Siete de cada diez personas trans logran atenderse en el sistema público de salud. Sin embargo, la comunidad reclama por la falta de provisión de insumos, la solicitud de diagnósticos psicológicos o psiquiátricos para acceder a cirugías o tratamientos hormonales y los pocos lugares preparados para la atención integral.
¿Cómo es imaginar la vejez para una travesti? ¿Cómo es convivir con la terrible estadística de tener una expectativa de vida entre los 35 y 40 años? ¿Qué proyectos de vida puede diseñar, planificar y concretar una persona que no tiene sus necesidades básicas cubiertas y es blanco constante de situaciones de violencia, discriminación, estigmatización e invisibilización?
Con esa brutal realidad como bandera, la militancia de la comunidad trans en Argentina impulsó la sanción y promulgación en mayo de 2012 de la Ley 26.743 de Identidad de género, una herramienta de reconocimiento legal de los derechos fundamentales de ese colectivo.
En un primer artículo, la normativa define la identidad de género como “la vivencia interna e individual del género como tal como cada persona la siente – la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento- incluyendo la vivencia personal del cuerpo”; y establece que cualquier persona puede solicitar el cambio de su nombre, sexo y foto en su DNI cuando no coincidan con su identidad construida.
Además garantiza el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda y el trabajo, lo que permite contrarrestar la larga historia de exclusión sistemática, invisibilización, discriminación, estigmatización, hostigamiento, persecución, violencia física, violaciones, abusos y torturas, que llevan a la temprana muerte de los miembros del colectivo.
Las cifras dan cuenta de la contundencia de ese panorama. Con respecto al derecho a la educación, seis de cada diez mujeres trans y siete de cada diez hombres, mayores de 18 años, abandonaron el nivel secundario, sin completarlo, por haber sido discriminados sobre la base de su identidad trans, según reveló un informe realizado en 2013 por la Fundación Huésped, la Asociación Travestis Transexuales Transgénero Argentina (ATTTA) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONU SIDA).
En el ámbito laboral, la prostitución continúa siendo la salida más frecuente por parte de las mujeres trans. Por ese motivo, activistxs y militantxs del colectivo exigen la reglamentación de la Ley 14.783 de Cupo Laboral Trans, sancionada a nivel provincial en Buenos Aires durante septiembre de 2015, pero nunca promulgada por la actual gobernadora María Eugenia Vidal.
La legislación establece que el 1% de la totalidad del personal del sector público debe estar ocupado por “personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”, además de “establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.
Según el informe citado con anterioridad, sólo unx de cada diez hombres y mujeres trans reportó tener aportes jubilatorios; mientras que sólo el 94,3% de las personas no están incorporadas al trabajo formal, estimó en 2007 la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
En cuanto a la vivienda, en el mismo informe de ATTTA, Fundación Huésped y ONU SIDA, sólo una minoría reside en viviendas, mientras que un 2% vive en situación de calle. En detalle: el 58,5% vive en casa y el 19,4% en departamento. La mayoría alquila (41,5%) o son propietarias (37,1%) del lugar donde residen; un 16,7% reconoció como ocupante gratuito y un 1,6%, como usurpadores.
La salud es otra de las demandas del colectivo. De acuerdo al informe citado con anterioridad, siete de cada diez personas trans logran atenderse en el sistema de salud pública, ámbito en el cual emprendí mi investigación desde el Seminario de Etnografías del Conurbano.
Ese derecho está garantizado en el artículo 11 de la Ley 26.743 de Identidad de género, que establece todas las personas deberán gozar de “su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa”.
Todas esas prestaciones, sostiene la ley, deberán estar incluidas en el Programa Médico Obligatorio, esto es el conjunto de prestaciones básicas a la que toda obra social o prepaga debe brindar cobertura integral.
Sin embargo, desde ATTTA, reclamaron que “son constantes las denuncias y reclamos por la falta de provisión de insumos, solicitud de diagnósticos psicológicos o psiquiátricos para acceder a cirugías o a tratamientos hormonales”, según su informe publicado en 2018 titulado “Basta de genocidio trans en Argentina”.
También señalaron que existe una “falta de capacitación de profesionales de la salud en atención a población trans” y que son “muy pocos hospitales en el país” los que “cuentan con profesional especializado para realizar las cirugías de cambio de sexo”.
“Cuando cae una persona trans/travesti a la guardia de un hospital o salita, acompañada de sus amigas, porque ni siquiera tiene familia, tiene que enfrentarse a la administración, donde hay un tipo o tipa que insiste tratarla violentamente de varón, mujer o lo que fuese. Si logra pasar esa tercera instancia, tiene que ir al doctor, que es una persona construida. ¿Cómo te trata el doctor? ¿De Pedro o Juan? ¿Te violenta o no te violenta? ¿Te quiere atender? En el Conurbano, hacemos quilombo y te tiene que atender”, explicó una mujer trans durante una de las entrevistas encaradas para la investigación.
Al consultar una de las coordinadoras de esos “consultorios inclusivos o amigables”, que funciona en el Conurbano Bonaerense, ella destacó la importancia de esos mecanismos para el acceso de las personas trans al sistema de salud pública, más allá de que el ideal sería que puedan ingresar en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que requiere de atención sanitaria.
Todavía prevalece esa cuestión: antes de que “lxs compañerxs mueran en los lobbys de los hospitales o como moscas”, se perpetúan prácticas de “discriminación positiva” con dispositivos y “circuitos cuidados” que destacan la inclusión con grandes letras de “acá sí se respeta a las travestis”.
Bibliografía
- Fundación Huésped, Asociación Travestis Transexuales Transgénero Argentina (ATTTA) y Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONU SIDA). Abril 2014. “Ley de identidad de género y acceso al cuidado de la salud de las personas trans en Argentina”. Puede verse en http://www.huesped.org.ar/wp-content/uploads/2014/05/OSI-informe-FINAL.pdf
- Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (REDLACTRANS), Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CEDOSTALC), Federación Argentina LGBT y ATTTA. 2016-2017. “Basta de genocidio trans: informe 2018 Argentina”. Puede verse en https://issuu.com/redlactrans/docs/informe_cedostalc_2018_regional_-_b
- Ley 26.743 de Identidad de género. Información Legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 9 de mayo de 2012. Puede verse en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm.
- Ley 14.783 de Cupo Laboral Trans. Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. La Plata, Buenos Aires, Argentina, 17 de septiembre de 2015. Puede verse en http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-14783.html.
Comentarios recientes