Antes de dejar el poder, los militares tenían dos objetivos: evitar que se siguiera reclamando por los desaparecidos e impedir que se los juzgara por sus crímenes. La discusión sobre estos dos temas puede reconstruirse a partir de las actas secretas halladas y digitalizadas por el Ministerio de Defensa.
Por Luciana Bertoia*
Foto: Eduardo Gil
El 28 de abril de 1983, la Junta Militar difundió su “Documento Final sobre la guerra contra la subversión y el terrorismo”. Durante meses, sus integrantes habían discutido los pormenores de lo que llamaban el “Documento Delta” y cómo sería la acción psicológica para que su mensaje fuera asimilado por la sociedad argentina que ya transitaba el paso hacia la democracia, según puede reconstruirse por las actas secretas que fueron halladas en 2013 en el edificio Cóndor –de la Fuerza Aérea–. En un mensaje grabado –con imágenes de archivo y otras recreadas sobre un plano de la Argentina en el que se veían las chispas de los enfrentamientos armados–, la dictadura pretendía dar por saldado el interrogante sobre los miles de detenidos-desaparecidos: a los fines jurídicos y administrativos debía considerárselos muertos aunque no dijera cuándo los asesinaron ni dónde están sus sepulturas.
Hasta en sus últimos estertores, la dictadura buscó ocultar la información sobre los desaparecidos y los campos de concentración. Pese a ese intento, la “cuestión de los desaparecidos” –como se la denominaba– no abandonó la sección política de los principales diarios después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el país en septiembre de 1979. Las demandas se acrecentaron después de la derrota en la Guerra de Malvinas, que aceleró la descomposición del régimen y dio pie a la salida electoral. Los principales dirigentes políticos debieron abordar el tema que, durante largos años, había encontrado únicamente en el movimiento de derechos humanos una voz que reclamaba conocer la verdad.
Trece días antes de que la Junta –integrada por Cristino Nicolaides, Rubén Franco y Augusto Hughes– difundiera el “Documento Final”, organismos de derechos humanos marcharon a Plaza de Mayo para entregar un petitorio por los desaparecidos. Las figuras de Hebe de Bonafini –referente de las Madres de Plaza de Mayo– y de Adolfo Pérez Esquivel –líder del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y Nóbel de la Paz– destellaron en una manifestación que llegó a las tapas de los principales diarios. Por esos días, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un informe sobre casi 50 centros clandestinos de detención. Y en el frente de la represión comenzaban a mostrarse algunas fisuras que parecían ser más profundas: en abril, medios locales difundieron la declaración que había dado el inspector retirado de la Policía Federal Argentina (PFA) Roberto Peregrino Fernández sobre la estructura orgánica del terrorismo de Estado ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (CADHU) en Madrid.
El objetivo que buscaba el “Documento Final” era, según surge de las actas de reuniones de la Junta Militar, “lograr el consenso acerca de la legitimidad acerca de la intervención de las Fuerzas Armadas en 1976”. Al interior de la Junta, hubo tres borradores: se optó por el segundo que tenía los siguientes núcleos temáticos que fueron usados durante décadas por la familia militar para justificar sus crímenes:
- Las fuerzas armadas intervinieron porque fueron convocadas por el gobierno constitucional en 1975 en lo que fue el Operativo Independencia;
- Se cometieron “errores” como en cualquier “conflicto bélico”, pero esos errores están únicamente sujetos al juicio de Dios –por ende, no al de los tribunales compuestos por simples mortales–;
- Si hubo hechos irregulares, ya fueron juzgados y sancionados por los consejos de guerra;
- En la república no hubo lugares secretos de detención;
- Los desaparecidos están muertos a los fines jurídicos y administrativos, aunque no se precise dónde están sus sepulturas ni cuándo murieron;
- Los verdaderos responsables de la violencia fueron los integrantes de los grupos armados de izquierda, que agitan una “campaña antiargentina” desde el exterior;
- La “reconciliación” implicaba la era de madurez.
El plan de difusión
La Junta intuía que el “Documento Final” con el que pensaba clausurar la demanda por los miles de detenidos-desaparecidos no sería de fácil asimilación por grandes sectores de la sociedad argentina, por eso se dedicó a la confección de un plan de difusión que buscaba instalar que “la Argentina en armas logró asegurar la paz”.
El plan de acción a nivel comunicacional arrancaba preparando el terreno para la difusión del informe. La primera fase implicaba hablar del “terrorismo internacional”: que los medios difundieran noticias sobre la ETA en España, las Brigadas Rojas en Italia, el grupo Baader Meinhof en Alemania o las Brigadas Revolucionarias en Francia. Después llegaría el momento de compararlo con el “terrorismo local” para mostrar la magnitud de lo que enfrentaron las Fuerzas Armadas.
La fase II correspondía a la difusión del “Documento Delta” por cadena nacional en radio y televisión a las 22 del 28 de abril de 1983. El informe –de aproximadamente 45 minutos de duración– debía grabarse en Canal 13.
La tercera fase estaba centrada en las reacciones. Para eso, había que coordinar con programas de política la presencia de invitados y que la agencia oficial Télam, por ejemplo, levantase los comentarios favorables. En simultáneo, se iba a encomendar a los noticieros que hablaran de las ejecuciones del dictador Pedro Eugenio Aramburu, el empresario Oberdan Sallustro, el capitán Humberto Viola y los sindicalistas José Ignacio Rucci y Augusto Timoteo Vandor.
La apuesta de la dictadura era que otros salieran a ensalzar sus logros. Para eso, proponía darle “apoyo comunicacional” a las instituciones que compartían el contenido del llamado “Documento Delta”. Daba como ejemplo a Familiares y Amigos de Muertos por la Subversión (FAMUS), creada a finales de la dictadura como contracara de los organismos de derechos humanos.
Una clausura que terminó siendo una apertura
A pesar de que la dictadura quería con el “Documento Final” cerrar el reclamo sobre los desaparecidos, lo acrecentó. Las organizaciones de derechos humanos ganaron presencia: hubo conferencias de prensa y marchas contra la intentona de la dictadura de dar por terminado el tema sin más.
El diario Clarín le dedicó al Documento Final su tapa del 29 de abril de 1983. La portada del día siguiente mostraba cómo los familiares se habían congregado afuera del Ministerio del Interior para buscar información sobre los suyos. El 2 de mayo, el mismo matutino informaba que Italia había protestado por el informe sobre los desaparecidos. El 3 de mayo, llevaba como uno de los títulos centrales el rechazo de España y, al día siguiente, la “condena vaticana” al “Documento Final”.
Para septiembre de 1983, la dictadura se despachó con otro documento que terminó por abroquelar a todos los sectores en su contra: la Ley de Pacificación nacional –más conocida como la autoamnistía, pese a que las actas de la Junta muestran que los militares debían evitar que se instalara la palabra amnistía–. La presentación no fue inocente: la Junta pretendía que la ley produjera efectos jurídicos para evitar que fueran juzgados quienes cometieron crímenes y también pensaba que podía llegar a tener un “caso piloto” que llegara a la Corte para que, con un pronunciamiento favorable del máximo tribunal, quedara asegurada la impunidad.
Ni cerró la discusión sobre los desaparecidos –cuyos restos aún se buscan– ni clausuró la búsqueda de la justicia. Al 16 de diciembre último eran 1117 las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en el país.
Luciana Bertoia estudió periodismo en TEA y Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene una maestría en Derechos Humanos y Democratización en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Trabajó en redacciones como el Buenos Aires Herald y El Cohete a la Luna, donde se ha dedicado a los temas judiciales y derechos humanos, especialmente, a aquellos vinculados a la memoria. Actualmente, trabaja en Página/12, es columnista en Desiguales por la TV Pública, y es docente en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
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