En esta crónica sobre la última marcha de Ni Una Menos, mujeres de distintos barrios, con distintos trabajos y distintos roles relatan cómo se vive el ajuste de Milei en primera persona y hasta dónde llegan sus consecuencias frente a un gobierno que no la ve: en un país en el que siguen matando a una mujer cada 35 horas y a tres días de que las calles volvieran a expresarse contra las violencias y a manifestarse contra los recortes en distintas políticas, disolvieron el área a la que había quedado reducido el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades.
Por Jésica Rivero*
Este 3 de junio, la Plaza del Congreso de la Nación volvió a ser el lugar en el que miles de mujeres y diversidades se reunieron bajo la consigna de Ni Una Menos. Esta vez, la convocatoria, que ya cumplió su noveno aniversario, hizo énfasis en que “con odio y hambre no hay libertad” y que “el hambre es violencia”. El reclamo y el dolor por el triple lesbicidio de Barracas, sucedido hace pocas semanas, también estuvo presente, mientras que el documento que cerró la jornada se pronunció contra la Ley de Bases y el DNU del gobierno de Javier Milei.
Las calles, como pasa en cada uno de estos encuentros, se llenaron de colores. Estaban los pañuelos verdes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, también las banderas rosas, rojas y paños multicolores sobre los que se apoyaban los reclamos de justicia por las víctimas de femicidios. Trapos de colores llenos de caras luminosas que fueron apagadas por la violencia.
Pero también hubo dos símbolos extendidos en distintos grupos, elegidos para colgar consignas y visibilizar injusticias: tendederos y ollas. Dos elementos que remiten a las tareas de cuidado, eso de lavar y cocinar, que tan a menudo dentro de los feminismos se señala para decir: no es amor, es trabajo no pago. En un contexto de crisis y ajuste que recae sobre los sectores sociales más desprotegidos, mujeres y diversidades pusieron voz en este nuevo Ni Una Menos para dar cuenta de la desprotección y desigualdad que atraviesan quienes cuidan.
Por el derecho a vivir en paz
Paola Urquizo, Natalia Hradecki y Natalia Chiocconi están en ronda, buscando algo de calor en medio de una tarde muy fría. Detrás de ellas están las rejas que rodean el monumento central de la Plaza, de donde cuelga un tendedero armado con hilos. Uno al lado del otro, los carteles que cuelgan exponen distintas situaciones de deudores alimentarios: progenitores que incumplen con las cuotas de cuidado para sus hijxs. El “tendedero de deudores alimentarios” es una iniciativa que desde hace años promueve la Red de Familias Monomarentales de Argentina, una colectiva que agrupa activistas y organizaciones feministas por el derecho a la cuota alimentaria.
Para Paola, la cuestión económica que las atraviesa desde el momento en que se separan y terminan la relación con progenitores violentos ahora está “exacerbada por todas las políticas de hambre de este gobierno”. En diálogo con Cordón, junto a sus compañeras, recupera los principales problemas a los que se enfrentan como mujeres que representan el único sostén de familias integradas por niñxs y adolescentes.
“Nosotras estamos en mayor situación de vulnerabilidad que antes y eso nos hace sentir desesperanza”, cuenta y agrega: “Hoy tenemos un nudo en la garganta, mucho dolor y mucha incertidumbre por cómo vamos a sostener la vida de nuestros hijos”. Para ella, la realidad de las mujeres madres y cuidadoras es complicada desde hace años, «pero en el gobierno anterior, por lo menos se veía un interés en esta problemática”. En ese sentido, por ejemplo, proyectos como el índice de crianza, creado a instancias de mesas interministeriales, fue una muestra de que sus problemas no estaban solo en sus casas: el Estado, al menos, los veía.
“Ahora no tenemos espacio para decir nada de lo que nos pasa, sino que al contrario, a veces tenemos incluso más miedo porque este gobierno se caracteriza por hacer de la violencia su instrumento. Nosotras, que denunciamos las violencias más sutiles, las violencias más invisibles, las más normalizadas, nos preguntamos: si este gobierno no puede ver que dejar chicos sin comer es violencia, ¿cómo va a ver que nuestros casos son casos de violencia y que necesitan ser atendidos con urgencia?”, cuestiona.
Paola y sus compañeras son jefas de hogar. Cuidan hijxs mientras caminan a los juzgados, visitan médicos y hacen las compras. Su realidad, que es la de muchas, es muy solitaria y por eso dicen que necesitan que “la sociedad acompañe hoy más que nunca”. En definitiva, reflexionan: “Queremos criar nuestrxs hijxs bien, como sabemos hacerlo, pero muchas veces por la sobrecarga de cuidados, la falta de dinero y trabajo, no podemos hacerlo como quisiéramos y como sabemos. No estamos haciendo ni hicimos nada malo. Reclamamos por los derechos de nuestros hijos e hijas. Queremos vivir en paz”.
El dolor de no tener nada para dar
Teresa, Marta y Analía sostienen carteles. Tienen pañuelos en la cabeza y delantales que les cubren el frente de sus cuerpos. Delante de ellas, hay una hilera de ollas de acero que no tienen comida, sino carteles. Reclaman en esta marcha, como también lo vienen haciendo desde hace meses, que el Gobierno Nacional les haga entrega de alimentos para poder sostener los comedores y merenderos que organizan desde hace años en sus barrios, donde ahora ven crecer las necesidades mientras los alimentos no llegan y las obras que mejoraban sus calles, casas y plazas se detuvieron. Las tres integran el Movimiento Barrios de Pie y forman parte de la UTEP, el sindicato que unifica a distintos espacios de la economía popular.
Analía es vecina del Barrio El Triunfo, de la localidad de Glew. Ahí coordina un comedor y merendero, que sostienen con muy poquito, ya que desde hace meses no reciben asistencia alimentaria. También trabajaba en una cooperativa, junto a otras 15 personas, que había logrado el financiamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana de Nación para una obra que consistía en hacer veredas en ocho manzanas del barrio y conexiones intradomiciliarias de luz eléctrica. “En diciembre se paró la obra y quedó ahí, y no nos informan nada”, cuenta a Cordón. Además de haberse quedado sin trabajo, relata con tristeza que ve cómo la obra que ejecutaron hasta el 25 por ciento quedó inconclusa y sin respuestas. La SISU, un área estatal que nació del reclamo de los movimientos sociales por el mejoramiento de los barrios populares, tiene más de 1.000 obras detenidas o en peligro de estarlo según un informe presentado recientemente por la ex funcionaria a cargo, Fernanda Miño.
“Yo trabajo para los chicos”, dice Teresa cuando se presenta. Es de Ministro Rivadavia, un barrio de Almirante Brown. Relata sus días juntando alimentos, ropas y donaciones. Lo hace rápido y sin respiro. “Donde me dicen que hay algo para donar y poner en la olla, yo voy corriendo”, cuenta. Ella y sus compañeras aseguran que en sus barrios aumentó la gente que busca comida en sus comedores, pero también la violencia de género. “Llegan al comedor mujeres con vergüenza y terminan contando lo que les pasó. Es muy común que llegue el hombre cansado del trabajo y bueno, la terminan ligando la mujer y los chicos. Ahora lo sentimos más, porque la falta de plata y de trabajo hace que esa situación en las casas se ponga peor. Lamentablemente, creemos que con este gobierno vamos de mal en peor”, dice.
Analía cuenta que las puertas del comedor no se cierran nunca. “Hay personas que comen una sola vez al día y a veces son las 9 de la noche cuando tenés un vecino llamando para pedirte una caja de leche, o un paquete de fideos, o algo para darle a los chicos. La verdad que es muy triste, ¿no? Porque a veces nosotras no sabemos de dónde sacar nada para darles”, agrega como muestra de la situación que viven desde el cambio de gobierno.
Teresa, Marta y Analía hacen un mapa imaginario en el que están el vecino que dona pan, el otro que les da verduras y las mamás que donan ropa de sus hijxs que ya no usan. Para Teresa, que cuenta con orgullo que trabaja “con todos los vecinos”, es un “dolor en el pecho» no tener comida en el comedor: “A veces me desespera ver de dónde sacar para darle algo a la criatura que viene y me dice: ¿hoy no tenés pan para dar?”.
Desde su mirada, entiende que el Gobierno afirma que no hay hambre y que los comedores son fantasma porque desconoce la realidad: “La mayoría de los comedores los hacemos en las casas de mamás o como en mi caso, en un terreno baldío frente a mi casa”. Ahí, cuenta, ponen las mesas largas, prenden el fuego y preparan la comida: “Si vienen a visitarnos voy a recibirlos ahí, que es el lugar que tenemos”.
Las tres mujeres se miran y afirman con sus miradas lo que dice la otra. Todas hablan de la misma realidad pese a que estén en distintos lugares, distintos barrios. “Ya perdimos el miedo, por eso salimos a la calle. Antes, quizás una no salía por eso, pero a la vez con el hambre que hay, lamentablemente, todos vamos a tener que salir”, coinciden.
Mujeres y Trabajo
Ingrid Manfred es secretaria general de la Junta Interna de ATE en el ex Ministerio de Desarrollo Social. Junto a sus compañeras, se sumó a la marcha por el “contexto terrible que está viviendo todo el pueblo trabajador” En diálogo con Cordón, asegura que especialmente lxs trabajadorxs del Estado están “fuertemente amenazados frente al avance de esta derecha que impulsa la Ley Bases”. Para ella, la ley que propone el Gobierno para reformar un centenar de leyes, entre ellas las laborales, atenta contra los derechos de toda la población pero “especialmente contra las mujeres y contra las mujeres trabajadoras, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que se desempeñan en el Estado son mujeres y diversidades”.
“Es un contexto de mucha crueldad y violencia el que estamos viviendo, tanto las trabajadoras como así también las personas con quienes trabajamos, en nuestro caso particularmente en el ex Ministerio de Desarrollo Social. Ante una Ministra que niega la posibilidad de acceder a la alimentación y a medicamentos, entendemos que hay que ocupar las calles, estar organizadas y pelear contra este sistema, que lo que quiere es exterminar toda política de justicia social”, cierra la dirigente sindical.
*Jésica Rivero es periodista feminista y estudiante avanzada de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Integra la Red Par (Periodistas de Argentina por una comunicación no sexista). Fue parte del equipo de asesoras de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y colabora en medios como Cosecha Roja, Tiempo Argentino y LatFem.
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