Ante el ya anunciado veto a la Ley de Financiamiento Universitario, frente al retraso salarial y las políticas de desfinanciamiento, la comunidad universitaria vuelve a convocarse este 2 de octubre en una nueva Marcha Federal. Las protestas tendrán un primer capítulo este jueves 26 con un paro nacional para visibilizar la situación. Un reclamo por recursos que encarna también una visión de país en la que la inversión de hoy es el desarrollo de mañana. De un lado, los discursos privatizadores que buscan socavar el prestigio de la universidad; del otro, miles de estudiantes que cada año buscan su futuro.
Por Noelí Cristti*
El próximo miércoles 2 de octubre, el sistema universitario realizará una nueva gran Marcha Federal. Ese día, autoridades, trabajadores docentes y no docentes, estudiantes, investigadores y todos aquellos que se quieran sumar, marcharán contra el ya anunciado veto a la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Senado el 13 de septiembre, contra la política de ajuste a ciencia y técnica del gobierno de Javier Milei, contra un Presupuesto 2025 que reduce las partidas asignadas a educación e investigación y, sobre todo, contra la idea de que el desarrollo de un país equivale a la suma de individualidades exitosas, dejando de lado la participación de la política de Estado en el crecimiento de la nación.
Antes de la movilización, este jueves se convocó a un paro nacional para reclamar por las políticas de ajuste que también pegaron de lleno en la educación universitaria, emblema del desarrollo de nuestro país.
La salida a las calles responde a la política de desfinanciamiento de la gestión Milei y a la falta de voluntad de diálogo. “Estamos convencidos de que no es un problema de financiamiento, es un problema de prioridades”, sostuvo Víctor Moriñigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), durante la conferencia de prensa que brindaron autoridades universitarias junto al Frente Gremial (que nuclea a las federaciones docentes, no docentes y estudiantil) para anunciar y convocar a la medida.
“Ojalá el presidente de la Nación tenga el mejor de los asesoramientos para que se nos llame pronto y podamos conversar sobre cómo podemos hacer para financiar el sistema universitario y la ciencia y la tecnología en nuestro país”, apuntó el también Rector de la Universidad Nacional de San Luis.
La comunidad universitaria reclama la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, la cual garantiza la actualización de partidas de funcionamiento y salarios de acuerdo a la inflación. Aunque todavía el Presidente no vetó la norma sancionada por el Congreso, el Gobierno lo viene anunciando desde hace semanas. En ese sentido, las autoridades de las casas de estudios solicitan a los legisladores que en caso de que así sea, reviertan la decisión y dejen firme la ley, a diferencia de lo que pasó con el aumento de las jubilaciones.
A esto se suma que la Ley de Presupuesto 2025 que Milei presentó en el Congreso contempla la mitad del monto solicitado por el CIN para el funcionamiento de las universidades, y es el más bajo en términos reales de los últimos 30 años. “La diferencia es mucha y principalmente tiene que ver con que el presupuesto calculado por el CIN tiene el salario como corresponde, igualado a la inflación”, explicó el rector de la Universidad Nacional de La Pampa y vicepresidente del organismo, Oscar Alpa.
Fuente: Noticias UNSAM
Salarios de pobreza
El conflicto salarial de los trabajadores de las universidades públicas data de comienzo de año, cuando se produjo un desfasaje en los sueldos, producto de la devaluación y su consecuente traslado a precios. En los sucesivos encuentros entre las partes, no se llegó a un acuerdo y los aumentos se vienen dando de forma unilateral. «Hubo una recomposición de un 4%, después de un 2%, luego de un 7%, después de un 4%, y ahora de un 7%. No alcanza para recomponer la pérdida real del salario de 55%”, detalló en declaraciones mediáticas Miguel Briscas, Secretario General de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Adiulza).
Según un informe conjunto de las universidades nacionales de Río Negro y de San Martín, los salarios de más del 85 % de las y los docentes del sector están por debajo de la línea de pobreza. A la vez, más del 60 % de las y los no docentes se encuentran en esa situación.
Desde entonces, si bien hubo una actualización presupuestaria para gastos que se cobra en cuotas, los salarios de los trabajadores enfrentan una dura pérdida del poder adquisitivo y, se enfrentan también a un Ministerio de Capital Humano reacio a la negociación.
Un recuento de los hechos
La pelea del sistema universitario comenzó a principios de año, tras la megadevaluación de 118% que Milei aplicó cuando asumió en diciembre. Antes del comienzo del ciclo lectivo, los rectores y rectoras nucleados en el CIN acercaron sus preocupaciones a las autoridades educativas: sin una actualización de la partida en gastos de funcionamiento que acompañara el más de 200% de inflación interanual, advirtieron que sería muy difícil sostener las puertas abiertas.
Es necesario recordar que la gestión que se inició el 10 de diciembre decidió prorrogar para el ejercicio 2024 el Presupuesto 2023 que se había aprobado en noviembre de 2022. En otras palabras: los montos asignados en 2022 no serían actualizados. Saquen las cuentas.
Con este panorama, y luego de reuniones sin respuestas (y algunas con respuestas por más agresivas, como la que brindó el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en el 90° Plenario del CIN, cuando cuestionó el manejo de las universidades sin ahorrar ironías), el 23 de abril la comunidad universitaria salió a las calles y reunió a más de un millón de personas en distintos puntos del país. El reclamo fue masivo y contundente.
Tras el ninguneo previo, y quizás evaluando el impacto mediático y en redes que la Marcha Federal traería, el Gobierno salió a anunciar cuatro días antes que “luego de una reunión con el CIN”, se otorgaría un aumento del 140% a las universidades.
Sostengan la algarabía: no había sucedido tal reunión, el aumento se aplicaría en dos partes y sólo contemplaba los gastos de funcionamiento, dejando de lado los salarios universitarios, las becas, y las obras de infraestructura y equipamiento.
Finalmente, luego de la manifestación en las calles, el Gobierno confirmó esa decisión a las casas de estudio y procedió a otorgar un aumento de los gastos de funcionamiento en dos tramos. El atraso salarial continuó, por lo que el Frente Gremial realizó distintas acciones de visibilización, protestas y paros.
El plan de lucha verá este 2 de octubre un nuevo punto de inflexión, cuando el sistema en su conjunto, y la sociedad toda, vuelva a reclamar que el recorte de gastos del Estado no puede hacerse a costas de una menor inversión en educación. Según una encuesta nacional del observatorio Pulsar UBA, el 91% de la población está en desacuerdo con bajar el gasto en educación y en salud, el 85% con reducirlo en ciencia y tecnología, y el 72% en cultura.
La Universidad pública, el sueño de muchos
Así como en la década de 1990 los discursos vinculados a la eficiencia permitieron una serie de modificaciones plasmadas en la reforma del Estado, los 2000 nos trajeron construcciones de sentido que intentan socavar la imagen y amplísima confianza que la sociedad tiene en la Universidad.
Un informe presentado por la Universidad de Buenos Aires destaca que “el universitario es el nivel educativo mejor valorado socialmente”, con un 70% de los encuestados expresando una valoración entre “buena” y “muy buena” sobre la educación superior.
El proyecto privatizador es el eslabón final de un continuo discursivo que se viene haciendo lugar desde hace varios años. Entrar en la discusión del adoctrinamiento es banal y significaría jugar su juego, además de que no creemos que los estudiantes sean una masa de personas sin conciencia.
La construcción es más compleja, y también más peligrosa: el conocimiento como una herramienta utilitaria y no como el desarrollo personal que redunda en el crecimiento de la comunidad en la que vivimos.
Ante esta realidad que se quiere imponer como monolítica, los cientos de miles de ingresantes que cada año se inscriben en las universidades nacionales públicas de todo el país demuestran que la educación sigue siendo una meta, sigue siendo deseo y sigue siendo destino. Todos los que integramos el sistema universitario trabajamos para que así sea, cada vez más y cada vez para más personas.
*Noelí Cristti. Magíster en Ciencias Sociales (UNQ). Licenciada en Periodismo (UNLZ). Especialista en Opinión Pública (Flacso), se desempeña en la Secretaría de Coordinación Institucional de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Docente de Grado y Posgrado. Integra equipos de investigación sobre comunicación política local, labor periodística y la relación entre medios y público.
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