Cristina retomó el tema en su discurso en Ensenada, aunque sin dar detalles. Batakis no lo rechazó, pero se alineó a la política fiscal de su antecesor económico. En el medio, el cruce entre Cerruti y Grabois dejó más en evidencia las diferencias internas en el oficialismo. En síntesis: el debate contra el hambre parece diluirse en el choque de modelos de los Fernández.
Por Pablo Lapuente*
La propuesta de tener un Salario Básico Universal que contenga a los sectores más vulnerables de la sociedad parece diluirse con el correr de los días, pese a que la inflación amenaza con ganar nuevos récords que golpean de manera directa el bolsillo de las familias trabajadoras y la pobreza avanza sobre 18 millones de personas. El argumento de sus detractores en la oposición se centra en los costos que le demandará al Estado hacer frente a este proyecto, un razonamiento que se parece mucho al que repiten también en el albertismo. Todo eso pese a que los Fernández en el poder volvieron a hablarse hace tan sólo unos días y decidieron encumbrar en conjunto a la nueva ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, que si bien como dio cuenta Revista Cordón amalgama cualidades muy distintas a las de Martín Guzmán parece seguir las mismas líneas de política económica por la que, finalmente, se tuvo que ir el estudiante de Joseph Stiglitz.
El proyecto nació por iniciativa de los movimientos sociales, que tienen cierta participación en la Cámara de Diputados, pero no la suficiente como para empujar su aprobación. Por eso otros actores políticos del Frente de Todos con mayor volumen sumaron rápidamente sus respaldos para no dejar caer la iniciativa, tal como había sucedido en su momento con la fallida intervención de Vicentín para lograr la tan mentada soberanía alimentaria o la estatización de la Hidrovía, el canal navegable de 3500 kilómetros por la que pasa el 80 por ciento del comercio exterior argentino. Hablamos de Máximo Kirchner en nombre de La Cámpora y algunos espacios del Partido Justicialista bonaerense que conduce, hasta Martín Insaurralde en representación de los jefes comunales de la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, Cristina Fernández, que pidió dar el debate dentro de una pelea mayor por la distribución de la riqueza en Argentina.
En esa tensión política están albertistas y cristinistas, con los aliados que hay de un lado y del otro. El dato particular en este caso es que los movimientos sociales que hacen de sostén de un presidente desguazado en su poder, encuentran en La Cámpora y la vicepresidenta aliados en la misma causa. De hecho algunos días antes de que se abriera una discusión a cielo abierto en el oficialismo por los planes sociales, Juan Grabois y Andrés Larroque presentaron el proyecto en el Anexo de la Cámara de Diputados bonaerense, atentos a que el cuarto IFE no iba a llegar, como tampoco alguna otra política de ingreso para la capa poblacional que peor padeció los dos años y medio de pandemia y los cuatro de ajuste del gobierno de Cambiemos.
“Con cinco puntos de retenciones a la soja se paga el Salario Básico Universal”, insistió este miércoles el dirigente del Frente Patria Grande durante una asamblea que organizó en la estación de trenes de Constitución junto a la CTA de los Argentinos y la CTA Autónoma. Ahí anunció también que realizarán una marcha con cortes en todo el país, probablemente con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, para el próximo miércoles 20, en caso que el gobierno de Fernández no de muestras de respaldo a este proyecto y respuestas a otra batería de reclamos.
Según lo estimado por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), este salario demandará un 0,8% del PBI nacional, aunque algunos opositores hablan de 2 puntos porcentuales. Pese a su nombre no será universal, ni tampoco se acercará al monto de un salario. En principio estaría destinado sólo a sectores vulnerables de la sociedad, como las personas que se encuentran desempleadas o estén en la economía informal; también los inscriptos en la categoría A del monotributo; los anotados en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente, entre otros. Se calcula que podría llegar a unas nueve millones de personas, un número similar al que accedieron al IFE en momentos de aislamiento estricto por la pandemia.
Respecto al monto será equivalente a la Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en mayo fue de $14,401, según los datos oficiales del INDEC. Estará dirigido a personas de entre 18 y 64 años y quedarán exceptuadas aquellas que ya reciben ingresos por programas sociales, como Progresar o Potenciar Trabajo. A cambio de ese monto, los trabajadores y trabajadoras deberán integrar a talleres de formación profesional y capacitación laboral, y terminar sus estudios primarios y secundarios en el caso que no tengan el título.
Si el presupuesto para avanzar en una política de distribución de estas características no está, tampoco se sabe exactamente dónde están los ingresos en moneda norteamericana que se dieron por la suba de los precios internacionales de los alimentos por la pandemia, primero, y la invasión de Rusia a Ucrania, después. Sólo en los primeros cinco meses del año se acumularon exportaciones por US$ 35.917 millones, lo que representó un nivel récord; y, en la comparación interanual, crecieron 26,6% con respecto al mismo período de 2021 y superaron en 13% el récord previo de enero-mayo de 2013, con precios en máximos históricos, de acuerdo a datos que difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que dirige Santiago Cafiero.
El choque de modelos entre el presidente y su vice, que limita propuestas tanto de un lado como del otro, no beneficia a nadie, y menos en un marco de incertidumbre que también amenaza con llevarse puesto el avance del Salario Básico Universal. Los demás socios fuertes de la coalición como Sergio Massa tampoco lo tienen en agenda, y prácticamente se declara prescindible en el debate, mientras los legisladores y legisladoras que le responden no entran ni en el rechazo ni en la aceptación del proyecto. Tan así que sólo un puñado de representantes del Frente de Todos lució en sus bancas carteles con el lema Salario Básico Universal Ya, como Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli, que son parte de los movimientos sociales que impulsan el documento que todavía no fue tratado.
Así, mientras las diferencias en el peronismo se mantienen, pese a la calma de los últimos días tras la designación de Batakis, los principales líderes de Juntos por el Cambio prometen que si llegan al gobierno el 10 de diciembre del año que viene ellos sí implementarán reformas estructurales en los primeros días de gobierno, aunque, claro está, en otra dirección a la mencionada. Aún no dicen cómo, y en qué áreas, pero hay pistas que van dejando tanto en los sectores moderados que encabeza Horacio Rodríguez Larreta como en los más duros que están detrás de Mauricio Macri o Patricia Bullrich, y todas ellas conducen a reformas laborales y de reducción del rol del estado. Ni unos ni otros lo dicen en público, pero ya están lanzados en una campaña electoral frenética, convencidos que el gobierno del Frente de Todos tiene fecha de vencimiento.
*Pablo Lapuente es redactor acreditado en la Legislatura de la provincia Buenos Aires. Licenciado en Periodismo (UNLZ), productor en radio y televisión. Trabajó en medios de comunicación bonaerenses y nacionales.
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