El Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica es el primero que busca generar información estadística de calidad sobre la población LGTBIQ+ a nivel nacional. “Este tipo de estudios son necesarios porque buscan generar información para pensar políticas públicas en consonancia”, destacan desde el grupo de investigación.
Por Patricia Aguirre*
Con el objetivo de recabar información estadística de calidad sobre las condiciones y las trayectorias de vida del colectivo LGBTIQ+, un grupo de especialistas está encarando el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina. Esta encuesta federal, anónima, virtual y autoadministrada se completa de manera voluntaria y online, y hay tiempo para hacerlo hasta el próximo 31 de julio.
Hasta el momento, los datos recopilados a través de diferentes estudios sobre esta población fueron segmentados y realizados en determinados territorios, lo que significaba tener a disposición información a menor escala y sin representatividad. “Los relevamientos sobre la diversidad que hay fueron muy parciales, situados, por ejemplo, en la población trans de la Provincia de Buenos Aires, y no aportaron información sustantiva sobre las condiciones de vida, ocupación, educación, trabajo. Es necesario avanzar”, dice a Cordón Maximiliano Marentes, sociólogo e investigador que forma parte del equipo que desarrolla esta encuesta sin precedentes y está a cargo del nodo Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA).
Las conquistas de derechos de la comunidad LGBTIQ+ por una mejor calidad de vida y sin discriminación avanzan, pero también conviven con estructuras que la oprimen y excluyen.
Si bien el colectivo forma parte de los datos recabados en los censos realizados por el Estado, hasta ahora no ha sido observado en particular con el rigor establecido por el sistema estadístico nacional.Es que existen dos formas oficiales de censar en la Argentina: el censo de hogar, que registra a las personas donde pasaron la noche anterior sin importar que vivan allí; y el censo de derecho, que las registra en su vivienda habitual. De esta manera, se accede a los datos demográficos, económicos, ocupacionales, educativos, entre otros. “En esos dos grandes relevamientos está incluida la población LGBTIQ+, el tema es que estamos invisibilizados, es decir, invisibilizadas cuáles son las especificidades que atravesamos con respecto a estas cuestiones (vivienda, ingresos, ocupación) y están invisibilizadas las situaciones de discriminación, las salidas del clóset, qué nos pasó cuando contamos que éramos gays, trans o lesbianas”, explica Marentes. Así fue que con un equipo de más de 40 especialistas investigadorxs, pensaron en la necesidad de un relevamiento que brinde información sobre la condiciones de vida de esta población en particular.
El cuestionario está compuesto por preguntas que fueron sujetas a críticas constructivas: fue un trabajo de varios meses con especialistas de distintas líneas y disciplinas, todxs con perspectiva de género y enfoque de derechos. El desafío fue formular las preguntas de la mejor manera para llegar a la mayor cantidad de población. Los criterios son los establecidos bajo la rigidez de los estudios demográficos y ya fueron usados en otros países, como México, donde se implementó con resultados óptimos. Otro desafío “fue derribar el temor que nos dan los medios virtuales, pensar que por ser virtual no va a ser lo más fidedigno”, agrega el investigador.
El éxito de esta encuesta nacional se va a medir en la participación: “Mientras a más casos lleguemos, más exitosa. En ese sentido, apelamos a la solidaridad: que quienes conozcan la encuesta, la difundan, porque es una forma de participación política. Contarnos en estos términos es visibilizarnos, somos un colectivo que atraviesa particularidades, conocerlas nos va a permitir avanzar en saber cuáles son las inequidades y cómo se pueden revertir a partir de políticas y de acciones específicas”, explica.
En la encuesta existe un sector abierto a comentarios y muchos de ellos dicen “es la primera vez que cuento que soy gay, o lesbiana, o trans”. Este evento ya resulta significativo en sí mismo porque el censo en marcha ya promovió en esas personas lo que no estaba dicho, y que tiene que ver con su identidad.
Asimismo, el mundo del trabajo es una de las principales variables donde la especificidad del colectivo se manifiesta. «¿Cómo puede ser que se opte por determinados trabajos para evitar un preocupacional en trabajos formales? Siempre es un debate el trabajo sexual y la prostitución, pero hay una realidad y es que ciertas poblaciones tienen una economía hiperinflacionaria, más que la de todo el país, entonces necesitan una liquidez de dinero para sobrevivir porque les alquilan más caro, por ejemplo, entonces tienen que recurrir a otras formas de trabajo. Es necesario ver esas particularidades de este colectivo”, sostiene Maximiliano.
«El problema del trabajo lo está atravesando todo el mundo, no es que acá el problema sea que el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer, o que los empresarios son malos, sino que se inscribe en una trama global de relaciones de poder que hay que entender. El Estado está condicionado por una deuda», agrega. Si bien la crisis económica inflacionaria nos atraviesa a todxs, el colectivo LGBTIQ+ lo vive con mayor vulnerabilidad y esas situaciones dan cuenta de sus trayectorias de vida.
“Argentina avanzó muchísimo en reconocimiento de derechos, a nivel mundial es una de los países pioneros, y al mismo tiempo con una cultura muy politizada. Eso hace a la lucha», destaca el sociólogo. Un breve repaso: en 2010, se sancionó la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario; en 2012, la Ley 26.746 de Identidad de Género; y en 2021, La Ley 27.636 de Acceso al Empleo Formal para personas Travestis, Transexuales y Transgéneros «Diana Sacayán-Lohana Berkins», que establece un cupo mínimo de 1% de los cargos y puestos del Estado Nacional para esta población. Son conquistas que llegaron a convertirse en ley, pero deben revisarse en la implementación.
En ese sentido, Marentes plantea que lo que falta es “analizar el impacto” y agrega: “La Reparación Histórica y el cupo trans son un reclamo muy interesante. Hay personas que no pueden acceder por una cuestión de reglamento, quedan o muy jóvenes para jubilarse o muy mayores para el cupo. Hay buenas intenciones con las leyes, pero después implementarlas implica otros desafíos, con la ley sola no alcanza”.
El último 24 de mayo la marcha plurinacional por la Ley de Reparación Histórica reclamó la necesidad y el derecho de una normativa que establezca una pensión mensual y reparatoria a las trans y travestis de más de 40 años que hayan sido víctimas de violencia institucional por su identidad de género.
Aún así, Maximiliano destaca la participación en escenarios que antes no eran habitados por personas del colectivo LGBTIQ+: “En el Estado existen personas trans trabajando, hay algo en esos cambios en términos de la representación simbólica, incluso en la televisión, que cambian el tema de lo visible”.
La encuesta, parte de una investigación integral
El proyecto comenzó oficialmente en noviembre de 2022, durará un año y lo conforman cuatro líneas de acción, la encuesta es una de ellas. Además, se están realizando entrevistas, mapeo de organizaciones y relevamiento bibliográfico.
Las entrevistas se realizan a referentes ligadxs al trabajo y la diversidad sexual, funcionarixs, activistas, referentes del sector empresarial, sindicatos, cooperativas, entre otros. El relevamiento de organizaciones intenta generar un mapa político de diversidad sexual y de género a nivel nacional, y la tarea bibliográfica pretende desarrollar una sistematización de trabajos que ya se han hecho.
“Todas estas líneas se retroalimentan y estamos generando muchos datos”, señala Maximiliano. A mayor caudal de información, más intensa es la tarea de sistematizar, analizar las variables y respetar las cuestiones técnicas del trabajo estadístico.
Para fin de 2023, estará publicado un primer informe descriptivo de libre acceso. “Nosotros partimos de la idea de una ciencia democrática, esto tiene que ver con que nos dimos cuenta que hay una necesidad muy grande, nuestro aporte es hacerlo y ponerlo al servicio de la población. La idea es que la base de datos sea pública, que esté a disposición de distintas organizaciones, de grupos de investigadores, del Estado, para quienes quieran usarla, analizarla y pensar políticas”, enfatiza el investigador.
Las personas que llevan adelante estas cuatro líneas de acción pertenecen a distintas instituciones: Centro de Estudios de Población (CENEP), Universidad Nacional de Comahue (UNComa), Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Instituto de Investigaciones Geohistóricas (IIGHI – CONICET/UNNE), Universidad Nacional de Salta (UNSa), Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Este proyecto sin precedentes y a escala nacional sobre uno de los sectores más vulnerados de la sociedad, cuenta con el financiamiento de la Agencia I+D+i, en un convenio con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Maximiliano Marentes
Tiempo de reflexiones
El objetivo subyacente de esta iniciativa es conformar una red de especialistas de diversidad sexual y genérica en un sentido amplio, desde distintos enfoques y disciplinas. Lograrlo va a posibilitar que los trabajos de investigación arrojen información de calidad y rigurosa para pensar el colectivo, lo que falta, el impacto de las normativas y las previsiones. «Las personas trans se están cansando de que las estudiemos, hubo una gran fascinación por lo trans, hay temas que se instalan y nos seducen más que otros, cuando hacemos investigación no hay un tema más legítimo para estudiar. Podemos, y creo que debemos, estudiar todo, no solamente eso que nos seduce porque es revolucionario”, reflexiona Marentes sobre la Sociología y brinda un ejemplo del imaginario de los años ‘90, a los que la la construcción discursiva en general los plantea como «la década olvidable», y si bien reconoce la crisis económica, política y social de esa época, destaca que «pasaron un montón de cosas buenas para la diversidad sexual y de género”. “El VIH fue la forma de llegar a la ciudadanización, y que el Estado empiece a reconocer a la diversidad sexual, en particular a los varones gays, obviamente con todo el estigma, pero en ese sentido es necesario abrir el mapa”, advierte.
Maximiliano es oriundo de Las Rosas, Santa Fe, vino a Buenos Aires a estudiar Sociología, y se graduó en la UNSAM, es docente universitario y realizó una Maestría en Sociología de la Cultura (UBA), un Doctorado en Ciencias Sociales (UBA) y es becario posdoctoral del CONICET. «Soy defensor de la idea de volver a la ciencia básica, que es la construcción del conocimiento, porque nos va a permitir tomar decisiones más fundadas como sociedad. Tenemos que ver qué está pasando con las identificaciones políticas que nos llevan a sorprendernos porque hay sectores populares que apoyan la derecha, pero ¿cuándo fue que dimos por sentado que los sectores populares eran lineales en apoyar a la izquierda, a la centroizquierda? Fue más una lectura errónea que estuvimos haciendo. Ahí ganó un discurso que no nos permitía ver eso, cierta linealidad que no se condice», dice.
Por eso, durante el intercambio con Cordón, invita a repensar el lugar de la Sociología y sostiene: “No sólo hacemos sociología les sociólogxs, sino que es una herramienta que todo el tiempo usamos las personas, todxs tenemos una idea de qué es la sociedad, cómo funciona, qué hace, cuáles son las partes que la conforman”. “No creo que los medios le laven la cabeza a la gente, pero la gente hace lo que puede con lo que tiene a mano, y tal vez lo que está teniendo a mano es poco y nada», suma.
El pinkwashing (lavado rosa) es la forma de llamar a las supuestas buenas intenciones del sector comercial, instituciones, organismos, incluso el Estado, que utilizan consignas de los feminismos o del colectivo LGBTIQ+ para rédito económico y/o político. Algunos ejemplos marketineros suelen ocurrir en fechas clave, como el Día del Orgullo cada 28 de junio, o el Día de la Mujer, los 8 de marzo, por ejemplo. Pero además, estas prácticas pueden observarse en algunas acciones de las políticas públicas, para mostrarse progresistas aunque quizás no lo sean. La propuesta de Maximiliano es ver al pinkwashing como oportunidad: “Hay que correrse de la sospecha, hay que ser estratégico. Si hay pinkwashing ¿qué hacemos para que nos sirva?, la denuncia en sí misma está bien pero podemos hacer algo”.
Siguiendo con la idea de la construcción discursiva, señala que está instalada la idea Estado vs. empresarios, pero sostiene que en realidad hay que investigar qué pasa con las relaciones capitalistas que son las que impactan en el trabajo: “Hay cooperativas de mujeres trans a las que les fue muy bien y otras que tienen los medios, las herramientas y no pueden montar la cooperativa, ¿qué está pasando ahí? Mapear y reconocer toda esa pluralidad nos va a ayudar a tener un panorama más claro para ver de qué forma ese capitalismo se vuelve más amigable”.
Si querés ser parte de la encuesta, podés responder el cuestionario haciendo click aquí, y para conocer más detalles de la iniciativa, ingresá a www.censodiversidad.ar.
*Patricia Aguirre es Licenciada y Profesora en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata), y Especialista en Educación, Políticas Públicas y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Universidad Pedagógica Nacional). Participó de los testimonios que reunió la psicóloga y escritora María Dolores Galiñanes en su libro “Incesto. Una tortura silenciada”. Es feminista y militante de los Juicios por la Verdad, en casos de delitos de abuso sexual prescriptos.
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