Úrsula Bahillo fue asesinada por su expareja, un policía de 25 años. Había radicado al menos tres denuncias, pero el Poder Judicial no cruzó las causas que ya tenía abiertas su femicida y no estableció medida alguna que la resguardara de la violencia. Los tribunales son eje de la crítica y hoy serán sede de protestas en todo el país.
Matías Ezequiel Martínez salió el lunes 8 de febrero de la ayudantía fiscal de Rojas con gesto compungido. Escuchó lo que le dijeron las funcionarias y caminó hacia la puerta con la cabeza gacha. Lo habían citado porque, ese fin de semana, su expareja, Úrsula Bahillo, una chica de 18 años a la que él no dejaba en paz, había vuelto a denunciar que Martínez se le había aparecido dos veces, pese a la orden que tenía de no acercarse. Se fue pisando liviano, casi como un angelito, comentaron. Esa misma noche, la ayudante fiscal Nora Fridblatt recibió un llamado en su celular: Martínez había asesinado a Úrsula.
El femicidio de Úrsula sacude al país desde hace poco más de una semana. Rojas, un partido ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, está convulsionado, pero el temblor llega hasta otras latitudes. Ella había avisado que un día podía no volver. Se lo había dicho a sus amigas, pero también había ido a pedir ayuda a la Justicia y a la Policía. Nadie advirtió el riesgo que entrañaba ese exnovio, que era, además, efectivo de la Policía Bonaerense. La Justicia quedó en la mira por su incapacidad de prevenir. Por eso, este miércoles 17, a las 17, los tribunales de todo el país serán sede de protestas para reclamar por una mejor Justicia. ¿Será posible?
Lo que el Estado no escuchó
Martínez estuvo ahí: ante la mirada de funcionarios judiciales y bajo el control de la fuerza de seguridad a la que pertenece. La Justicia pudo buscar sus antecedentes, enterarse de que estaba pronto a sentarse en el banquillo por haber amenazado de muerte a una expareja, o que un fiscal estaba pidiendo su detención por haber abusado sexualmente de una menor de edad con una discapacidad, que era sobrina de una agente policial que fue pareja suya. Pero no lo hizo.
La Policía Bonaerense es otra historia. Martínez prestó funciones cinco años en la fuerza. Ingresó en septiembre de 2015 con una formación exprés y en septiembre del año pasado quedó con carpeta psiquiátrica, con un diagnóstico de que no era apto para la tarea y con el retiro del arma reglamentaria, que ya había empuñado contra otra de sus exparejas. En su legajo, constan denuncias desde 2017 y traslados constantes, que se debían a sus inconductas. Consultados para esta nota, voceros policiales alentaron la teoría del círculo nada virtuoso: una denuncia no implica una condena. Pero nadie tampoco prestó atención a esa advertencia.
Las estadísticas demuestran que los femicidios cometidos por policías son recurrentes, sostiene el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Entre 2010 y 2020, 48 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas que integran las fuerzas de seguridad. Diecisiete de ellas eran, también, funcionarias policiales. Las estadísticas del CELS contemplan únicamente casos de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires. Los femicidios en manos de policías son todavía más.
Martínez mató a Úrsula de múltiples puñaladas en la nochecita del lunes 8 en un paraje de Guido Spano, ubicado a unos 14 kilómetros de Rojas. Llamó a un familiar y le confesó que se había “mandado una cagada”. Se quiso escapar a pie, pero la Policía lo detuvo. “No hubo complicidad”, remarcan desde la fiscalía que investiga el caso. Lo que sí hubo, después de la aprehensión de Martínez, fue una represión sobre vecinos y amigos que salieron a protestar por lo que había sucedido con Úrsula.
Hubo ira contra los funcionarios, contra el juez de paz que ordenó que le entregaran un botón antipánico a la adolescente pero cuya orden nadie leyó en el Municipio hasta el día después del asesinato de Úrsula. Hubo desconexión entre las distintas agencias estatales que debían dar una respuesta y prevenir. La diferencia está en la prevención, el castigo parece ser una práctica más conocida por todos los actores involucrados.
Martínez está detenido en una alcaidía de Junín. Su mera presencia causa furia. El fiscal a cargo del caso, Sergio Terrón, debió mantener bajo reserva qué día iba a indagarlo y debió trasladarlo 55 kilómetros, hasta otra fiscalía de Chacabuco, para poder sentarse frente a frente con Martínez. El policía de 25 años no dijo nada el viernes pasado cuando llegó el momento de la indagatoria. En los próximos días, el fiscal va a pedir que la detención se convierta en prisión preventiva y, en cuanto complete las medidas de prueba, va a solicitar su elevación a juicio bajo los cargos de femicidio agravado por premeditación y alevosía. La pena es de prisión perpetua.
El grito que vuelve a surgir
El caso de Úrsula tomó relevancia nacional. Son muchos los factores que pueden explicar que así sea: una Justicia que no actuó como debía -que no cruzó datos y que minimizó posiblemente las denuncias de una madre y una hija asustadas-; una Policía, a la que pertenecía el femicida y que terminó reprimiendo a quienes pedían justicia; una vida truncada demasiado joven y una madre, Patricia Nasuti, que prometió hacer justicia, es decir, lo que las instituciones debían hacer pero no hicieron.
Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad nacional, dijo en declaraciones radiales que, ante la desobediencia de la orden de no acercarse a Úrsula, la Justicia debió haber dictado una orden de detención de Martínez, que hubo un abuso de prisiones preventivas en los últimos años pero que esta figura no se usa cuando se trata de las vidas de mujeres que están en riesgo. La otra respuesta fue el anuncio de la creación del Consejo Federal para el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios para dar respuesta ante los hechos de violencia extrema contra mujeres y LGBTI+, en el que articularán políticas los ministerios de Mujeres, Justicia y Derechos Humanos y Seguridad, y al que se invitará a integrantes del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Nadie puede asegurar que allí anide la respuesta, pero fue una cristalización al interior del Estado producida por la conmoción ante el asesinato de Úrsula.
El mismo día de la creación del Consejo, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, dedicó un largo hilo de tuits a criticar a la Justicia Federal por sus relaciones con el gobierno de Mauricio Macri, pero también aportó una estadística sobre la percepción que socialmente se tiene del Poder Judicial. Según el estudio que compartió la funcionaria, el 87,9 por ciento de los encuestados descree de su accionar.
Fue una de las conclusiones que surgieron en una semana en el que el caso Úrsula mostró que los operadores judiciales parecen haber aprendido poco, a casi seis años de que se escuchara el primer grito de Ni Una Menos que hoy volverá a resonar en los tribunales de todo el país. Por Úrsula y por todas.
Luciana Bertoia estudió periodismo en TEA y Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Trabajó en redacciones como el Buenos Aires Herald y El Cohete a la Luna, donde se ha dedicado a los temas judiciales y derechos humanos, especialmente, a aquellos vinculados a la memoria. Actualmente, trabaja en Página/12 y es docente en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
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