Un enfrentamiento reciente puso en primer plano la vieja herida abierta por la llamada “erradicación de villas” implementada bajo la última dictadura. Más allá de las internas partidarias, la grieta y las necesidades coyunturales de la campaña, resulta urgente llamar la atención sobre las injusticias del pasado para traerlas al debate público y buscar la forma de ofrecer algún tipo de reparación a quienes padecen más crudamente las consecuencias de estos procesos históricos.
Por Valeria Snitcofsky*
Bajo la dictadura autodenominada “Revolución Argentina”, el Partido de La Matanza cedió tierras a la entonces Capital Federal para la construcción de viviendas destinadas a relocalizar parte de la población desalojada en el marco de un Plan de Erradicación de Villas de Emergencia. Hace pocos días, y más de medio siglo después de que se tomaran estas medidas, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se decidió por unanimidad que esas mismas tierras, cuya superficie ronda las 58 hectáreas, queden bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), que deberá urbanizar los asentamientos que se fueron desarrollando allí. El proceso forma parte de un convenio que la Ciudad y La Matanza habían firmado el año pasado, y que ahora llegará al Concejo Deliberante de ese municipio para continuar el proceso.
De todas formas, el conflicto por el traslado masivo de población desalojada no pareciera haber quedado saldado y, desde distintos medios, se anuncia su inminente judicialización al anticipar una supuesta demanda que el Municipio de La Matanza estaría preparando contra el Gobierno porteño por deudas de tasas y daño ambiental y social por esos mismos terrenos, ubicados en la localidad de Isidro Casanova, que hoy pertenecen a los asentamientos San Petersburgo, Puerta de Hierro, 17 de Marzo y 17 de Marzo Bis.
Más allá del curso que tome el enfrentamiento, y dejando de lado los evidentes sesgos políticos dados por las tensiones actuales entre Provincia y Ciudad, es importante poner el foco en la historia, haciendo énfasis en las injusticias sufridas en el pasado y en el presente por las poblaciones afectadas.
Traspaso de tierras en tiempos de Onganía
En 1968, el entonces Ministerio de Bienestar Social emitió un documento donde se empezaba delinear el Plan de Erradicación de Villas de Emergencia. Siguiendo una directiva emitida por la Presidencia de la Nación, el documento establecía que una serie de tierras fiscales situadas en los partidos de San Isidro, Tigre, San Martín, Morón, La Matanza, Lanús y Quilmes quedarían a partir de ese momento bajo la órbita de la Comisión Municipal de la Vivienda, actual Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El organismo mencionado sería el encargado, a su vez, de poner en práctica un programa de “alojamiento transitorio”. Este programa singular planteaba la necesidad de construir viviendas provisorias, basándose en una serie de preconceptos que interpretaban a la informalidad urbana como un problema cultural, descartando deliberadamente las causas económicas de la pobreza. Por lo tanto, el programa buscaba alcanzar una supuesta “reeducación” de la población destinataria del plan, para dar paso luego a un segundo programa, tendiente a la relocalización en grandes conjuntos habitacionales situados en zonas periféricas de la Ciudad y el Conurbano bonaerense.
El programa de alojamiento transitorio preveía la construcción de unidades precarias y de dimensiones extremadamente reducidas, denominadas Núcleos Habitacionales Transitorios, donde se esperaba que sus habitantes asimilaran nuevas pautas de vida antes de pasar a las unidades definitivas. De esta forma, se asumía acríticamente que quienes vivían en las villas necesitaban ayuda de asistentes sociales y fuerzas de seguridad para aprender a habitar un departamento “adecuadamente”. En las mentes de quienes diseñaban y ejecutaban el Plan de Erradicación, todo esto alejaba el fantasma, jamás demostrado pero repetido hasta el cansancio, del asado hecho con parquet. Más allá del carácter profundamente irracional de estas ideas, la ineficiencia de su puesta en práctica hizo que los Núcleos Habitacionales Transitorios se volvieran permanentes y que sus viviendas sufrieran un acelerado deterioro, como sucedió por ejemplo en territorio matancero con los barrios Crovara (actual Puerta de Hierro) y San Petesburgo.
Abandono y desarraigo en tiempos de Videla
En julio de 1977, bajo la intendencia del Brigadier Osvaldo Cacciatore, se dictó la Ordenanza Municipal N° 33.652 de erradicación de villas, por la que más de 200.000 personas fueron expulsadas compulsivamente de la Ciudad de Buenos Aires. Una vez más, la Comisión Municipal de la Vivienda fue el organismo encargado de poner en práctica los operativos de desalojo en los que miles de viviendas precarias fueron arrasadas por masas y topadoras. Junto con esa destrucción masiva, el Municipio invirtió sumas millonarias para convertir en escombros dispensarios, guarderías, postes de luz, drenajes y otras obras construidas comunitariamente a lo largo de décadas de esfuerzos colectivos. Mientras tanto, los habitantes de las villas porteñas eran -literalmente- volcados más allá de la Avenida General Paz, con los mismos camiones usados para la recolección de residuos.
En este contexto, como bajo el gobierno de Onganía los Núcleos Habitacionales Transitorios no se habían llegado a construir de acuerdo con lo planificado, buena parte de las tierras que la Comisión Municipal de la Vivienda tenía en el Conurbano bonaerense permanecían vacantes. Por lo tanto, fue ahí donde se dejó a numerosas familias expulsadas de las villas de la Ciudad. Un documento oficial fechado en 1980 consigna que La Matanza fue el partido que recibió el mayor porcentaje de traslados. Sin embargo, a diferencia de lo que había ocurrido bajo la dictadura anterior, en este caso las familias desalojadas no fueron relocalizadas en nuevas viviendas, sino que quedaron abandonadas en terrenos aislados y desprovistos de todo tipo de infraestructura. Durante los operativos de erradicación, por lo tanto, se desplegó sobre el espacio de La Matanza una violencia desarrollada abiertamente y a plena luz del día. Mientras tanto, en el mismo partido se estaban ejerciendo otras formas de violencia, más encubiertas y solapadas, cuyos ejemplos emblemáticos se vinculan con la represión en lugares de trabajo, como la planta de la automotriz Mercedes Benz, y en Centros Clandestinos como El Vesubio.
Balance y prospectiva
Si las intervenciones urbanas implementadas en el pasado por dos gobiernos dictatoriales vuelven a ser hoy parte del debate público, resulta fundamental que el eje de la discusión apunte enérgicamente a revertir los efectos devastadores de estas medidas. Para conseguirlo, es urgente dotar a los barrios más humildes de aquellas obras de infraestructura que puedan atenuar las consecuencias de tantos errores cometidos por funcionarios civiles y militares, cuyas acciones empeoraron drásticamente las condiciones de vida en estos espacios. Al mismo tiempo, para que sean efectivas las futuras medidas tomadas por los gobiernos implicados en sus diferentes niveles y colores políticos, es necesario escuchar las voces de quienes habitan los barrios en cuestión. Si nada de esto se cumple, más allá del desenlace que pueda tener el conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y La Matanza, va a ser muy difícil lograr mejoras reales. En cambio, van a ser cada vez más los derechos vulnerados.
*Valeria Snitcofsky es Profesora y Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y Doctora en Historia por la misma universidad, donde se desempeña como docente de grado y posgrado. Además, es investigadora del CONICET y se especializa en la historia de las villas de Buenos Aires, con especial énfasis en las formas de negociación y confrontación entre sus habitantes y agentes del Estado. Junto a Eva Camelli y Adriana Massidda, coordinó y participó de la escritura del libro “Villas en Dictadura. Córdoba, Rosario y Buenos Aires”, que aborda su historia durante la dictadura cívico-militar que rigió en Argentina entre 1976 y 1983.
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