Desde principios de los años ochenta las ocupaciones de tierras constituyen una forma de acceso al suelo urbano para las clases populares del Gran Buenos Aires. A lo largo de cuatro décadas, en sintonía con las reestructuraciones económicas y los cambios sociopolíticos, las tomas experimentaron sustanciales transformaciones.
Hasta mediados de los años setenta, el hábitat popular del Gran Buenos Aires se distinguió de la situación de otras periferias latinoamericanas por sus niveles relativamente bajos de informalidad. Ello se debió al desarrollo de un submercado legal de loteos populares que favoreció el acceso de las clases populares a la compra de lotes con baja dotación de infraestructura y a la disponibilidad de créditos baratos que posibilitaron la edificación de la vivienda a través de la autoconstrucción. Esta operatoria fue posible gracias al congelamiento de los alquileres y a la existencia de salarios relativamente altos que permitían la formación de ahorros entre las clases populares.
Ante la insuficiente dotación de infraestructura y servicios, durante estas décadas, se desarrolló un intenso asociativismo vecinal para dotar al barrio de las conexiones a los servicios públicos y montar escuelas, centros de salud y espacios recreativos. Las sociedades de fomento se constituyeron en canales para la resolución de las carencias materiales, pero también fueron el ámbito de intensas sociabilidades locales, forjaron liderazgos políticos y establecieron relaciones con los distintos niveles del Estado[1].
Como señaló Denis Merklen[2], esta dimensión material de la producción del hábitat popular supuso la constitución de un sector social específico con sus pautas de sociabilidad y estándares morales. El lote condensaba el logro de un esfuerzo personal realizable, uno de los pilares de aquella identidad obrera del mundo nacional-popular estructurada entre el trabajo y la casa.
La declinación del modelo de loteo popular implicó, por tanto, la puesta en crisis de un modo de sociabilidad local, así como el cuestionamiento de ciertos roles legítimos que encarnaban estos trabajadores de bajos recursos. Este proceso tuvo lugar a mediados de los años setenta como resultado de una serie de leyes restrictivas que limitaron y encarecieron el precio del suelo urbano sumado a la pulverización del salario de los trabajadores –y el deterioro de las condiciones laborales en general– inauguradas por el “Rodrigazo” en 1975, luego profundizadas por la política económica de la última dictadura militar.
Las primeras ocupaciones masivas de tierras que se producen en la zona de San Francisco Solano (en el sur del Gran Buenos Aires) desde mediados de 1981 alumbraron un repertorio novedoso de autoproducción de hábitat popular a través de la acción directa. Al mismo tiempo, se legitimaba en una memoria reciente de acceso a la tierra a través del loteo popular; el asentamiento procuraba reproducir de manera explícita la organización espacial de los antiguos barrios y, con ello, apelaba a recrear aquel modelo de socialización barrial bajo las nuevas condiciones de pauperización y represión que imponía la dictadura.
En 1986 se registra una segunda oleada de tomas en la zona de Solano y se producen otras tantas en el municipio de La Matanza. Los asentamientos se organizaban a través de una red de delegados y asambleas y se vertebraba en torno de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), una experiencia promovida por los sectores tercermundistas de la Iglesia Católica.
Desde mediados de los años ochenta, asistimos a la progresiva desarticulación de este entramado organizativo y su reemplazo por nuevas dinámicas de organización territorial. Las razones de esta mutación fueron y son objeto de debate, entre sus protagonistas como entre quienes estudiamos estos fenómenos. Pero es indudable que ella tuvo lugar en un nuevo escenario político definido por: a) concesiones parciales del nuevo gobierno radical que lo diferenciaban de la política abiertamente represiva de la dictadura; b) la reactivación de la militancia política y, fundamentalmente, el surgimiento de la denominada “Renovación peronista” que introdujo un nuevo dinamismo al activismo territorial; c) las disputas internas dentro de la Iglesia Católica que limaron las bases de sustentación de las CEB.
Con la llegada de Antonio Cafiero de la gobernación provincial, en 1987, se buscó canalizar institucionalmente la organización de los asentamientos a través de la incorporación a la función pública de referentes territoriales y la creación de un Consejo de asentamientos dentro del ámbito del ejecutivo. Este ensayo institucionalizador fue contemporáneo a la emergencia de nuevas formas de violencia ejercidas por las fuerzas de seguridad y redes informales para quienes la apropiación del territorio podía ser objeto de intercambios mercantiles[3].
Durante la década de los noventa, se consolidó un patrón de intervención estatal sobre la cuestión social orientado por la descentralización, la promoción de lo local y la participación comunitaria. En lo que respecta a las políticas habitacionales, los asentamientos informales del conurbano bonaerense fueron objeto de intervenciones destinadas a la regularización de tierras fiscales (como la “Ley Pierri”) y de programas provisión de infraestructura y equipamiento comunitario (PROMEBA) en un contexto de ajuste estructural, aumento del desempleo y privatización de servicios públicos[4].
Si en los primeros años luego de la restitución del orden democrático, las expectativas de los asentamientos estaban depositadas en las posibilidades de auto-organización y en la solidaridad que concitaban en otros sectores sociales, hacia fines de los años ochenta, buena parte de las energías sociales se habían canalizado a través de iniciativas políticas encaradas por y desde el Estado. Sin embargo, promediando los noventa, como resultado de la enorme crisis social en la que se encontraba sumida el Conurbano bonaerense, los movimientos de trabajadores desocupados reactivaron una acción territorial autónoma.
La nueva oleada de tomas que se produce a la salida de la crisis de 2001 tuvo características muy diferentes de aquellas ocurridas 20 años antes: protagonizadas por una población golpeada por niveles inéditos de desocupación, informalidad laboral y deterioro salarial; atravesadas por una mayor heterogeneidad organizativa vinculada a las nuevas formas estatales de tratamiento de la cuestión social; y ubicadas en localizaciones más precarias (y degradadas) como resultado de la menor disponibilidad de tierras debido, en gran medida, al desarrollo de las urbanizaciones cerradas y countries que le disputaron el acceso a la tierra a las acceso populares.
El ciclo de recuperación económica que se abre a fines de 2002 colocó en un lugar protagónico a la construcción y la obra pública, lo que se tradujo en importantes obras de servicios urbanos –coberturas de red de agua y cloacas– e inversión habitacional. La construcción de viviendas a través de los Programas Federales alcanzó niveles inéditos, un promedio de 50.000 unidades por año entre 2003 y 2015[5]. Estas obras replicaron las operatorias tradicionales “llave en mano” con ejecución empresarial y solo excepcionalmente integraron a las organizaciones sociales y cooperativas de vivienda. Junto con estas medidas, los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y de transporte, sumado a la recuperación parcial del salario real, presionaron sobre el mercado inmobiliario y las políticas públicas para ampliar el parque habitacional.
Sin embargo, el agotamiento de la tierra urbana disponible y las casi nulas políticas de producción de suelo urbano para los sectores populares redundaron en un aumento de los precios del suelo muy por encima de los salarios reales. Así, el Gran Buenos Aires registró, durante este período, un aumento considerable del hacinamiento y la inquilinización (formal e informal)[6]. Las tomas de Campo Tongui, en Lomas de Zamora en 2008, y del Parque Indoamericano de Villa Soldati en 2010, fueron expresión de lo que Cristina Cravino denominó “la rebelión de los inquilinos”[7].
Durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos asistimos a la consolidación de nuevos entramados organizativos que construyeron una agenda en torno a las demandas habitacionales y laborales de los sectores más precarizados de la clase trabajadora. Así, en un marco de congelamiento de los planes de vivienda, se avanzó en relevamientos sobre las características y alcances de los Barrios Populares como parte de una política de regularización a través de los Certificados de Vivienda Familiar. El Relevamiento Nacional de Barrios Populares registró más de 4.400 barrios populares en todo el país, de los cuales, alrededor de 1400, se localizan en el Gran Buenos Aires.
Las tomas de tierras se integraron al repertorio de acción de las clases populares como un mecanismo de acceso al suelo urbano hace aproximadamente 40 años, con la crisis del modelo de loteo popular como telón de fondo. Hoy aparecen nuevamente en el debate público, recreadas bajo nuevas condiciones y protagonizadas por otros actores. Sus causas conjugan fenómenos inmediatos ligados a la pandemia –mayores riesgos por hacinamiento, deterioro de ingresos y desalojos informales–, con procesos de larga data que han excluido a los sectores populares de la tierra y la vivienda en el Conurbano.
Santiago Nardin es Sociólogo y Magíster en Estudios Urbanos (UNGS). Doctorando en Ciencias Sociales (UBA). Docente del Seminario de investigación «Explorando la periferia: Sociabilidades y representaciones sociales en los barrios segregados del Gran Buenos Aires» de la carrera de sociología (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y en Problemas Socioeconómicos Contemporáneos (UNGS). Publicó el libro «¡Los ocupantes, mamá! Acción directa y distinciones sociales en las tomas de tierras de San Francisco Solano» (Editorial Antropofagia, 2020).
[1] Armus y Bohoslavsky. En http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/unipe/20200409031226/HPBA6.pdf
[2] https://www.margen.org/social/merklen.html
[3] El asesinato de Agustín Ramírez –un joven militante altamente comprometido con las luchas por el hábitat- y de su amigo, Javier Sotelo, en junio de 1988 cerca del asentamiento San Martín, se inscribe en esta forma de conflictividad territorial que se agudizará en los años noventa
[4] Relli Ugartamendía. En http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1610/te.1610.pdf
[5] Di Virgilio y Rodríguez. En https://www.vocesenelfenix.com/content/los-l%C3%ADmites-del-derecho-la-ciudad-las-encrucijadas-del-d%C3%A9ficit-habitacional-en-la-argentina
[6] del Río. En http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/43554
[7] Cravino. En https://cafedelasciudades.com.ar/politica_99.htm
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