Un hogar de niños que funcionó como campo de concentración

Carlos, María y Mariano Ramírez fueron llevados al Hogar Casa de Belén de Banfield después de que un grupo de tareas asesinara a su madre. Una jueza de menores impidió su restitución a su padre. Mientras tanto, los tres sufrieron todo tipo de abusos. Cuarenta años después siguen esperando justicia.

Por Luciana Bertoia*

 

Faltaba poco más de un mes para que asumiera Raúl Alfonsín cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación puso fin a un caso de cautiverio: el de tres hermanitos que estaban internados en el Hogar Casa de Belén, de Banfield.  Carlos, María y Mariano habían logrado salir con vida de un operativo policial en el que asesinaron a su madre y una jueza de menores los mantenía en un orfanato, donde sufrieron todo tipo de abusos, pese a que su padre –un preso político– y su tía los reclamaban. Cuarenta años después de que recobraran la libertad para reunirse con su padre, los hermanos Ramírez esperan que un tribunal oral reconozca sus padecimientos y asegure un Nunca Más para las violencias sufridas por las niñeces.

Julio Ramírez y Vicenta Orrega Meza se conocieron en Paraguay. En 1970, se casaron y se vinieron para Argentina. Acá, Vicenta dio a luz a Carlos en 1971. A los dos años, nació María Esther y, en abril de 1974, lo hizo Mariano. Julio era, entonces, presidente de una sociedad de fomento en Bernal y tenía una empresa que se dedicaba a hacer refacciones. Lo secuestraron en diciembre de 1974. Después lo legalizaron y lo alojaron en la Unidad 9 (U9) de La Plata.

La vida para Vicenta –o “Chela” como la conocían– fue particularmente difícil desde entonces. Tuvo que mudarse con sus hijos. Para marzo de 1977 estaba viviendo en una casita del barrio San José de Temperley, pero ya le había avisado a la dueña que iba a dejarla en los próximos días porque no podía costear el alquiler.

Nunca llegaron a irse porque un operativo diseñado desde la Brigada de Investigaciones de Lanús –más conocida como “El Infierno” mientras funcionó como centro clandestino– los sorprendió con una balacera poco después de las cinco de la mañana del 15 de marzo de 1977. Cuando comenzaron los tiros, el perrito que tenía la familia corrió despavorido a esconderse detrás de la heladera. Carlos salió tras él: quería resguardarlo. Vicenta empezó a llamar a su hijo mayor –de tan solo cinco años– para que fuera con ellos hasta la habitación. Cuando corrió hacia su mamá, a Carlos le rozó una bala en la nuca.

Con el mayor de sus hijos herido, Vicenta los preparó para sacarlos de la casita. Hay quienes recuerdan que batió un pañuelo blanco y pidió que salieran los chicos. Algunos testimonios indican que a Vicenta la ejecutaron de un tiro en la cabeza en la calle. Después, la patota mató a los otros dos militantes que se encontraban en la vivienda, José Luis Alvarenga y María Florencia Ruival. Los policías ordenaron a unos chicos que estaban con un carro que se llevaran los cadáveres. Según los registros, los cuerpos fueron trasladados al cementerio de Rafael Calzada. Los restos de “Chela” nunca aparecieron.

 

 

El martirio de los hermanitos

A Carlos, María y Mariano los rescató un matrimonio vecino. Raúl Vitasse y Otilia Fernández se quedaron con los chicos por unos días. Como nadie volvió por ellos, se acercaron a la comisaría de Adrogué para preguntar qué debían hacer. Allí les dijeron que fueran al tribunal de menores de Lomas de Zamora.

En su despacho, la jueza Marta Delia Pons recibió a Vitasse junto con la secretaria Nora Susana Pellicer. El encuentro sucedió el 21 de marzo de 1977, seis días después del operativo del barrio San José. Años después Vitasse dijo que la magistrada actuó como si hubiera sabido qué había pasado con la madre de los chicos. Sin embargo, en la carpeta que se abrió con su caso, los hermanitos figuraban como NN.

Inicialmente, el tribunal dispuso que los hermanitos se quedaran en el hogar Leopoldo Pereyra, de Lomas de Zamora. Menos de un mes después se acercó una señora al tribunal. Teresa Raquel Sotelo se presentó como miembro de la comisión directiva del Hogar Casa de Belén y solicitó que los chicos fueran trasladados a esa institución que funcionaba –y todavía lo hace– en la calle Pueyrredón al 1600 de Banfield.

Allí, los chicos estuvieron durante casi siete años. La jueza Pons –identificada por Abuelas de Plaza de Mayo como una magistrada que comulgaba abiertamente con la dictadura– hizo todo lo posible para que los hermanitos no volvieran a reunirse con su familia.

Desde finales de 1977, una tía –Lucila Domínguez– los buscaba a pedido de su papá. Lucila había viajado desde Paraguay para dar con sus sobrinos. Julio Ramírez le pedía a la jueza Pons desde la U9 que le devolviera a sus hijos.

En el Hogar Casa de Belén, los hermanitos sufrían todo tipo de violencias. Les decían que eran hijos del demonio, que su mamá era una prostituta y su papá un terrorista. Si querían castigarlos, podían golpearlos o ponerles la cabeza bajo la canilla. Después, estaban los abusos sexuales que comenzaron a muy temprana edad y la amenaza de muerte. Para ellos, no había juegos; había privaciones. Pasaban hambre y cuando sus cuidadores lo deseaban los mandaban a comer con los perros.

 

 

Un hogar cristiano

El cura Oscar Delgado Carrizo estuvo al frente de la parroquia Sagrada Familia de Nazareth de Banfield más de 20 años, hasta que murió en 1981. Durante ese tiempo, creó el colegio de la parroquia y, en 1977, conformó el Hogar Casa de Belén. Según una publicación local, el Hogar comenzó a funcionar el 19 de marzo de 1977, cuatro días después del operativo en el que mataron a la mamá de los hermanitos Ramírez.

Dos hombres, el “Gordo” y el “Flaco” –Juan Carlos Milone– los fueron a buscar al Hogar Pereyra y los llevaron al lugar. El Hogar Casa de Belén era manejado por el matrimonio de Dominga Vera y Manuel Maciel, que tenía tres hijos. Según declararon testigos, Maciel era conocido en la zona porque hacía changas. Los chicos recuerdan haberlo visto con uniforme militar o que realizaba reuniones con militares durante la noche.

Maciel, el “Gordo” y el “Flaco” fueron señalados por los abusos sexuales sufridos por los hermanos Ramírez. El mayor de los hijos Maciel, también. María contó incluso que ella le pidió ayuda al párroco, pero que cuando volvió al Hogar sus cuidadores ya estaban al tanto de su denuncia. La esperaba una golpiza feroz.

 

 

La reunificación

Julio Ramírez salió con “opción” de la cárcel a finales de 1980. No podía quedarse en el país, por lo que, con la asistencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pudo irse a vivir a Suecia. Desde allá siguió con los reclamos para recuperar a sus dos hijos y a su hija. Así fue como logró contactarse con el abogado Emilio Mignone, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y padre de una desaparecida.

Mignone tomó el caso y comenzó a reclamar a la jueza Pons que devolviera la guarda de los tres niños al padre. Pons usó distintas palabras para rechazar su solicitud, pero la misma idea que les transmitía a las Abuelas cuando iban a pedir por sus nietos o nietas robados: que jamás se los iba a entregar a una familia a la que ella ligaba con la “subversión”.

En un fallo del 22 de octubre de 1982, Pons escribió: “No es la Infrascripta quien proceda a externar a los menores y entregarlos a un padre que lejos de cumplir su rol de tal, no supo respetar las leyes de un país que lo albergó, traicionando los principios sustentados en nuestra Carta Magna y que tanta sangre demandó el consagrarla. Violaría el juramento efectuado al asumir mi función como Juez de Menores si diera curso a lo peticionado, porque padre no es solo el que da la vida sino el que cultiva minuto a minuto ese papel tan importante, y ha quedado abundantemente acreditado en autos que el Señor Ramírez Domínguez puso en peligro la seguridad, la educación y la moralidad de su hijos menores con su inconducta al infringir disposiciones legales vigentes en nuestro país”.

El caso llegó a la Corte Suprema nacional. Ese tribunal, le ordenó en noviembre de 1983 a la jueza Pons devolver a los chicos. Después del tiempo pasado, Ramírez y sus hijos eran desconocidos. Un equipo de psicólogos del CELS –encabezado por Laura Conte, otra de las fundadoras de la institución y madre de un desaparecido– trabajó para hacer que ese encuentro fuera lo menos traumático posible. Mientras tanto, la jueza Pons se entrevistó con los hermanos Ramírez para intentar que no viajaran a Suecia con su padre.

 

 

Un dispositivo concentracionario

Pasaron casi 40 años desde que los Ramírez volvieron a juntarse. Ninguna de las heridas sanó. Su caso expone cómo el terrorismo de Estado se ramificó hasta rincones inimaginables. Durante el juicio que se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata, los auxiliares fiscales Juan Martín Nogueira y Ana Oberlin dijeron que el Hogar Casa de Belén funcionó como un dispositivo concentracionario –una réplica de los centros clandestinos pero para niños y niñas–.

El paso del tiempo juega a favor de la dilución de la posibilidad de conseguir una condena penal por los padecimientos de los hermanitos. La jueza Pons dejó su cargo al regreso de la democracia y murió diez años después. Lo mismo pasó con quienes estuvieron a cargo del Hogar Casa de Belén. Únicamente llegó a juicio la secretaria del tribunal de menores, Pellicer. Para que el paso del tiempo no juegue en contra también de la verdad, la fiscalía pidió una declaración de verdad para que se acredite lo que pasaron los Ramírez en el Hogar Casa de Belén y que se desafecte ese lugar y quede como un espacio de memoria en el que se recuerde que nunca más niños y niñas deberían quedar expuestos a ese muestrario de violencias.

 

 

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Luciana Bertoia estudió periodismo en TEA y Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Trabajó en redacciones como el Buenos Aires Herald y El Cohete a la Luna, donde se ha dedicado a los temas judiciales y derechos humanos, especialmente, a aquellos vinculados a la memoria. Actualmente, trabaja en Página/12, es columnista en Desiguales por la TV Pública, y es docente en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).