Las primeras dos semanas del mes de marzo estuvieron marcadas por el desastre ocasionado por los cortes de luz en medio de una ola de calor histórica. Los usuarios afectados están acostumbrados a vivir todos los veranos una situación similar, que esta vez se agravó notablemente por la falta de respuestas de todos los organismos “competentes”. La desesperación de semanas sin luz (y en la mayoría de los casos, sin agua) pone de manifiesto que durante décadas el rol del Estado no estuvo a la altura a la hora de controlar a empresas privadas encargadas de garantizar la prestación de un servicio esencial para la salud pública.
Por Romina Scalora*
Todavía cuesta recuperar orgánicamente el ritmo de vida tras la intensa ola de calor a la que sobrevivimos en el AMBA durante las dos primeras semanas de marzo. Sobrevivir es la palabra adecuada, la que mejor encaja con la situación que vivieron miles de usuarios que durante los días de temperaturas infernales, no tuvieron suministro eléctrico.
Las zonas afectadas no sorprenden a nadie, o tal vez solo a los desprevenidos que no suelen padecer los cortes y se desayuna de la situación cada vez que un grupo de vecinos decide cortar algún cruce de calle. Pero en términos generales, los afectados son siempre los mismos, desde hace más de una década. En la ciudad de Buenos Aires, los barrios de Almagro, Balvanera, Flores, Floresta, Boedo, Constitución, Paternal, Liniers, Monte Castro, Parque Chacabuco, Villa del Parque, Villa Luro, Villa Pueyrredón y Villa Santa Rita son los eternos padecientes. Es cierto que esta vez, muchos más barrios cayeron en la penumbra, pero la resolución a los cortes, fue más expeditiva, o al menos no demoró semanas.
En el Conurbano, la situación también se mantuvo, en términos generales, esperable. Los municipios del oeste y sur fueron los más afectados: Ezeiza, San Miguel, Lanús, Moreno, General San Martín y Florencio Varela. A lo que se le suman los usuarios de Almirante Brown, Quilmes, Lomas de Zamora y Avellaneda que además sufrieron la falta de agua potable debido a la interrupción del suministro eléctrico en la Estación Elevadora Quilmes.
Esperable, esa es la situación. Como la de los papás de Milena que, presos del servicio que brinda Edesur, viven en Lanús hace 24 años y consideran los cortes como algo “habitual”. A tal punto que consultada por las pérdidas ocasionadas tras 5 días sin luz, comentó: “Viendo que la situación estaba complicada, intentamos no llenar mucho la heladera. Sin embargo, mi hermano es insulinodependiente y por lo común de esta situación, tenemos un protocolo con una heladerita portátil para que no se pierda la medicación y poder trasladarla llegado el caso”.
Una situación que hace años está normalizada y se intenta justificar con argumentos (ciertos) referidos al cambio climático y la excesiva demanda eléctrica, pero que a esta altura del partido, resultan absolutamente insuficientes para contextualizar la situación.
Pongamos por caso que los cortes de luz son inevitables ante una ola de calor inesperada para este momento del año. Solo desde este enunciado se desprenden una serie de interrogantes que ameritan cierto análisis. ¿Para quién es inesperado el calor si, justamente, el argumento más sólido para justificar la falta de suministro es el cambio climático y el crecimiento de la demanda? ¿Quién debería prever un plan de contingencia ante una crisis de tal magnitud si no son los encargados de proveer el suministro? ¿Cuál es la razón por la que ante lo inevitable de los cortes, no se puede gestionar una resolución que no demore días? ¿Por qué, algunas zonas afectadas reciben atención inmediata para resolver el problema, y otras quedan a oscuras por semanas?
Respuestas, ninguna. Ni ante la falta de suministro, ni ahora que la mayoría de los afectados recuperaron la excéntrica posibilidad de volver a enchufar la heladera, con el profundo terror de tener que volver a tirar todo. Los vecinos, organizados ante la desesperación, coincidían en el mismo punto: las empresas no respondieron jamás. A diferencia de años anteriores donde la situación ya se venía padeciendo, esta vez no hubo forma de ponerse en contacto con empleados de ningún tipo. Telefónicamente solo respondía una grabación automatizada que aseguraba que estaban trabajando para solucionar el inconveniente, mientras promocionaban por redes sociales la apertura de un nuevo canal de comunicación: el bot de Whatsapp, que tras un par de días, también dejó de funcionar. Personalmente, en las oficinas, los vecinos eran recibidos por efectivos policiales y vallas que impedían el acceso.
En Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que había funcionado de forma expeditiva en años anteriores, copió el método de las empresas, y automatizó su respuesta telefónica, aunque también abrió un canal de comunicación online, muy acorde para la situación de quienes justamente no tiene luz para conectarse.
Ahora bien, la Ley 25877 establece que la luz, el gas y el agua son servicios públicos esenciales por considerar que su interrupción puede poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas en toda o parte de la población. Por ende, el Estado, en último término, es el encargado de controlar que el servicio delegado en empresas privadas desde 1992, sea el esperado, y en caso contrario, quien debe actuar para garantizarlo. En ese sentido, el pasado 21 de marzo, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la intervención de Edesur, por 180 días. Lo que para muchos afectados fue una medida necesaria, pero tardía.
Incluso comprendiendo la dificultad de acción en términos de gestión que escapen a la rabieta lógica de los afectados que exigen (exigimos) a los gritos la rescisión de la concesión, el sentimiento de quienes durante días tuvimos la vida trastocada, es que nos queda gusto a poco. Y las razones de ese sentir, son bastante más concretas y cotidianas que los grandes análisis económicos a los que pareciera faltarles calle y sobrarles aire acondicionado.
En Florencia Varela, Carla, una de las miles de afectadas, vincula el apagón masivo de la central de Atucha del 2 de marzo con lo que denomina “el inicio de la debacle”. En términos generales, el desperfecto que dejó a casi 20 millones de usuarios en penumbras y se convirtió en tendencia en las redes, fue relatado como un hecho aislado que se recompuso al cabo de horas. No fue así. Desde ese momento, el servicio no se recuperó totalmente en la mayoría de las zonas que, días después, continuaron sin suministro o volvieron a perderlo. Carla comenta: “después del apagón de Atucha nosotros volvimos a tener luz, pero la fase que sostiene la bomba del edificio nunca volvió, así que tuvimos luz pero no recuperamos el agua. Dos días después, también quedamos a oscuras”.
Está de más ahondar en las implicancias de no tener servicio eléctrico con un clima que supera los cuarenta grados, pero la afectación ante la falta de agua, cada vez más común dada la proliferación desmedida de edificios (sobre todo en CABA), es algo difícil de dimensionar para quien no lo padece. No poder utilizar el baño, higienizarse, hidratarse, no pueden ser entendidas como “comodidades perdidas” sino como necesidades sanitarias vulneradas. Sobre todo para aquellos cuya posibilidad de trasladarse a otro espacio es imposible como adultos con problemas de movilidad, bebés o mujeres embarazadas.
Pero la pregunta es ¿por qué ante semejante desborde, la señalada es Edesur y no Edenor? La respuesta está cuantificada. Edenor, la empresa menos señalada durante las semanas de corte, tiene un área de concesión de 4637 kilómetros cuadrados (18 municipios de la zona Oeste y Norte del gran Buenos Aires, además de un tercio de la Ciudad de Buenos Aires) donde viven algo más de 9 millones de habitantes. Mientras Edesur opera en una zona mucho más reducida, de 3309 kilómetros cuadrados pero donde viven más de 10 millones de personas solo en los 12 municipios (la mayoría de la zona sur) del Gran Buenos Aires, sin contar el área del sur y el oeste de la Ciudad de Buenos Aires a la que también prestan servicio.
Y como dato no menor, la empresa italiana ENEL anunció a principios de este año que busca retirarse del país desprendiéndose de Edesur, que durante su historia, cambió tres veces de administradores, pero nunca estuvo bajo el control de capitales nacionales. Por ende, nadie se sorprenderá concluyendo que el desfinanciamiento e incluso vaciamiento de las empresas en estos procesos de venta es moneda corriente. Por esta razón, a los años de desidia empresarial, se le suma como combo explosivo, la voluntad casi explícita de no invertir ni en lo mínimo para garantizar un servicio acorde durante el tiempo que dure el proceso de venta. Por esta razón, las cuadrillas de emergencia se redujeron a lo mínimo sin llegar a cubrir la demanda de los usuarios y que, ante el deplorable estado de las instalaciones obsoletas y sin mantenimiento, intentaron emparchar la situación que explotaba por todos lados. Y sigue explotando.
En el medio, los usuarios de las zonas más populosas del AMBA padecen hace años lo que ahora, exponenciado por la falta de respuesta, se convirtió en un drama. Ana de Almirante Brown, estuvo sin luz desde el lunes 13 hasta el sábado 18 y comenta: “Tiré tres bolsas repletas de basura, y hoy en día, la comida no te la regalan. No pude dormir toda la semana, por el calor, la invasión de mosquitos. No pude bañarme en mi casa, tuve que pedir prestado el baño infinidad de veces, porque no teníamos agua. Y no respondió nadie, ni la empresa, ni el Estado. No nos llegó ni un bidón de agua durante todos esos días. Ahora tengo luz, pero desde el 17 de marzo, no pasamos las 48 horas sin que vuelva a haber un corte”.
Y como problema adicional, el trámite para formalizar los reclamos a fin de que la empresa reconozca los daños ocasionados es prácticamente imposible. La resolución tarda meses, por lo general solo reflejadas en una rebaja en el monto de las siguientes facturas, o en el mejor de los casos, el reconocimiento de las pérdidas relacionadas con electrodomésticos, que previamente hay que arreglar para poder presentar los comprobantes del caso. No hay reconocimiento sobre la comida desperdiciada, lo que afecta particularmente, a los comercios chicos que no solo se vieron imposibilitados de abrir sus puertas, sino que perdieron toda la mercadería. No hay reconocimiento alguno ni por los gastos adicionales que genera la falta de suministro ni por las pérdidas que sufrieron las miles de personas que trabajan desde sus casas y debieron trasladarse a otros espacios para poder continuar con su rutina.
La pregunta sin respuesta es: ¿En 31 años de gestión privada de la empresa, nadie controló que las condiciones del contrato se cumplieran? Se llegó a una situación insostenible que pone en disputa a los vecinos de las zonas trabajadoras que padecen la situación hace años contra los trabajadores de la empresa que, sin descanso, intentan emparchar con lo que se les provee la situación. O peor aún, se generó una rivalidad entre los vecinos que desesperados cortan una calle pidiendo respuesta, contra los que sin haber padecido jamás un corte en estos días, se queja de que no se pueda circular sin esquivar un corte por esquina. Trabajadores, contra trabajadores, por la impericia de décadas que prioriza la rentabilidad a la salud pública. Porque de eso se trata, de garantizar servicios esenciales para la vida en pleno siglo XXI. No pareciera estar exigiéndose tanto.
*Nació en Buenos Aires en 1988. Es Profesora de Historia recibida en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González, en donde se desempeña como colaboradora en la asignatura de Historia Contemporánea, poniendo especial énfasis en el abordaje acerca del surgimiento de las nuevas derechas, sobre el que realizó su estudio de grado: “Identidad partidaria del PRO: Contradicciones entre su discurso y su composición (2001-2007)”. Ejerce, además, como docente del nivel medio en la escuela Escuela Osvaldo Pugliese de gestión estatal de la Ciudad de Buenos Aires.
Paralelamente, se desempeña como comediante colaboradora en radio junto a María O’Donnell en “De Acá en Más”, por Urbana Play. Durante 2022, integró proyectos televisivos como panelista en “El debate del Hotel de los Famosos”, por El Trece, y como columnista de humor en “Instalate”, por América.
Además, fue guionista en los diversos espacios del canal de humor de YouTube “País de Boludos”, abordando temáticas de política nacional e internacional, y creó contenido humorístico para “El Destape Web”. En sus redes sociales (@laromiscalora), se desempeña como creadora integral de contenidos audiovisuales de comedia con tinte informativo, en el área de espectáculos y curiosidades. Actualmente, trabaja en la escritura de su primer libro.
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