Las últimas manifestaciones de la Policía de la Provincia reavivan debates sobre el funcionamiento de las fuerzas de seguridad, los derechos laborales del personal y sus formas de realizar reclamos. Ya agotado el conflicto puntual, es tiempo de abordar las cuestiones de fondo para pensar qué fuerzas se construyen para una seguridad democrática.
Durante la segunda semana de septiembre, se sucedieron distintos eventos policiales –“protestas”, de acuerdo a sus protagonistas- en localidades del Conurbano y el interior de la provincia de Buenos Aires con una conflictividad que fue escalando con el correr de los días y tomó centralidad en la agenda pública. Estas manifestaciones tuvieron antecedentes cercanos en los reclamos de algunas fuerzas federales en 2012, y de varias fuerzas provinciales en 2013. En esta oportunidad, se organizaron difusamente: a través de las redes sociales, los efectivos bonaerenses se autoconvocaron a la retención de tareas y a movilizarse a las puertas de Jefaturas Departamentales, Comandos de Patrullas y Comisarías para el lunes 7, a partir del mediodía.
Jóvenes agentes de las jerarquías inferiores del subescalafón general, los antiguamente llamados “suboficiales”, comenzaron a nuclearse en el centro de Almirante Brown. Se sumaron luego, en diferentes lugares, policías de distritos adyacentes y también retirados, exonerados, heridos en servicio y familiares, y personal subalterno del Servicio Penitenciario Bonaerense. En La Plata, ese mismo lunes, la manifestación comenzó con un “sirenazo” de patrulleros en la esquina céntrica de 7 y 50 que, hacia la noche, se desplazaron hasta la Gobernación y a la puerta de la residencia oficial del Gobernador, Axel Kicillof.
El martes, lejos de calmar el reclamo, el anuncio oficial que daba cuenta de la planificación de futuros aumentos salariales y un plan integral de seguridad agitó más a los manifestantes, quienes no lo consideraron satisfactorio hasta verlo concretado. A partir de ese momento, las protestas se multiplicaron y la concentración más numerosa tuvo sede en Puente 12, en La Matanza, donde se asientan las oficinas del Ministro de Seguridad bonaerense desde principios de este año. Mientras que en ciudades del interior de la Provincia se replicaban las protestas, el miércoles, un grupo de policías de la zona norte del Conurbano se convocó frente a la residencia presidencial de Olivos.
Las imágenes en los medios de comunicación de cientos de policías uniformados ocupando las calles, sobre todo allí donde se encontraban las autoridades políticas, muñidos de sus armas reglamentarias y abandonando sus servicios, activaron el temor a la amenaza al orden institucional. Las respuestas desde sectores políticos y comunicacionales coincidieron en denunciar la improcedencia e ilegalidad del método y reconocer la legitimidad del reclamo salarial. Las autoridades, si bien no convalidaron las formas, pusieron paños fríos al situar públicamente el énfasis en el reclamo salarial, y la resolución se encauzó en esos términos, cuando Nación creó un fondo especial para la Provincia, que le permitió a Kicillof otorgar un aumento salarial y anunciar otras mejoras que, finalmente, sofocaron el reclamo.
Cadena de mandos y sindicalización, el debate
Ahora, con las protestas ya saldadas, avanzar en la comprensión de su significado para los propios policías, sus familias y algunos sectores de la sociedad, puede contribuir a construir respuestas. Cuando el personal subalterno protesta de manera ilegal, existe un quiebre con el escalafón superior. Los manifestantes, al dirigirse directamente a las residencias de los gobernantes, saltearon todas las jerarquías institucionales que intermedian entre ellos y las máximas autoridades políticas, con la pretensión de convertirse en interlocutores directos frente a quienes creían que debían resolver el problema.
En este tipo de organizaciones muy verticales, los reclamos del personal subordinado deben atravesar una larga cadena jerárquica –la misma que sirve para ordenar el trabajo operativo- que comienza en la comunicación con su superior directo y asciende por la cadena de mando hasta llegar, en última instancia, a la cúpula de la organización, si no son resueltos en los estratos intermedios.
Hay dos aspectos en torno a estas protestas que distintos especialistas han mencionado como centrales. Por un lado, como señala el antropólogo Tomás Bover[1], se tramita una cuestión generacional que comparten los nuevos policías con otros jóvenes, signada por resistir las formas de autoridad más tradicionales y verticalistas. Por otra parte, como analiza el docente e investigador Esteban.Rodríguez Alzueta[2], también pesa la urgencia por discutir y establecer formas institucionales de canalizar los reclamos.
No obstante, la cuestión de si la forma debe ser la sindicalización u otras estructuras dentro de las mismas organizaciones, como las áreas de Bienestar, todavía resulta controvertida entre los especialistas. Los reparos de quienes no son proclives a la sindicalización residen en que el sindicato podría resultar un elemento más de presión para los gobiernos y, como señala Bover, que, de ese modo, funcionen como una forma de defensa corporativa en los hechos de violencia institucional y corrupción, tal como está sucediendo en los Estados Unidos.
Cualquier alternativa reviste sus complejidades. La cuestión principal no se encuentra, tal vez, en la posibilidad de sindicalización, sino en cómo funcionan las jerarquías, qué pueden regir y qué no, cómo se construye la relación de mando y obediencia entre quienes conducen y una tropa cada vez más numerosa, que en los últimos años ha crecido desmedidamente, respondiendo a las necesidades de la agenda pública de seguridad.
En el transcurso de los acontecimientos recientes, urgía resolver un conflicto que iba en escalada, y se abordó atendiendo la demanda por el salario. Pero la resolución del conflicto puntual no debe postergar preguntas necesarias como cuáles son las fuentes que legitiman la forma de autoridad que hoy se impone en las fuerzas, y qué criterios ordenan el verticalismo, tal como se aplica actualmente.
¿Subordinados a qué?
Un Estado democrático debe contar con fuerzas de seguridad obedientes y subordinadas. Pero la cuestión es: ¿obedientes a qué? Existe ya un extenso debate académico sobre cuál es el estatus de las personas que integran las fuerzas de seguridad. Si se identifican fuertemente con la institución a la que pertenecen, diferenciándose de los “civiles”; o si se consideran más cercanas al resto de la sociedad, reivindicando, entre otras, cosas ejercer legalmente su derecho al reclamo.
Unas fuerzas de seguridad muy distantes de la sociedad pueden devenir excesivamente corporativas y violentas. Por otro lado, como advertimos a partir de los hechos, hay que sopesar las posibles consecuencias de la existencia de una enorme masa policial que desconozca las jerarquías y se insubordine, utilizando modos de protesta similares a los de la sociedad civil, aunque portando las armas del Estado y sus herramientas de patrullaje y vigilancia.
Manifestaciones como las ocurridas en estos últimos días, nuevamente, nos llevan a considerar que el personal de las fuerzas de seguridad debe tener un estatus diferente en cuanto a lo que su régimen laboral y disciplinario supone.
Simultáneamente, desde hace algunas décadas, el discurso de la seguridad y la puesta en valor del trabajo de los policías cobró centralidad en la agenda pública, junto a sectores de la sociedad que también pretenden reducir la brecha entre policías y civiles, pero por el lado autoritario: en lugar de policías que se parezcan más a los civiles, una sociedad civil que se parezca más a la Policía.
Al calor de estas disputas, el personal recibe permanentemente mensajes contradictorios y la trama se enreda cuando algunos sectores de la política corren límites que creíamos ya relativamente consensuados acerca de la legalidad de las prácticas policiales dentro de una sociedad democrática. También, existen contradicciones internas en la institución, que se viven en la cotidianeidad del trabajo. El personal puede recibir órdenes contradictorias de diferentes superiores, o de los poderes Ejecutivo y Judicial. Además, se encuentra frecuentemente en la disyuntiva de ajustarse a la ley, o acatar ciertas órdenes de los superiores que van en su contra.
Ante la pregunta ¿subordinados a qué?, una posible respuesta es: subordinados a una forma de autoridad burocrática, cuya legitimidad abreve más en saberes profesionales que en la arbitrariedad y la sanción; con procedimientos y competencias claramente establecidos, profesionalización y especialización del trabajo, formación y perspectiva de carrera, entre otras características para un sistema policial jerárquico moderno, democrático y que funcione de manera previsible.
Por último, subrayamos el acierto de haber atendido la real situación de necesidades económicas actuales de policías y penitenciarios: es preciso no caer en la trampa de la miseria policial y la falta de recursos. Reconocer la legitimidad de un reclamo puntual no debe opacar que, cuando la agenda de la seguridad centraliza la escena pública, como viene sucediendo en nuestro país en los últimos años, las demandas por recursos para la Policía, y para la seguridad en general, resultarán insaciables.
Agustina Ugolini es Licenciada en Sociología (UNLP) y Magister en Antropología Social (UNSAM). Trabaja desde una perspectiva etnográfica cuestiones vinculadas a problemáticas de seguridad pública en la provincia de Buenos Aires, especialmente, en torno a los sentidos de la legalidad en las prácticas policiales cotidianas.
Iván Galviani es Licenciado en Sociología (UNLP), Magister en Antropología Social (IDES/UNSAM) y Doctor en Antropología Social (UNSAM). También es docente de Metodología de la Investigación Social y del Taller de Investigación “Las cárceles, sus actores y sus prácticas”, de la carrera de Sociología de la UNLP y director de Estadísticas y Producción de Información de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Investiga temas relacionados con personal penitenciario, fuerzas de seguridad y cárceles.
[1] https://www.elcohetealaluna.com/la-protesta-policial/
[2] https://lateclaenerevista.com/protesta-policial-gremializacion-bizarra-fragmentada-y-operada-por-esteban-rodriguez-alzueta/
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