Por María Laura Böhm*
Tal vez usted se encuentre entre las muchas personas que sienten miedo cuando salen a la calle. Siente que los espacios públicos se han convertido en un terreno peligroso. Puedo entender esto y sin lugar a dudas concuerdo con que debe atenderse. El Estado es el principal responsable de brindarle seguridad, y tal vez usted espera que pueda devolverle la confianza. Por eso, últimamente se ha reactivado la idea de que se puede brindar protección a través de una ley para la criminalización de las y los adolescentes, es decir, mediante la reducción de la edad en la cual una persona puede ser sometida al sistema penal.
Sin embargo, puedo asegurarle que esto no es así. Los adolescentes de 13, 14 y 15 años participan en un porcentaje ínfimo de delitos violentos. Es decir, su encierro no reducirá el conflicto allá afuera. El tratamiento más bien exige genuina reflexión y una mirada integral. Y esto no es lo que ofrece el debate parlamentario actual. Se le miente a la población y a usted cuando se asegura que la solución es una ley que habilita el encierro de adolescentes.
Desde el saber de las ciencias penales, criminológicas y sociológicas, especializadas en el delito, hemos investigado y sabemos que el sistema penal no funciona bien y no soluciona conflictos sociales. Hemos explicado también que el encierro endurece almas, golpea cuerpos y recrudece agresiones actuales y futuras. Hemos estudiado que las conductas conflictivas de los adolescentes tienen origen en la violencia y en la indiferencia de los adultos a los que se ven expuestos, y en la ineficiente gestión estatal de sus necesidades y sus oportunidades.
No obstante este contexto de conocimiento y experiencia, los sistemas penales juveniles de la región latinoamericana y europea actúan en promedio a partir de los 14 años. Sin embargo, es engañoso comparar. Los índices de delito, la forma de vida y la atención que se presta social y estatalmente a niños y adolescentes marca una diferencia crucial en cuanto a sus entornos. En el ámbito alemán, por ejemplo, se prevé legalmente la posibilidad de adopción de medidas muy diversas al encierro, acordes a la necesidad de cada adolescente. Por otra parte, los índices de conflicto y suicidio en contexto de encierro, no obstante todas las medidas de seguridad adoptadas, son altos, en especial en países como Inglaterra, que posibilita la cárcel desde los 10 años. Y esto solo se contrarresta, como sucede en Italia, cuando se prevén mecanismos restaurativos de escucha y acompañamiento para la sanación del conflicto y brindar a los adolescentes una alternativa de vida pacífica.
Ante esta realidad, ¿cómo puede aceptarse la votación favorable a los proyectos presentados en el Congreso que proponen fijar la edad de punibilidad en 13 años, como si esto fuera a resolver la inseguridad, los temores, enojos e inquietudes de la población ante la violenta degradación de las estructuras sociales?
A las personas desesperadas ante la inseguridad habría que agregar: hay muchos adolescentes desesperados, literalmente, sin esperanza ni alternativas legítimas. No se trata de si entienden o no lo que está bien o lo que está mal. La discusión debe ser otra: ¿Qué debería hacerse para que la criminalidad no sea su única ni su mejor opción de vida? ¿Qué alternativas se les ofrece? ¿No es hipócrita exigirles respeto y compasión cuando el mundo adulto que los rodea solo les falta el respeto y les enseña su rostro más hostil?
Encerrar adolescentes no puede ser la respuesta al temor social. Su miedo es legítimo, pero no disminuirá solo con una ley, y el delito no será menos frecuente. Más bien todo lo contrario. Por eso sostenemos que una respuesta genuina debe basarse en la observación y en la escucha atenta de las necesidades de todas las partes involucradas.
Es posible que muchos adolescentes solo precisen “una conexión con otro ser humano capaz de comprender su profunda desesperación”, como enseña Marshall Rosenberg, quien ha desarrollado el enfoque de la comunicación no violenta. Esta podría ser una nueva mirada para proyectar mecanismos de abordaje adecuado. Llevaría tiempo hacerlo, pero serían efectivos y realmente sanadores. La violencia y el conflicto podrían empezar a disminuir. Y creo profundamente que sería importante dar una oportunidad a alternativas genuinas basadas en la escucha y la empatía. Escucha y empatía hacia usted, hacia quienes tienen miedo, y hacia los adolescentes que viven en permanente temor y violencia en entornos que solo exacerban su instinto de supervivencia.
Una ley que finja ocuparse no va a dar respuesta a lo que la sociedad precisa, ni a lo que usted precisa. Solo daría una respuesta rápida con potencial electoral. Solo eso. Ni la vida, ni la propiedad, ni la libertad se encontrarán en mejores condiciones ni mejor protegidas si la ley se sanciona. Y lo que es más grave todavía, solo va a profundizar la desesperación de niños y adolescentes, y así, la de la sociedad toda.
*Abogada y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Hamburgo, Alemania. Realizó una Maestría en Criminología en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y fue Investigadora Post-Doctoral en el Instituto de Ciencias Criminales de la Universidad de Göttingen, Alemania.
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