas el 47% de la media).
Estos números cobran vida en entrevistas grupales, donde se registra mes a mes un mayor nivel de resentimiento hacia los beneficiarios de programas estatales. El clivaje “laburante-vago”, tradicionalmente propio de segmentos sociales identificados con partidos de carácter más conservador, hoy ha tomado fuerza en buena parte de la sociedad, convirtiéndolo en un tema de agenda para todos los partidos. No son únicamente los votantes ajenos al kirchnerismo quienes reclaman control en las asignaciones sociales, sino los propios. El problema es cómo balancear discursos y políticas que reúnan a todo el espectro de la base electoral, beneficiarios directos de los programas y sus detractores. Las tensiones son inevitables.
Inseguridad, el tema que siempre se impone
Similar situación ocurre con la inseguridad. Acaso la exministra de Seguridad de la Nación Sabrina Frederic y su entonces par en la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sintetizaron perfectamente los diferentes enfoques que coexisten en un mismo espacio político. La inseguridad, hace ya varios años, escolta a la situación económica en el podio de las principales inquietudes de las y los argentinos. El miedo a ser víctima de un hecho de inseguridad ocupa el segundo lugar de los problemas (36% de las menciones, luego del 59% que reúne la inflación), de acuerdo a un sondeo de la Universidad de San Andrés, realizado en marzo de este año y respondido por 1.001 personas de todo el país de 18 años en adelante. Al preguntar por el nivel de satisfacción con distintas áreas de gestión del Gobierno nacional, la política de seguridad obtuvo un contundente 89% de insatisfacción.
Las interpretaciones sobre el fenómeno de la inseguridad pueden agruparse en dos grandes sentidos. Un encuadre socioeconómico que identifica a la inequidad sistémica y la falta de oportunidades de desarrollo como el factor fundamental para comprender la delincuencia. En pocas palabras: “Ningún pibe nace chorro”. El segundo pone el foco en el diseño judicial y político que consiente actitudes permisivas con el delito o, por el contrario, diseña estrategias de protección de la ciudadanía a costa de políticas más restrictivas y punitivistas. “Mano dura”, “puertas giratorias” y “garantismo” son las expresiones que acompañan la segunda visión. Si alguien quisiera leer la renuncia de Frederic en clave de juego de suma cero, podría concluir que triunfó el enfoque Berni, es decir, un acercamiento más duro hacia la problemática y las posibles estrategias de intervención. Lo cierto es que tanto la lectura socioeconómica que personificaba la exministra como la concepción de “mano dura” del actual ministro bonaerense son interpretaciones que tienen anclaje en la sociedad, y en los votantes del espacio oficialista.
Nuevamente el dolor, como sucede en cada esquina. Argentina no puede seguir así. No se puede seguir viviendo con miedo. Necesitamos un cambio profundo. Esto no da para más.
Conmigo se termina la impunidad de los delincuentes. pic.twitter.com/eo8i1lv4S8
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 9, 2023
Un relevamiento realizado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (UBA) a partir de 2021 con encuestas a ciudadanos de siete grandes conglomerados urbanos registra las causas que los diferentes votantes atribuyen a la inseguridad. Mientras que los del (ex) Frente de Todos la atribuyen a las “amplias diferencias socioeconómicas entre ricos y pobres”, a la “pobreza y marginalidad” y a la “corrupción policial”, los votantes de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza señalan a los “jueces garantistas que dejan libres a los delincuentes”, “beneficios excesivos para los delincuentes” y “pérdida de la cultura del trabajo y el sacrificio”. Hasta aquí podríamos pensar que el electorado kirchnerista comparte una misma visión que adhiere al primer enfoque. No obstante, la segunda parte de la encuesta explica la dificultad de la problemática. El 97% del total de los encuestados considera que el que roba o delinque nunca paga por sus actos, con la misma distribución entre los diversos votantes. Asimismo, el 72% considera que los delitos graves no tienen condenas acordes y el 94% advierte que es necesario realizar cambios en las leyes penales para delitos graves.
Si bien la mayor parte del electorado kirchnerista suele realizar el ejercicio empático de correrse del lugar del damnificado para comprender por qué el otro, aparte de ser victimario, es víctima, esto resulta una explicación insuficiente para abordar los efectos del fenómeno. La comprensión de las causas sistémicas no anula las demandas de condenas y leyes más duras. Los recurrentes episodios de inseguridad y violencia -como el asesinato del colectivero Daniel Barrientos en La Matanza en abril, que generó una oleada de protestas- son acompañados por reclamos de medidas duras que protejan a los vecinos a como dé lugar. La designación y el sostenimiento de Sergi Berni como ministro en la Provincia de Buenos Aires responden al conocimiento por parte del Gobierno provincial (y nacional) de la urgente necesidad de aplacar la escalada de delincuencia y violencia, al menos desde la actitud y narrativa firme que propone el funcionario.
En este contexto, mientras Juntos por el Cambio unifica discursos, aunque matice los modos, sobre diagnósticos y reformas en materia de planes sociales y el tratamiento de la inseguridad, para el espacio kirchnerista resulta más seguro evitar pronunciarse al respecto, y priorizar otros temas de agenda que le sean menos incómodos.
*Es licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y se dedica a la investigación social y opinión pública a nivel nacional e internacional. Formó parte del equipo de la consultora Trespuntozero y actualmente integra Poliarquía Consultores, donde se dedica a la investigación cuantitativa y cualitativa de fenómenos sociales, políticos, económicos, sociológicos y de mercado. Emplea metodologías cuantitativas y cualitativas, pero su especialización se centra en las segundas, utilizando técnicas como la etnografía, las entrevistas en profundidad y los grupos focales.
En paralelo a su trabajo en el ámbito de la opinión pública, actualmente se desempeña como asesora en el Ministerio de Comunicación Pública de la Provincia de Buenos Aires, donde forma parte de un proyecto de monitoreo y evaluación de la gestión comunicacional del Gobierno bonaerense.
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