Este 26 de junio se cumplen dos décadas de los asesinatos de los militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán durante un corte en el Puente Pueyrredón, en medio de la crisis más profunda de la historia reciente del país. Si bien los principales autores materiales de la masacre fueron condenados, en esta nota el autor reflexiona sobre la demora de la Justicia en investigar las responsabilidades intelectuales del que, asegura, “fue y es un crimen de Estado”.
Por Sergio “Cherco” Smietniansky*
Foto: Agencia Paco Urondo
No se puede abordar la tarea de pensar los 20 años de la Masacre de Avellaneda sin poner el foco en su autoría intelectual, porque no se trata de una redundancia, sino más bien de una obviedad. Es que, desde un primer momento, quienes desde diferentes roles y lugares empezamos a transitar el largo camino de la lucha por el juicio y castigo a los culpables, lo hicimos con el objetivo de que fueran a la cárcel no solo las manos duras que mataron, sino también las manos frías que mandaron a matar.
Entonces claro, así las cosas y a la luz de los hechos, queda en evidencia que es una lucha en la que estamos a mitad de camino. Pero lean bien: dije “estamos”, más no “nos quedamos”, ya que se trata de una disputa abierta y en plena vigencia, por lo que resulta sumamente interesante indagar e indagarnos sobre esta situación.
Cuando hablo de que estamos a mitad de camino, lo hago resaltando y valorando la trascendental importancia que tuvo el juicio contra los autores materiales que se desarrolló en 2006 en los Tribunales de Lomas de Zamora, donde el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 condenó a cadena perpetua a los entonces comisario inspector Alfredo Fanchiotti y cabo Alejandro Acosta.
Sin lugar a dudas, ese juicio y esas condenas no hubiesen sido posibles sin la gran lucha popular dada en las calles principalmente por los movimientos sociales, y sin la inconmensurable labor profesional y militante desarrollada en los Tribunales por un equipo de abogados y abogadas, entre los que se destacaron Claudio Pandolfi y Sofía Caravelos.
Pero ya en ese proceso quedó en evidencia que se pretendía circunscribir toda la responsabilidad penal únicamente en los dos policías responsables de gatillar los disparos homicidas de una masacre que, el 26 de junio de 2002, había dejado el saldo de dos muertos, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, y más de 100 heridos. Es que, en ese mismo veredicto, se impuso condenas muchísimo más leves para quien fuera el jefe de Fanchiotti, el titular de la Departamental de Lomas de Zamora Félix Osvaldo Vega, y para el oficial inspector Gastón Sierra, el jefe de calle Mario de la Fuente, el oficial Carlos Quevedo, el cabo Lorenzo Colman y el agente parapolicial Celestino Robledo.
Dicha circunstancia quedó mucho más expuesta con el posterior fallo de la Sala I de la Cámara de Casación Provincial, que terminó absolviendo a Vega, sobreseyendo a Robledo, reduciendo la condena a De la Fuente y manteniéndole las mínimas penas a Sierra, Quevedo y Colman. Eso permitió que ninguno de los restantes condenados en aquel juicio de 2006 en Lomas de Zamora, por fuera de los ya nombrados Fanchiotti y Acosta, terminara cumpliendo prisión efectiva.
Párrafo aparte -o quizás una nota, o por qué no un libro- merece el caso del sargento de la Comisaría 1º de Avellaneda, Carlos Néstor Leiva, quien sí fue condenado a 18 años de prisión, pero no por su intervención en los crímenes del Puente Pueyrredón, sino por otros hechos delictivos menores que cometió con posterioridad, los que incluyeron tenencia ilegal de arma de guerra, robo de automotor y el secuestro extorsivo de un afamado cantante de música tropical.
Sobre el poder y la impunidad
Pero aunque no sepan si llorar, reír o indignarse por lo que acaban de leer, les pido que volvamos a lo que nos trajo hasta acá. Porque como se estarán imaginando, con esos antecedentes de impunidad concedida a los restantes responsables materiales de la Masacre de Avellaneda, era de prever que conseguir avanzar en el enjuiciamiento y condena de los autores intelectuales iba a resultar una tarea extremadamente compleja, más por razones políticas que por jurídicas. Aunque, como ya se sabe, unas y otras suelen ir de la mano. Y así fue.
¿Realmente alguien en su sano juicio podría afirmar que una operación represiva planificada que incluía el despliegue y accionar conjunto en los principales puntos de acceso a la Ciudad de Buenos Aires de fuerzas de la Policía Bonaerense, Policía Federal, Prefectura, Gendarmería, SIDE y hasta fuerzas parapoliciales, carecía de autores intelectuales?
A las pruebas me remito, ya que nos bastaría con leer la tapa del diario La Razón del día anterior a los hechos. En esa edición del 25 de junio de 2002, el vespertino titulaba a toda página que el Gobierno iba a considerar como una “acción bélica” el corte de puentes y demás accesos a la Ciudad.
Foto: Sergio Kowalewski.
¿Puede no ser un acto criminal el considerar como una “acción bélica” una multitudinaria manifestación de gente hambreada que reclama por cuestiones básicas relacionadas a su subsistencia? ¿Por qué -con fundamentadas razones- espanta tanto la expresión “aniquilar a la subversión” utilizada en el ‘75 por Isabelita, Ítalo Luder, Carlos Ruckauf y compañía, al tiempo que pareciera que se naturaliza conciente o inconcientemente (valga o no semejante acto de inconciencia) la expresión “acción bélica” usada en 2002 por el entonces Presidente Eduardo Duhalde y sus funcionarios Juan José Álvarez, Alfredo Atanasof y compañía?
Tal como leyeron, el 25 de junio de 2002, Álvarez, entonces Secretario de Seguridad Interior de la Nación, anunció que el intento de corte de los puentes de acceso a la Ciudad de Buenos Aires iba a ser tomado por el Gobierno como una “acción bélica” y que se iba a actuar en consecuencia. Y así fue: la Masacre de Avellaneda fue un crimen anunciado y perpetrado por el Estado. Es decir que fue, y es, un crimen de Estado.
Los autores intelectuales en realidad no son más que los responsables políticos. Y en honor a la verdad y al real significado de esas dos palabras de la lengua castellana, hay que reconocer que todos estos personajes tienen mucho más de “políticos” que de “intelectuales”. Y quizás ahí esté la clave para comprender por qué aún hoy siguen gozando de impunidad quienes fueron responsables de ordenar, planificar y/o encubrir la Masacre de Avellaneda.
Porque estos políticos no son políticos a secas, sino políticos con poder. O mejor dicho, con poder político, ya que en este caso el orden de los factores no altera el producto y, como es sabido, las políticas de impunidad son políticas de poder cuando se trata de políticos con poder. Y en el asunto de marras, vaya si lo son. Entonces resulta fundamental comprender que cuando hablamos de los Duhalde, Atanasof, Solá, Rodríguez, Matzkin, Vanossi, Genoud, Fernández y demás etcéteras, de lo que estamos hablando es de “políticos de Estado” lo que nos deja a tan solo una “a” de distancia de poder decir que son “políticas de Estado”.
Todo esto nos lleva a la simple y obvia conclusión que ya ustedes sabían desde mucho antes de empezar a leer esta nota: que la vigente y estrecha relación que mantienen los responsables políticos de la Masacre con el poder, es la principal razón por la cual no avanza la causa de Comodoro Py que los investiga. Porque seamos claros: Duhalde, más allá o más acá de quien gobierne, nunca dejó de tener poder en los gobiernos. Y de sobra. Porque volvamos a ser claros, pruebas en su contra hay, y también de sobra. En este último punto, vale aclarar que no es lineal ni directo el camino probatorio para llegar a los responsables políticos de un crimen (y más aún si es uno de Estado). Se trata más bien de una sumatoria de pruebas donde se entremezclan los hechos y el derecho con el poder y las estructuras, o mejor dicho, con las estructuras de poder, ya que nuevamente en este caso, el orden de los factores no altera el producto.
Entonces empezamos a entender por qué se llegó a condenar -al menos- al secretario de Seguridad de la Alianza, Enrique Mathov, y al jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, por sus responsabilidades en la represión del 20 de diciembre de 2001, pero nunca se avanzó sobre los que planificaron, ordenaron y/o encubrieron la del 26 de junio de 2002. Siguiendo en esa lógica de razonamiento, ¿alguien realmente piensa que existen más elementos para responsabilizar al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, por la autoría intelectual del asesinato del militante Mariano Ferreyra en octubre de 2010, que los que existen para condenar a Duhalde y compañía por los de Darío y Maxi?
Así las cosas, cabe poner la lupa en analizar cuánto poder tenían esos condenados al momento de la condena. Porque una cosa es pertenecer a las esferas de poder, otra es formar parte de las estructura de poder, y una muy distinta es tener poder. Pero ojo, porque el poder -al igual que la impunidad- no son privilegios eternos, sino que están en disputa, siempre y cuando existan quienes estén dispuestos a disputarlos.
Justamente, la movilización del 26 de junio de 2002 fue un hecho político que pretendió, desde su génesis, enfrentar a ese poder, o mejor dicho, ir cimentando un contrapoder. Entonces, por lógica y consecuencia, quienes seguimos reclamando por juicio y castigo para todos los responsables de la Masacre del Puente Pueyrredón continuamos por esa misma senda. Efectivamente, la lucha “por” Darío y Maxi sigue tan vigente como la lucha “de” Darío y Maxi.
Eso es así aunque moleste, aunque incomode, aunque atente contra la impudorosa tentación de encapsular esa parte de la historia en el nostálgico mundo de las efemérides. Pero muy especialmente, eso es así aunque haya quienes pretendan conmemorar la Masacre desde las entrañas mismas de un Gobierno que tiene la responsabilidad intelectual de haber cobijado, reciclado y hasta entronado a sus responsables intelectuales. Ahora sí, valga la redundancia, y también la repugnancia.
*Sergio “Cherco” Smietniansky es militante de Derechos Humanos y abogado. Integró la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), donde organizó la campaña de búsqueda de los policías prófugos de la Masacre de Budge, y la Coordinadora Sur contra la Represión Policial e Institucional. Además, es cofundador de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (CADeP), organismo en el que milita hasta la actualidad, y miembro de Banfield por los Derechos Humanos y de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino. Padre de 3 hijas, hincha de Banfield, admirador de Garrafa Sánchez y amante de SUMO.
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