A la vicepresidenta la condenaron por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, pero ella pateó el tablero y anunció que no será candidata en las elecciones de 2023.
Por Luciana Bertoia*
Argentina contiene la respiración. La principal dirigente política del país y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, acaba de ser condenada por un tribunal por haber supuestamente defraudado a la administración pública. Seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Todo sucede mientras las napas del Poder Judicial parecen aflorar a partir de una filtración de chats que muestran las relaciones promiscuas de jueces y fiscales con el poder político, los servicios de inteligencia y el poder económico. Como si fuera poco, CFK anunció –sin que nadie lo esperara– que no va a ser candidata en 2023 para no arrastrar a su fuerza política hacia una campaña negativa por parte de la oposición. Por el momento, la única certeza es la incertidumbre.
En 2019, CFK empezó a ser juzgada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 por 51 obras públicas viales que fueron asignadas al empresario Lázaro Báez. En agosto pasado, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron doce años de prisión para la actual vicepresidenta al acusarla de liderar una asociación ilícita dedicada a defraudar las arcas del Estado. CFK respondió que querían condenarla por cada uno de los años que ella y su compañero, Néstor Kirchner, estuvieron en la Casa Rosada. En el ínterin, quisieron matarla. Le gatillaron a pocos metros de su rostro. Quiso la buena fortuna que la bala no saliera.
El juicio terminó en la tarde de ayer en una sala de los tribunales de Comodoro Py prácticamente vacía. CFK estaba conectada por Zoom desde su despacho en el Senado. Allí escuchó que la condenaban a seis años de prisión por administración fraudulenta y que, además, la inhabilitaban de por vida para ocupar cargos públicos. Esta segunda parte es, para ella, la verdadera condena, la muerte cívica, la proscripción para alguien que toda su vida ocupó espacios gracias al voto popular. Una suerte de vuelta al destino trágico del peronismo por otros medios.
Hasta el 9 de marzo no se sabrá por qué los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso condenaron a Cristina. Sin embargo, los magistrados hicieron un adelanto de los fundamentos en el que puede leerse que ellos entienden que, entre 2003 y 2015, hubo una extraordinaria maniobra fraudulenta y que, pese a que no critican que el gobierno haya privilegiado la realización de obra pública en Santa Cruz, sí miran cómo se ejecutó la política pública. Para ellos, hubo una sistemática adjudicación a Lázaro Báez, un empresario al que asocian con la familia Kirchner.
No es por los fueros que Cristina no puede ir detenida, sino porque la condena no está firme. Deberá revisarla la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que este año está integrada por los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Es probable que los jueces recién se adentren en el análisis del fallo para finales del año próximo. Después estará la instancia de la Corte Suprema, que no tiene plazos para expedirse. La justicia podrá aplicarle cronoterapia al expediente o apurarlo según sus intereses.
Todo el proceso estuvo teñido de irregularidades. La causa llegó a juicio –elevada por Julián Ercolini sin peritar las obras y el TOF solo ordenó un análisis profundo de cinco de ellas–. En los últimos meses se supo que Giménez Uriburu compartía equipo de fútbol con Luciani. El arquero de la formación es Mariano Llorens, el presidente de la Cámara Federal porteña que sugirió detener a Fernández de Kirchner. Todos visten los colores del Liverpool y han jugado en algunas oportunidades en Los Abrojos, la quinta de Mauricio Macri –el principal interesado en la resolución del caso porque fue su gobierno el que denunció a CFK–.
Cuando recurra el fallo ante Casación, CFK se encontrará con que Hornos es el tío de la esposa de Giménez Uriburu. Tanto Hornos como Borinsky fueron asiduos visitantes de Macri en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos. El expresidente contó que jugaba al tenis con Borinsky mientras el juez presidía la comisión para reformar el Código Penal.
Si todo mostraba cierto manoseo entre el macrismo y el Poder Judicial, una filtración –ocurrida durante el fin de semana– vino a destapar una nueva olla de presión. El 13 de octubre pasado, cuatro jueces federales (Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials) viajaron junto al jefe de los fiscales porteños (Juan Bautista Mahiques), el ministro de Justicia y Seguridad porteño (Marcelo D’Alessandro), el publicista Tomás Reinke, el exSIDE Leonardo Bergroth y dos pesos pesados del Grupo Clarín –Jorge Rendo y Pablo Casey–. Todo indica que el grupo mediático financió el viaje al paradisíaco Lago Escondido.
Después de que el diario Página/12 revelara la existencia del viaje, la comitiva se sumergió en una serie de tratativas para evitar que el tema escalara – con ese objetivo usaron sus influencias en los medios y hasta buscaron engañar a una periodista de La Nación para usarla de “vocera involuntaria”–. Cuando el frente mediático estuvo controlado, se dedicaron a conseguir facturas fraudulentas y a formatear una declaración del responsable de Lago Escondido para apurar un cierre de la causa. Todo sucedía mientras Mahiques hijo, titular de la Asociación Internacional de Fiscales, se jactaba de llamar a la fiscal de la causa para coordinar las medidas con ella–. Todo un escándalo regado con el vino más fino –cuyas fotos circulaban por el chat de Telegram que después se publicó en la web Patagonian Facts–. La filtración parece dejar claro que el sistema de justicia que condena a la vicepresidenta por actos de corrupción es un modelo de putrefacción en el que los jueces –los garantes de la aplicación de la ley– conciertan cómo cometer delitos.
Hasta ahora, todo es un interrogante: cómo el sistema político –el de las instituciones y el de las calles– receptará la condena de Cristina y su negativa a ser candidata en lo que ella entiende que una plantada de bandera contra los poderes fácticos que orbitan alrededor del Grupo Clarín. No quiere fueros, como tampoco los quiso en 2015 cuando terminó su segunda presidencia. CFK, como el perro dinamita, no quiere dar la manito ni hacer el muertito. “Mascota del poder, jamás”, dijo la vicepresidenta.
*Luciana Bertoia estudió periodismo en TEA y Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Trabajó en redacciones como el Buenos Aires Herald y El Cohete a la Luna, donde se ha dedicado a los temas judiciales y derechos humanos, especialmente, a aquellos vinculados a la memoria. Actualmente, trabaja en Página/12, es columnista en Desiguales por la TV Pública, y es docente en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
Comentarios recientes